“La majestad, grandeza, transparencia e impecabilidad en su actuar misional deben distinguir a una verdadera democracia, como atributos esenciales del Estado y la sociedad”.
Por: Héctor Jaime Guerra León*
Pareciera que la innoble y delincuencial costumbre de hacer ver como mala a una buena persona, a un buen ser humano, o como una gran verdad a una terrible mentira, se haya vuelto práctica común y corriente entre importantes sectores gubernamentales en nuestro país. Ello ha deteriorado de manera sustantiva la imagen y grandeza del Estado y su institucionalidad y ha desacreditado inmensamente la credibilidad y legitimidad de sus más importantes objetivos misionales, políticos y sociales y, en especial, la de algunos de sus gobernantes, pues son los que en ultimas han venido entronizando este tipo de actuaciones y de antidemocráticas practicas al giro ordinario de la actividad estatal y social en nuestro país, dejando un horrible rastro de dolor, impunidad y de descrédito al que ya inclusive nos hemos venido acostumbrando, o por lo menos, resignando a aceptar como algo que al parecer no tiene remedio en Colombia.
Hacerle creer a jóvenes humildes, como ocurre con frecuencia en nuestro país, que se les van a resolver sus problemas laborales o económicos, por que ha llegado la oportunidad de conseguir empleo, para con ese engaño llevarlos a un lugar o paraje desolado o lejano, donde luego, después de ser vilmente ejecutados y, con increíbles montajes, hacerlos pasar como los peores delincuentes o como peligrosos enemigos del orden jurídico y social vigentes (miembros de bandas criminales, guerrillas, terroristas, etc.) no es asunto del pasado o de la historia colombiana. En nuestra nación se siguen presentando este tipo de malignos acontecimientos y lo más grave del asunto es que ello ocurre con la participación y/o, por lo menos, con la anuencia de algunas autoridades o miembros de altos mandos de las instancias encargadas de velar y/o salvaguardar la seguridad nacional y ciudadana. Ello ya no es un secreto, pues ha sido reconocido por algunos de sus protagonistas en distintos eventos y escenarios de la vida nacional e internacional de nuestra patria.
Dichas formas de actuar, las cuales comúnmente han sido denominadas “falsos positivos”, no solo no han sido erradicadas por completo de nuestra institucionalidad, como debe ser, propendiendo por que ello no vuelva a repetirse jamás en ningún lugar del país, sino que, infortunadamente, este tipo de perversas y oscuras actuaciones han venido fortaleciéndose y mutando a otra serie de comportamientos no menos despreciables e indignos.
Hacer creer a las víctimas de cualquier acto delincuencial que su caso está investigándose exhaustivamente –como suele decirse en los anuncios masivos de comunicación- y que para tales fines el Estado y la sociedad están haciendo lo máximo que se tiene al alcance para lograr esclarecer los hechos y hacer justicia, sancionando a los verdaderos culpables, cuando en verdad ello no está ocurriendo, es tan indebido y perverso como hacer creer que se está haciendo justicia y que el Estado es muy eficiente porque ha dado de baja sin justo juicio a personas inocentes que las hace pasar como a los verdaderos culpables. Creo que no haya en términos de política estatal y gubernamental algo tan deplorable e injusto, pues ello no solo afecta, como suele ser casi siempre a personas, familias y grupos poblacionales muy humildes y desprotegidos en términos de pobreza y debilidad respecto a la institucional oficial y social, sino que deja muy mal parada la majestad, grandeza, transparencia e impecabilidad que en su actuar misional deben distinguir a una verdadera democracia, como atributos esenciales del Estado y la sociedad frente a sus administrados –ciudadanos y comunidad en general.
Este tipo de irregularidades degradan de manera inocultable principios y valores que en una democracia, que en un auténtico Estado Social De derechos, como se dice que es el nuestro, deben caracterizar a la institucionalidad y al actuar oficial de sus servidores y que consagra de manera textual nuestra constitución, cuando en su artículo 209, establece con toda precisión que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”
Que sean los mismos altos funcionarios del Estado, como en el caso del presunto violador de la comuna 2 en la ciudad de Medellín, los que salgan a asegurar en pomposas ruedas de prensa una mentira sobre un caso que era ya de público conocimiento- al querer hacer creer que la inteligencia del Estado fue la que logró exitosamente la captura del aludido personaje, cuando fuera él mismo quién voluntaria y libremente se acercó a entregarse a las autoridades, deja ver no solo lo vergonzoso de esta falsa noticia, sino la verdadera situación que en esta materia ha venido afrontando el Estado colombiano y la importancia que tiene la pronta e inaplazable implementación de los correctivos y mecanismos que en ese sentido habrá que disponer para resolver y enmendar tan protuberantes y delicadas fallas al interior de nuestro Estado de Derecho y sociedad. ¿Si no podemos creer en nuestro propio Estado y autoridades, entonces en quién?, preguntarán los desprevenidos ciudadanos que se ven día a día sometidos a estos escabrosos flagelos. Ahí está el dilema.
*Abogado Defensoría Pública Regional Antioquia. Especialización en Planeación de la Participación Ciudadana y el Desarrollo Social y en Derecho Constitucional con Énfasis en normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
