Por: IVÁN ECHEVERRI VALENCIA
De acuerdo con la Constitución Política de 1991, establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Ella impartirá el conocimiento sobre diversos matices con calidad y formando a los educandos intelectualmente y profesionalmente, garantizando un mejoramiento cultural, científico, tecnológico, de innovación y de protección del medio ambiente.
En nuestro país las universidades gozan de autonomía universitaria, designan sus autoridades académicas y directivas; se dan sus propios reglamentos y los pueden modificar, siempre y cuando, estén en consonancia con la ley; crean sus programas académicos; definen sus labores formativas, docentes, académicas y científicas; adoptan el reglamento estudiantil y docente; arbitran y utilizan sus recursos para cumplir con todos sus fines.
A pesar de todo, nadie queda contento y se ha convertido en el caballito de batalla por varias décadas, con el exclusivo fin de convulsionar el ambiente estudiantil y con la influencia de las manidas teorías mamertas, sobre si existe una verdadera autonomía universitaria y, si se da la libertad de cátedra, si la educación superior debe ser gratuita, la solicitud de inyección de un mayor presupuesto y el de mejorar los programas de bienestar estudiantil.
Los organizadores del paro sindical y político, que actualmente se vive y se anima en el país, han obrado de manera oportunista utilizando a los estudiantes a que participen, porque los necesitan por su activismo y beligerancia dentro y fuera de los claustros, para ello le han agregado al salpicón de exigencias, otras como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la paz, diálogos con ELN, condenar las muertes de líderes sociales, acabar con el ESMAD y la no intervención de la Fuerza Pública al interior de los claustros universitarios.
Ahora bien, en Colombia no hay territorio vedados para las autoridades, y por tanto, debemos ser sinceros, al considerar que la autonomía universitaria, no es sinónimo de impunidad ni de legitimidad de delincuentes, acosadores y terroristas infiltrados entre los mismos estudiantes y docentes.
Las autoridades académicas no pueden seguir haciéndose el de la vista gorda ante tantos vejámenes en los claustros ni en las marchas que organizan sus alumnos, ni tampoco pueden continuar con su atonía en la aplicación de los reglamentos estudiantiles y de docentes, porque están convirtiendo los recintos universitarios en territorios de nadie, en toda una anarquía, donde la complicidad, el miedo, la amenaza, el terrorismo y el delito es el común denominador.
Si las directivas de las Instituciones de Educación Superior son incapaces de controlar la disciplina y el orden en sus claustros, les corresponde a los Alcaldes y Gobernadores intervenir con carácter y autoridad para recobrar el orden público, proteger los bienes públicos y privados, haciendo uso de la Fuerza Pública y permitiéndoles el ingreso a los campus universitarios.
Pienso que la decisión del señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de usar la Fuerza Pública, para preservar el orden público dentro de las universidades e instituciones de educación de superior y en la misma ciudad, es pertinente y legal porque no podemos repetir la historia de explosiones en aulas por manipulación de artefactos, venta de drogas, prostitución y otras actividades delictivas que impactan enormemente en la sociedad.
El alcalde ha sido muy claro, que si después de agotar los protocolos y sopesar las condiciones de perturbación y de vandalismo, las condiciones continúan adversas para retomar el control, acudirá con pulso firme a las fuerzas legítimas del Estado, cumpliendo con su deber constitucional y legal de salvaguardar la institucionalidad, la vida y los bienes. Decisión que debemos apoyar sin ningún reparo, porque no podemos seguir a merced de unos delincuentes inmiscuidos dentro de nuestras universidades, buscando que estas no funcionen.
