Por: Iván de J. Guzmán López – Periodista-escritor
La semana pasada, los colombianos quedamos estupefactos ante la nota informativa de un canal nacional, donde se nos contaba que un juez de la república dejó en libertad por vencimiento de términos a un sujeto que lanzó a su novia a la calle, Pamela Lorduy, una psicóloga de 28 años, desde un noveno piso (ocurrió en junio de 2019, cuando vivían en Envigado, Antioquia). Pamela declaró haber sufrido una dolorosa experiencia que la tiene con secuelas físicas, como dolores de columna y cicatrices en su piel; considera que es un milagro el poder volver a caminar y lamenta que aparte del dolor de la experiencia, ahora su agresor esté en libertad. “Me desgarra el corazón que esto haya sucedido porque la legislación colombiana no fue capaz de hacer el juicio en los tiempos que dispone”.
Muchos otros hechos donde está involucrada la justicia, nos deja atónitos y en estado de perfecta indefensión ante los delincuentes: la misma semana anterior, en el barrio Manrique de Medellín, una fiscal se negó a recibir a un delincuente que acababa de ser atrapado en flagrancia. El valeroso policía que lo capturó cuando acababa de robar un celular, puso al sujeto a la orden de la fiscal, pero esta se negó a recibirlo, tratando de “canalla” al policía (que se merece un monumento) por haber denunciado su negativa al cumplimiento del deber de aplicar la ley, como servidora que es del estado y la justicia colombiana.
Muchas fallas, como la anterior, podemos endilgarle al aparato judicial colombiano, pero esta “costumbre” reiterada de alegar vencimiento de términos (aprovechada por abogados, jueces corruptos o una fiscalía irresponsable a la hora de entregar acervo probatorio deficiente) ya abrió un boquete gigantesco por donde salen a gusto todo tipo de timadores sociales, de corbata o no, para seguir burlándose de la sociedad entera, del ciudadano ejemplar y del mismo aparato de justicia. Tristemente, todo ello amparado en el Artículo 29 de la Constitución, en el que se hace referencia a que toda persona que sea procesada por la Justicia debe tener derecho al debido proceso. De ahí se deriva la figura que hace referencia a que los procesados tengan la garantía de que el expediente en su contra se desarrolle en unos plazos máximos.
Estamos viviendo una época horrorosa en la que el presunto delincuente queda en libertad absoluta para seguir mandando; para que vuelva a sus andanzas y a toda clase de fechoría contra la sociedad y las instituciones. Es tan nefasta y grotesca esta figura (la del Vencimiento de términos), que “mediante ella se le otorgó la libertad al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, procesado por el famoso ‘cartel de la toga’, un entramado de corrupción alrededor de las cabezas de la Rama Judicial que, además, involucró abogados y funcionarios de alto nivel”. Y por esa misma vía obtuvo la libertad el tristemente célebre expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino. Como cosa curiosa, esta figura es aplicada, con preferencia, por jueces de pueblo, por encima de la pirámide judicial colombiana, más alta que las mismas pirámides de Egipto.
Para el doctor Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia a la Justicia, “la finalidad de esta figura es imponerles a las autoridades judiciales y a la propia Fiscalía unos términos mínimos para definir las responsabilidades de un delito en una determinada persona. Hay una segunda motivación que es la garantía fundamental de la libertad como principio básico constitucional, y podemos hablar de una tercera que es la disminución del hacinamiento carcelario”. A mi juicio, la norma es buena, pero aquí la manoseamos. Tan nefasta y vulgar es esta figura (un tecnicismo judicial que casi actúa como una confesión absolutoria, donde el presunto delincuente recobra su estatus de ciudadano), que tras conocerse la decisión favorable a Ricaurte, la sociedad entera repudió tal decisión, y hasta el propio presidente Iván Duque Márquez se salió de casillas y dijo públicamente:
“Cuando vemos que hay delincuentes que salen de la aplicación efectiva de la justicia porque se vencen los términos, nos genera profunda indignación. Ha llegado el momento para que podamos con todas las fuerzas políticas en el Congreso garantizar que tomemos acciones para que eso no se siga presentando y fortalecer justicia”. Y fue entonces cuando se anunció pomposamente que “investigarán a quienes dejaron libre a Francisco Ricaurte, por el caso ‘Cartel de la toga’”. Hasta hoy, no sabemos por dónde va el agua al molino.
Y es que “de acuerdo con la legislación colombiana, después de la finalización de la audiencia de imputación, la Fiscalía tiene hasta 120 días hábiles para presentar el escrito de acusación en contra del procesado. Partiendo de la base de que se haya decretado orden de encarcelamiento en su contra, se puede hablar de que, como mínimo, esa persona ya ha pasado tres meses privada de la libertad”.
Lo triste y cierto del asunto es que este boquete judicial (no tengo datos de cuántos cientos de imputados andan en libertad, haciendo y deshaciendo contra la sociedad), está permitiendo la salida masiva de presuntos delincuentes, por acciones judiciales (¿poco profesionales de la Fiscalía?) donde se entrega a un juez un acervo técnicamente muy pobre; a ello, se suma el concurso de abogados mañosos (que ya son bien conocidos y reconocidos en Colombia) a más de (digámoslo porque es voz populi) la oportunidad para que jueces venales aprovechen el vertedero, aunque, también, debemos afirmarlo con franqueza, encontramos actuaciones de jueces honrados, que, aunque repugnante para ellos, están obligados a decretar la libertad en virtud de la ley, no obstante el seguro y consecuente señalamiento social.
Al tenor de esto último, citemos al abogado penalista y profesor de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Carlos Iván Pizza Rodríguez, cuando argumenta: “si la Fiscalía se apresuró para dar un resultado, las consecuencias procesales se van a ver a futuro. Eso implica no haber recabado las pruebas, no haber llamado a juicio a tiempo y eso deriva en resultados como estos, pues en principio todo el mundo estuvo feliz por ver a esta gente presa y ahora, que quedan en libertad, todos se rasgan las vestiduras. Dicen que la ley no funciona, cuando fue todo lo contrario: cumplió lo que dice la ley”.
Es urgente, por la salud de la justicia, por la paz de Colombia, por respeto al ciudadano, por el buen nombre de la justicia y de la administración misma, echarle concreto a este boquete horroroso, acabar con el tal vencimiento de términos, alcantarilla por donde se está yendo la ética de un país que pide justicia a gritos, y que está asqueado de tanta podredumbre mandando en las instituciones públicas y privadas.
