Por: Nicolás Pérez – Senador de la República
Desde esta semana y hasta el próximo 5 de diciembre en el Congreso discutiremos el Presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. Un instrumento vital para financiar la reactivación económica regional que va de la mano con el recientemente aprobado Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, antes de entrar en los detalles del proyecto les quiero explicar algo: aunque tanto el Presupuesto General de la Nación -PGN- como el Presupuesto del Sistema General de Regalías -SGR- distribuyen los recursos del Estado, tienen dos diferencias bastante importantes.
La primera, en el PGN se asigna el dinero necesario para garantizar el funcionamiento del Gobierno Nacional, el Congreso, la Rama Judicial, los órganos de control y la inversión de los grandes megaproyectos del País. Es decir, es la herramienta que le da vida al nivel central del Estado, el cual se concentra mayoritariamente en Bogotá. Por su parte, el SGR es un presupuesto paralelo que tienen a disposición los Alcaldes y Gobernadores exclusivamente para financiar sus
iniciativas.
De hecho, mientras que en el PGN el 18.6% de los recursos se destinan a inversión y el 58.9% a funcionamiento, en el SGR la relación es inversa, dado que el 93.2% del presupuesto se concentra en financiar obras y solamente el 2.6% se destina a mantener la burocracia necesaria para operar el sistema.
La segunda, el PGN tiene tres grandes fuentes de financiación: los impuestos, la deuda y una eventual venta de activos. Por el contrario, el SGR se nutre exclusivamente de dos rubros: las regalías, que son la contraprestación que le pagan las empresas al Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables, y los rendimientos financieros, que son las retribuciones económicas que le entregan los bancos al Estado por tener el dinero guardado en sus arcas, de igual manera que sucede, por ejemplo, con una cuenta de ahorro.
Es decir, mientras que el Gobierno Nacional tiene un mayor margen de maniobra para financiar el Presupuesto General de la Nación, en el Sistema General de Regalías el 89.4% de los recursos depende de factores externos que no podemos controlar, tales como el precio internacional del petróleo, del carbón y del dólar, lo que lo expone a una volatilidad sumamente riesgosa.
Debido a esta situación, era fundamental que desde el Congreso corrigiéramos los problemas estructurales del Sistema General de Regalías, el cual se diseñó en 2011 cuando el País vivía una bonanza minero-energética que tres años después llegó a su fin. De no hacerlo, seguiríamos condenados a tener los recursos guardados en los bancos y no ejecutándose en los municipios y departamentos.
En concreto, gracias a la reforma que aprobamos hace dos meses se disminuyeron los gastos de funcionamiento de un 4% a un 2% y el ahorro del sistema bajó del 22.5% al 4.5%. Con esto, las regiones productoras pasaron de recibir el 11% al 25% de los recursos, se aumentó la inversión en los municipios más pobres del País del 10.9% al 15%, se incrementó del 9.4% al 10% el rubro de Ciencia y Tecnología y se creó la asignación ambiental que representa el 1% del total.
Tal es el cambio, que a pesar de la caída del precio del petróleo en 2019 y 2020, para los próximos dos años se aumenta la inversión del SGR, toda vez que de los $17.2 billones del Presupuesto $16.1 se destinarán a financiar proyectos. En otras palabras, estamos logrando más resultados con menos recursos.
Además, para que la aprobación de los las iniciativas fuera mucho más rápida se pasaron de tener 1.152 OCAD a tan solo ocho. Estos, cabe señalar, son una especie de “comités” donde representantes del Gobierno Nacional, los Departamentos y los Municipios deciden cuáles obras son las que se financiarán con el presupuesto de regalías.
En resumidas cuentas, la modificación que le hicimos al SGR nos demuestra que sí es posible tener un Estado más eficiente que recorte gastos de funcionamiento para incrementar la inversión. Lo hecho con las regalías es un gran precedente que, de paso, nos permitirá tener una chequera adicional para construir puentes, carreteras, vías terciarias o colegios. Obras vitales para el desarrollo regional y la generación de empleo que nada más en Antioquia tendrán a disposición $535.000 millones entre 2021 y 2022.
