Después de haberse prometido que no habrían reformas tributarias en su ejercicio, el gobierno actual nos va a presentar la tercera y, bajo el ya trillado argumento de que es que se requiere para poder hacer lo prometido en el plan de desarrollo”.

Autor: Héctor Jaime Guerra León*

No es posible pensar, como equívocamente alega el gobierno, que la inmensa crisis que está padeciendo la nación a causa desde luego (hay que reconocerlo) no solo de situaciones internas, sino también externas y, al parecer fuera de nuestro control, tiene como única solución el establecimiento de estrategias y acciones como lo son las políticas económicas que buscan establecer nuevos y más gravosos impuestos- más contribuciones, haciendo muy delicada y penosa la ya difícil realidad social y económica que padecemos y que afecta directamente el bolsillo de los colombianos y, en especial, de la clase media, los trabajadores y los más humildes y desprotegidos, que -dicho sea de paso- no son pocos y que son a los que debieran estar orientadas las más benéficas e integrales políticas públicas, propendiendo siempre por su bienestar y garantizando real protección ante sus dificultades y falencias.

Pero infortunadamente en nuestro país las cosas no son como debieran ser y siempre que hay que salir de los problemas y especialmente de los económicos y financieros, no se acude al deber ser misional, al ingenio y creatividad de los gobernantes, al ejercicio del buen gobierno, con buenas prácticas y la gobernanza indicada, sino que; por el contrario, es el pueblo (el ciudadano del común) el que tiene que resolver dichas encrucijadas, otorgando nuevos votos y respaldos (confianza, revistiendo inmerecidamente, y casi que obligadamente, de legitimidad a los gobernantes) para que se pueda continuar, pues nada cambia, en el mismo plan de gastos, de comodidades, hasta de excesos y malversaciones presupuestales.

Hablo de exceso y malversación, porque siempre se nos anuncia, al inicio de cada cuatrienio; inclusive desde las campañas electorales, que durante el ejercicio gubernamental no se impondrán más gravámenes a los muchos ya vigentes, que antes se van a rebajar y/o atenuar la intensidad de los existentes, que se harán planes y esfuerzos en materia fiscal para reducir gasto público, que se trabajará con rigor presupuestal siendo más austeros y medidos a la hora de gastar, evitando las suntuosidades y el derroche; esto es, no gastando la platica del erario, que es de todos o debiera de ser de todos, en cosas innecesarias o, como es usual, para uso exclusivo de algunos funcionarios, sectores o proyectos que no son los más prioritarios de atención, para la cabal realización de los compromisos que el Estado y la Administración Pública tienen con las comunidades y los territorios; esto es, inversión social e infraestructura civil.

Ahora y después de haberse prometido que no habrían reformas tributarias en su ejercicio, el gobierno actual nos va a presentar la tercera y, bajo el ya trillado argumento de que es que se requiere para poder hacer lo prometido en el plan de desarrollo, el país se va a hundir en una de las discusiones que más afectan, insatisfacen y angustian a una nación que a la medida que pasan los días y los años ve cada vez más difícil y lejano alcanzar los niveles y estándares de bienestar y optimización de servicios tan básicos y fundamentales, como educación, salud, vivienda, seguridad social, saneamiento ambiental, justicia, seguridad ciudadana y servicios públicos domiciliarios tan urgentes y prioritarios para la subsistencia como el agua, la energía, el gas natural, entre otros. Servicios que por falta de compromisos serios y de una más adecuada y consistente planeación gubernamental, se están –obviamente agravados por el nefasto fenómeno del COVID, volviendo cada vez más caros y escasos, perdiendo progresivamente posibilidades de satisfacer integralmente los clamores y necesidades ciudadanas y, con ello, deteriorando crecientemente la calidad de vida de un pueblo que ingenuamente piensa que “así al ciudadano del común se lo lleve el diablo”, como decían en mi pueblo, habrá que hacer ese esfuerzo para que el gobernante de turno termine bien.

En conclusión, como se recuerda con el Chapulín ColoradoY ahora, ¿quién podrá defendernos”?.

*Abogado Defensoría del Pueblo Regional Antioquia; especialista en Planeación de la Participación Comunitaria; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.