“En algunas zonas del país los disvalores de la violencia y la ilegalidad, han alcanzado índices de aprobación verdaderamente sorprendentes. En ello ha tenido mucho que ver la ausencia e, inclusive, indiferencia por parte del Estado”.
Por: Héctor Jaime Guerra León*.
Nuestra Nación ha vivido inmersa a lo largo de toda su historia en grandes, largos y constantes conflictos, muchos de ellos originados en las confrontaciones políticas, ideológicas; pero también –paradójicamente- por causa de su gran riqueza en áreas como la minería, los recursos naturales y la tierra, entre otros, sobre los cuales ha imperado la ilegalidad y los amigos de lo ajeno, sembrando pánico, dolor y muerte a lo largo de muchas épocas y en muchos de nuestros territorios.
A pesar de los inmensos esfuerzos que se han realizado para allanar caminos de reconciliación y de paz, ello definitivamente no ha sido posible. Por el contrario; todos esos esfuerzos y sus sucesivos fracasos, han llenado de mayor desconcierto, desconfianza y desazón a la mayor parte de la población colombiana. Ni siquiera se ha podido digerir, ni aceptar -por muchos- el importante avance alcanzado al firmar la paz con las Farc.
Muchos han sido los detonantes de la confrontación política y/o armada en nuestra Nación. Gran número de motivaciones han mantenido a nuestros pueblos sumidos en la división ideológica y, peor aún, en el enfrentamiento armado, sumiendo a muchos territorios en el caos, la incertidumbre y la pobreza. Paradójicamente la mayor parte de las regiones colombianas más prosperas o, por lo menos, con mayores potencialidades de riqueza, en el campo económico y humano, sufren de éstos terribles flagelos. La delincuencia común y/u organizada azota de manera inclemente y de variadas formas al país y a sus instituciones.
Pareciera que la influencia de toda esta sucesión de problemas y de conflictos en Colombia, hubiera implantado en el alma Nacional y la cultura de la gente los horrendos disvalores de la violencia, la incredibilidad y la desesperanza que hoy nos azotan con tan honda crueldad que da la impresión que no quisiéramos salir del problema y algo nos empujara a seguir padeciendo, con nuestra complacencia, los terribles males que el conflicto ha generado.
Mucho es el desánimo, por no decir que frustración, que infortunadamente se refleja en grandes sectores de nuestra sociedad, cuando se habla de ideas, iniciativas o procesos que pueden conducir al desarme del espíritu social y político, para empezar a asumir senderos que conduzcan al establecimiento de soluciones pacíficas, para los distintos conflictos y problemas que concurren al complejo escenario nacional y que son fértil caldo de cultivo para las graves dificultades que en materia de paz y reconciliación afronta la patria. Se ha perdido la confianza y credibilidad en muchas de esas iniciativas y, con mayor razón, en quienes las han prometido realizar.
Tal pareciera que en el gran inconsciente colectivo de nuestra Nación, existiera una cierta indisposición a hablar de la posibilidad de paz, tal vez por las reiteradas frustraciones que se han tenido, cuando a ello se ha dirigido el interés Nacional, o quizá porque ha sido tan intenso y largo el problema que ya a eso nos hemos acostumbrado. Ello hace recordar el asombroso parecido que vivió el país en el pasado, en relación al escabroso fenómeno del narcotráfico, en las épocas de su surgimiento y expansión, frente al que algunos sectores de opinión y grandes círculos ciudadanos, pareciera que se solidarizaran con el fenómeno y en muchas ocasiones hasta da la impresión que se confabulan con el mismo, haciendo en veces difícil, por no decir que imposible, la frontal lucha que contra el mismo tuvo que emprenderse en su momento, pues llegó a ser tan dramática la influencia de este perverso delito que en algunos sectores ciudadanos e inclusive institucionales, se estuvo posibilitando en muchos casos su accionar delincuencial, otorgándose -en su favor- cierta permisibilidad y aquiescencia.
No cabe la más mínima duda que uno de los más graves problemas u obstáculos que tiene el proceso de paz que ahora se trata de poner en marcha en nuestra Nación, está directamente relacionado con el alto grado de desconfianza que existe en la gente y también en los disvalores que infortunadamente el perenne conflicto que hemos sufrido, ha sembrado en la conciencia de la masa social. Ello ha hecho que muchos hayan aprendido a ver tan deplorable situación como algo normal, un problema con el que hay que convivir, soportando su fragor e, inclusive, hay que reconocerlo, muchos sectores sociales han tenido que aprender a “lucrarse” del mismo, porque al tratarse de la supervivencia, que no es fácil, especialmente en algunos zonas, como las campesinas o rurales, cuando no habiendo a qué o a quién más acudir, se ha tenido que aprender a aliarse y a aprovecharse de lo que hay, en este caso de la ilicitud, para poder salvar la vida, la seguridad, el sustento y los demás elementos para la subsistencia humana y social. La fuerza de los hechos originados por la violencia ha mantenido sometidos -secuestrados moralmente- a muchos y, en algunas zonas del país los disvalores de la violencia y la ilegalidad, han alcanzado índices de aprobación verdaderamente sorprendentes. En ello ha tenido mucho que ver la ausencia e, inclusive, indiferencia por parte del Estado.
Ejemplo palpable de esa triste realidad, es lo que le ha ocurrido, desafortunadamente, a quienes viven en aquéllos extensos, ricos y productivos, pero abandonados territorios, en los que la delincuencia ha sembrado la subcultura o disvalor del narcocultivo de la coca, práctica con la cual se han hecho desaparecer los más caros valores del Estado Social de Derecho, obligando a los habitantes de estos sitios, no sólo a aprender sus malsanas prácticas, sino también a convivir en medio de todo ese mundo de tragedia y de ilegalidad, pero que la fuerza de los hechos y de la realidad, los ha enseñado a ver como si fuera algo totalmente normal y digno de defender.
*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación Comunitaria; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magister en Gobierno.
