“El presupuesto de la salud se gasta, se mal utiliza y hasta se ha invertido en otras cosas diferentes al objetivo primordial y misional para el cual fue asignado”.
Por: Héctor Jaime Guerra León*
De conformidad con el orden jurídico vigente, en nuestro país, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, son las encargadas específicamente de hacer la afiliación, el registro de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer por ley para poder acceder al servicio médico. A estas tareas se les denomina labores de aseguramiento, otros más avezados alegan que son básicamente tareas de intermediación financiera, porque el aseguramiento corresponde realmente es al Estado, que es en quien recae legalmente y constitucionalmente la responsabilidad de prestar y cumplir cabalmente el servicio público de salud para todos y cada uno de los colombianos. También deben hacer tareas de prevención, para evitar que se presenten las enfermedades. En resumen, “organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud”.
Lo anterior significa que estas entidades en Colombia son las que tienen el sagrado encargo de administrar los recursos; esto es, el dinero que tanto los trabajadores, como los empleadores y el mismo Estado, aportan para garantizar la salud de todas las personas. Este dinero queda en manos de estas empresas, para que a su vez paguen por las consultas y tratamientos que los usuarios requieren. Deben también, por ley, utilizar un porcentaje importante de esos recursos para la realización de campañas que básicamente persigan afianzar en la sociedad y los usuarios los muy importantes conceptos de promoción del autocuidado y la prevención, como quiera que fueran muchas las enfermedades y gastos que podrían evitarse si tuviéramos una verdadera conciencia de “prevenir antes que curar”. Eso hasta allí se ve muy bonito y sería lo ideal.
Pero, que infortunado, ello no es tan bueno como parece, pues como en casi todos los problemas de nuestro país aparecen los conflictos en torno al manejo de los recursos (del billete), como sabiamente lo dijo el Sumo Pontífice en la visita que nos hiciera, “el diablo entra por el bolsillo siempre”. Esta no es la excepción, los inmensos caudales de dinero, porque son cifras muy significativas las que el Sistema de Salud entrega en manos de estas entidades, para que las administre y busque recuperar las fuerzas de la clase trabajadora (y de la sociedad) que aporta y de las demás personas que no siendo aportantes, como el caso de los sisbenizados, tienen, presuntamente, garantizado ese servicio; pues el Estado y los trabajares, al igual que los empleadores, hacen un esfuerzo ingente, por orden de la ley y la Constitución, para que todos tengamos garantizado tan fundamental derecho, el de la salud en condiciones de igualdad para pobres y ricos, sin distinción distinta a la de necesitar el servicio.
Pero, qué lejos estamos de que esa importante y altruista idea se vuelva una realidad. Casi inmediatamente después de creada la plataforma administrativa, política, financiera y legal (1993) que diera origen a tan ideal sistema, empezaron los problemas; es decir, los malos manejos, apareció la maldita corrupción, precisamente porque ese es su especialidad, entrar al sainete de las voluminosas, cuantiosas y complejas relaciones contractuales que existen en torno a tan lucrativo negocio, en el que algunos se han enriquecido a costa de la salud del pueblo y en detrimento de la calidad de vida de un inmenso sector poblacional que ha visto inerme como el presupuesto de la salud se gasta, se mal utiliza y hasta se ha invertido en otras cosas diferentes al objetivo primordial para el cual fue asignado y no para aliviar y contrarrestar las angustias y padecimientos de la gente que por alguna patología o necesidad debe acudir a demandar los servicios de quienes tienen el deber -legal y constitucional- de brindarlo adecuada, oportunamente y sin dilación alguna, pues para eso se les paga y se les retribuye con jugosas sumas de dinero, pues se quedan por esa labor, con un porcentaje importante de los dineros que recaudan.
Con lo anteriormente expuesto, se ha originado en nuestro Sistema de Salud el más deplorable e indignante caos, originado en el incumplimiento de pagos a los proveedores y/o prestadores, especialmente a las IPS, que son las instituciones que real y directamente prestan el servicio médico. Nótese que son las IPS, y no las EPS, las empresas que realmente tienen la ineludible e invaluable misión de brindar la salud al pueblo; esto es, que son estas instituciones las que tienen el recurso humano y la logística requeridas para ofrecer la atención médica, como en efecto hacen, a las personas que acuden ante las EPS a solicitar el servicio. Muchas de las IPS andan quebradas o con grandes afugias y problemas económicos; pues las EPS no les pagan o no cubren a tiempo los compromisos y deberes que se originan con sus contratos y coberturas de servicios y pacientes atendidos.
Pero paradójicamente, siendo esto así, las IPS no son las que disponen del dinero y, muchas veces, ni siquiera del tipo de tratamientos que requieren los pacientes, pues se ha vuelto recurrente que las IPS diagnostican una patología (enfermedad) y ordenan un tratamiento (intervenciones y/o droga) y las EPS no autorizan el procedimiento, ni el suministro de los respectivos medicamentos, teniéndose que acudir en múltiples ocasiones a la Acción de Tutela, para que finalmente sea el juez el que ordene que dicho tratamiento sea realizado. En muchos casos y a pesar de que la Tutela es relativamente rápida, cuando sale el fallo ya la persona ha muerto o su tratamiento se hace inane, porque ya ha pasado la urgencia.
Es inentendible como el sistema de Salud, la sociedad y el Estado mismo, han aguantado tanto este arbitrario comportamiento, porque para nadie es un secreto que todos estos malos manejos de los recursos de la salud han venido ocurriendo por parte de las EPS y a pesar de las muchas promesas que se han hecho; inclusive ha sido un tema de sucesivas campañas electorales -de los últimos gobiernos-, nada o casi nada se ha hecho para ponerle fin o remediar tan lamentable situación.
Ir al médico en Colombia es -a decir verdad- de las cosas más deplorables y traumáticas que existen, tanto para el enfermo como para su familia; es como pedir limosna, pues ha llegado a tal gravedad el asunto que las IPS (centros de atención, los hospitales, clínicas, las ESE, etc.), muchas de ellas, cuando se enteran de cuál EPS es el enfermo, inmediatamente le cierran la puerta, le sacan disculpas para no atenderlo, alegando que no hay cupo, que no hay convenio, que esa EPS no paga, que no tienen el especialista requerido e inventan una gran cantidad de pretextos para evadir la atención, que vaya a no sé qué otra institución, que venga después, que se vaya para la casa que después lo llaman o le dan un número al que nunca contestan, para que esté llamando a averiguar cuándo está su cita o cómo va su trámite; cuando no es que el mismo vigilante lo despacha a uno desde la portería, no dejándolo entrar siquiera a solicitar los cuidados y atenciones requeridas. Ello mientras que las EPS disponen de los dineros, muchas veces, de manera caprichosa y/o arbitraria, ocasionando con ello todo el caos y los traumatismos que son comunes en buena parte de la población, cuando se tiene que ir a consultar y a hacer uso de tan sensibles servicios. He ahí la necesidad de no dilapidar la oportunidad que el pueblo colombiano tiene de hacer reformas serias y de fondo que tiendan –real y efectivamente- a corregir todos estos desafueros y dificultades.
Esto nos hace tristemente recordar el doloroso y diabólico “paseo de la muerte”, como el más claro ejemplo del ingrato episodio al que se han visto sometidas muchas personas; pues, en ese “vaya y venga”, han caído muchos pacientes, que necesitados y urgidos, por un dolor o una urgencia médica, caen en tan lamentable treta, que inventaron estas empresas para no asumir su tratamiento, porque saben que a esa EPS no le gusta pagar o que paga muy tarde por los servicios brindados.
¡Qué lástima! que por la perversidad e irresponsabilidad de esas instituciones tengan que pagar los necesitados pacientes (el pueblo) que son los que deben “aguantar el plato roto” cuando acuden a suplicar atención a una de esas instituciones. Como si las urgencias médicas pudieran esperar o la culpa de los errores y fallas de las EPS o del Sistema de Salud, la tuvieran los usuarios.
Por eso se hace necesario y urgente que nuestro Sistema de Salud tenga esas reformas, para que se puedan introducir los cambios y las practicas que es necesario implementar y todos y cada uno de los colombianos, sin distinción alguna, podamos hacer uso y disfrutar integralmente de tan sagrado e indispensable servicio- derecho.
Si es para realmente mejorar, ¡bienvenidas sean las reformas!
*Abogado. Especializado en Planeación de la Participación Ciudadana y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magíster en Gobierno.
