El pueblo tiene derecho a que se le revele información embarazosa de partidos políticos, con verdad y justicia para no engañarlo, ya que, si todos tuvieran “techo de vidrio”, se constituirían en cómplices del ocultamiento de hechos que la gente debiera conocer.
Por: LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS
La ciudadanía tiene perfecto derecho a saber cómo se comportan los políticos en su vida privada y, si a estos hombres y mujeres públicos les fue atribuida alguna conducta inadecuada tendrían la obligación de mostrar la verdad. Inmoral sería que procuraran callar al denunciante usando para ello el inmenso poder del que disponen. En una verdadera democracia, el gobierno y sus estamentos no pueden ser intocables, y necesariamente deben estar sometidos a la crítica enriquecedora de la ciudadanía, mientras ésta no represente injuria ni calumnia. Si no fuera de este modo, constituirían solo una caricatura de la idea democrática. Con mayor razón, el presidente de un país no debiera posicionarse en alturas casi monárquicas, sino ser normalmente alcanzable, criticable y abierto al diálogo, como corresponde en una democracia auténtica.
Con respecto a los periodistas, ellos ocupan un lugar privilegiado en lo que respecta a la modelación de la mentalidad popular, por lo cual sus actuaciones debieran ajustarse a las más estrictas normas de ética. Por el poder que tienen, pueden ser los más eficaces denunciantes de la inmoralidad y la corrupción. No obstante, pueden también sobrepasarse en sus comentarios y enlodar, sin quererlo, la honra personal o familiar. En lo personal, la clase de periodista que más respeto y aprecio es el que sabe informar objetivamente, prescindiendo de toda contaminación política o sectaria. El que sabe separar muy bien el rumor de la información veraz, desatender el comentario mal intencionado y dimensionar atinadamente cada situación, resistir las presiones indebidas y ponderar con justicia el efecto educativo informador de sus crónicas. El que está comprometido con la verdad y la justicia y se niega con firmeza a divulgar informaciones insuficientemente autenticadas. El que es capaz de persistir en una investigación por mucho que se muevan influencias para cerrarle el paso.
Es preciso repudiar, si existiera, al periodista venal que pusiera su pluma al servicio de inmorales que buscaran enlodar la honra ajena calumniando de forma “legal” (con resquicios legales) para no ser llevados a los tribunales. Aplaudir al que investigue cualquier escándalo o fraude en el que las personas modestas o desprotegidas sean blanco de alguna clase de estafa o de fraude. Premiar al que ponga al descubierto los casos de corrupción pública en cualquiera de sus estamentos. Castigar al que faltare a la verdad o fuera sorprendido distorsionándola gravemente, con el objeto de obtener ganancias personales o satisfacer apetitos de terceros. Sancionar al que intencionalmente, en forma irrespetuosa, desmedida, cínica, hiriente o destructiva, ofendiera el honor o la dignidad de las personas.
El periodismo de alto nivel puede constituir una poderosa fuerza moralizadora de un país, pero las pasquinadas vulgares contaminan y rebajan el alma popular. El que usando la palabra escrita en forma poco ética utilice un lenguaje vulgar o procaz para divulgar falsedades, que atenten contra la honra ajena, comete una grave falta que, si no es sancionada por la legalidad humana, lo será en virtud de la justicia de la Naturaleza, que, sin duda alguna, premiará también al periodista valeroso y sincero que luche honestamente por la verdad y la justicia.
Es preciso comprender que la justicia de la Naturaleza es de carácter jerárquico y discriminatorio, vale decir, que la misma falta amerita distintos niveles de gravedad en su castigo, dependiendo esto de las características del transgresor y del poder social del que haya usufructuado al cometer la falta, lo cual es lógico y razonable. De seguro, por ejemplo, que un analfabeto recibirá sanción mínima; un profesional, mucho mayor.
Esta es la causa por la cual me he referido a la clase política, jueces, periodistas, servidores públicos para hacer notar el hecho de que, si estas personas llegaran a corromperse, su culpa sería infinitamente más grave, por sus repercusiones sociales, que la falta cometida por un ciudadano vulgar y que, por eta misma razón, emerge la necesidad imperiosa de cautelar debidamente la conducta ética de estos ciudadanos prominentes.
Si un sastre se emborrachara usualmente, lo más grave que podría ocurrir sería que la ropa quedara mal confeccionada, pero si lo hiciera un hombre de Estado, un gobernante, un juez, un periodista, un hombre público, las consecuencias podrían ser gravísimas.
LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS Medellín, enero 5 de 2023
