Por Iván de J. Guzmán López
Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, cumpliendo con su deber misional de defender los derechos de los ciudadanos, ha sido clara y contundente ante “el gobierno del cambio” que encarnan Gustavo Petro (y sus nuevos mejores amigos izquierdistas liberales y conservadores), al insistir en la inconstitucionalidad de la reforma que pretende mordidas a las pensiones de los colombianos.
Para titular este artículo, uso la palabra “mordida” porque es ni más ni menos lo que se hace, al pretender quitarle bienestar a los colombianos, mediante el recorte de un derecho adquirido, jamás otorgado por el Estado o similares. En su columna del día 08 de octubre 2022, en el periódico El Tiempo, la procuradora es absolutamente tajante:
“La Corte Constitucional, en la sentencia C-177 de 1998, señaló que la pensión de vejez es fruto del ahorro forzoso durante toda la vida laboral. Establece, también, que esto no es un subsidio de la Nación, sino un reintegro de lo debido al trabajador. Por lo tanto, no es un salario ni unos honorarios, y no deben tratarse de la misma manera”.
Adicional, conceptúa:
“Considero que esa propuesta es inconstitucional, amenaza derechos adquiridos de los pensionados y debe ser eliminada en el texto. Hay normativa y jurisprudencia que respaldan esta tesis. Inicio por el contexto global. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos extranjeros, la seguridad social es un derecho humano y, por tanto, debe garantizarse y no desmejorarse. Así lo han resaltado múltiples instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, el Protocolo de San Salvador y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Pero la misma Constitución Política, en su artículo 48, establece que las mesadas pensionales reconocidas por ningún motivo podrán dejarse de pagar, congelarse o reducirse”.
Y es contundente, al afirmar:
“Para más precisión, vayamos al parágrafo del artículo 334 superior, que también establece que, en ninguna circunstancia, autoridad alguna podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Como Procuradora General de la Nación y representante de los ciudadanos y garante del ordenamiento jurídico, debo decir lo que es evidente: la disminución del poder adquisitivo de las pensiones mediante un gravamen representa una violación de los derechos de los pensionados y un desconocimiento de lo establecido en nuestra Carta Política.
Y más adelante, advierte que a los pensionados no se les hace ningún favor o se les entrega su pensión por generosidad del Estado; no: “Ellas y ellos adquirieron un derecho trabajando durante sus vidas. Tributariamente, no se puede tratar en iguales circunstancias formales a quienes no son iguales ni desde el punto de vista legal, material ni, mucho menos, constitucional”.
Pero si legalmente no tiene ningún piso, es claro que esa pretendida mordida del gobierno Petro, que se proclamó como el gobierno de los pobres, “de los nadies y de las nadias”, socialmente es una afrenta y un empobrecimiento social casi que criminal, en la medida que “los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivientes son personas vulnerables y económicamente improductivas. Darles un trato igual que al trabajador laboralmente activo vulnera el artículo 13 de la Constitución Política, ya que la igualdad no se está predicando de sujetos en condiciones similares. Violaría, además, el artículo 34 superior, por cuanto la pensión tiene origen en un salario que ya fue objeto de tributación. Al imponer un gravamen en las pensiones, se incurriría en una doble tributación”.
Termina su clara intervención, nuestra Procuradora General de la Nación, advirtiendo que:
“Esta violación del principio de confianza legítima no solo afecta a las mal llamadas ‘megapensiones’ de más de trece millones de pesos. El gravamen afectaría a todas aquellas pensiones superiores a una cifra cercana a los cinco millones de pesos. A todas las personas afectadas les resalto: una vez adquirido el derecho a la pensión, no se puede imponer una modificación de las reglas bajo las cuales se adquirió, estableciendo un impuesto sobre las mesadas de quienes por años han cotizado y pagado impuestos sobre su relación laboral”.
Como pertenezco al grupo de quienes laboraron día a día durante 35 años, y llegamos con múltiples esfuerzos y tributaciones previas a diestra y siniestra hasta el estado de pensionados, no podemos permitir que “el cambio” sea para empobrecer más al pueblo colombiano, bajo el pretexto del bienestar de la gente. Los que mi amigo Gustavo Álvarez Gardeazábal denomina hoy los nuevos Beverly Ricos, valga decir, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, por la sencilla razón que ahora duermen en edredones con plumas de ganso avaluados en más de 8 millones de pesos, ven televisión en receptores de $27.499.900, y usan vitrocerámicas de $34.815.000, entre otros lujos, deberían de pensar más y ahorrar más para los humildes, en vez de fraguar mordidas en detrimento de la vida de tantos que sólo tiene una fuente de ingresos representada en una pensión.
Triste reseñar que el gobierno del cambio, la austeridad y la defensa del medio ambiente (de manera incoherente al discurso de campaña con el cual llevaron a millones de colombianos como corderos a votar), ahora quieren financiar extravagancias de nuevos ricos (como dormir en edredones de plumas de ganso), con mordidas ilegales a las pensiones de los colombianos.
