El gobierno corporativo, término acuñado por las veedurías revocatorias, y también por la renunciada junta directiva de EPM, ha recibido diversas críticas y comentarios últimamente. 

En especial, artículo de El Espectador, de septiembre 17 pasado, de Rubén Darío Avendaño, consultor internacional en Gobierno Corporativo, también de EPM entre 2008 y 2013 en su especialidad, titulado: Gobierno Corporativo de EPM: ¿Hora de salir del clóset?, trata entre otros, el revuelo político de la renuncia de la junta directiva de EPM asociado al gobierno corporativo. Al respecto dice: “Encendida la chispa del debate, de la noche a la mañana el gobierno corporativo se convirtió en el centro de una discusión más política que empresarial, lo que sugiere revisarlo con cabeza fría, en lo posible alejados de precoces discusiones políticas”, resaltado fuera del texto.

También hay críticas y comentarios a las veedurías, que centradas en el gobierno corporativo, buscan renuncias de funcionarios y revocatorias de mandatarios elegidos por las mayorías, según nuestro ordenamiento jurídico.

Se cuestionan los referendos por su viabilidad y desgaste en lo político y en lo económico, buscando protagonismo para próximas elecciones; y también se cuestionan, cuando las veedurías que los promueven surgen de las derrotas electorales.

Volviendo al tema del referendo, se pregunta: ¿Cuál es su matriz de riesgos, las probabilidades y consecuencias para la ciudad y el departamento, en el evento de una segunda derrota electoral de sus promotores?

Sobre la veeduría Todos por Medellín, su vocera manifestó: “tenemos como finalidad acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses colectivos”.

Pero resulta que la veeduría, ha mostrado más interés en la revocatoria del mandato del alcalde y en ejercer presión para que se retire o postergue el llamado a conciliación a los contratistas principales del proyecto Ituango, que a los fines que le dieron origen.

Que la veeduría haga su trabajo en relación con EPM, pero objetivo, no solo sobre esta administración, sino también sobre lo legal, lo técnico y lo financiero ejecutado por las anteriores. Son muchos los aportes que puede hacer la veeduría, en un ambiente distinto al que hoy se le señala, por ejemplo:

  • Análisis de las inversiones y resultados financieros de los últimos veinte años, con énfasis en las inversiones del exterior, resultados, hoy ocultos.
  • Aportes sobre la suspendida licencia ambiental del proyecto, que hoy no permite avances diferentes a obras para prevenir riesgos ambientales y a la comunidad.
  • Análisis y pronunciamientos sobre el contenido de los informes de causa raíz, presentados por ADVANTA, por SKAVA, la Universidad Nacional e Integral.
  • Apreciaciones sobre la incertidumbre en la fecha de entrada en operación de las unidades 5 a 8 del proyecto, etc.

EXTRA: “0jo con el 22”, como dice el expresidente, y que algunos lo toman como advertencia, señalando a la izquierda de ser una amenaza para COLOMBIA, otros, a una izquierda de centro, con un candidato sin partido, que apadrina a los altos dignatarios de COMFAMA y ahora de las Universidades, así lo descalifiquen por su desconocimiento del territorio y del funcionamiento del estado y sus leyes, aspectos estos  conocidos muy bien por el inventor de “ojo con el 22”, pero creo que sus herederos de sangre, tampoco los conocen.

Todos los Antioqueños Unidos contra la Corrupción

JAIRO HERNÁN RAMÍREZ GÓMEZ