“Muchos de esos democráticos y necesarios ejercicios ciudadanos, han sido no pocas veces infiltrados, por otros grupos de interés y/o adversas ideologías, con el ánimo de manipular, tergiversar o menguar su verdadero y noble objetivo”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
La protesta social; esto es, las voces y actos de inconformidad a los que los pueblos o la ciudadanía tienen que acudir o recurrir, casi siempre por los excesos y/o malos manejos que se ejercen desde los gobiernos, no es algo que sea en nuestro país novedoso y se ha prestado para los más distintos motivos de incomprensión y mal entendimiento de la lectura que se debe hacer del ejercicio soberano, autónomo y voluntario, de uno de los derechos más importantes que puedan existir en una democracia, como en efecto lo es la libertad de expresión y, con ella, la garantía que dicho pueblo tiene a disentir de lo que ocurre a su alrededor y de la manera como se le gobierna. Inclusive muchos de esos democráticos y necesarios ejercicios ciudadanos, han sido no pocas veces infiltrados, por otros grupos de interés y/o adversas ideologías, con el ánimo de manipular, tergiversar o menguar su verdadero y noble objetivo, cual es el de hacer por medios masivos y pacíficos de expresión ciudadana que cesen la violencia, la corrupción, el despotismo y la ignominia que por falta de controles institucionales eficaces se apropian del Estado y, en especial, de sus gobernabilidades.
Que hoy hagamos parte de un Estado Social y Democrático de Derechos, así sea en el mero papel de la constitución, no es algo que se nos haya regalado o resultara por la buena intención de uno cualquiera de los gobernantes que han antecedido dichos procesos. Fue el resultado del valor civil, democrático y ciudadano y, especialmente del pueblo juvenil colombiano, que -en los albores del siglo XXI, marchó con patriótico fervor y entusiasmo, contra viento y marea y en medio de las más tremendas y hostiles situaciones (recuérdese lo que se decía del movimiento de la Séptima Papeleta y de las demás movilizaciones sociales que acompañaron ese proceso).
Marchó Colombia, en aquella ocasión, para darle a la Nación una nueva carta de derechos más humanitaria, pluralista y participativa, como oposición a la inmensa ola de corrupción y de barbarie que muy seguramente originaron dichos actos de rebeldía social y ciudadana; pues por esas calendas y bajo el régimen impuesto por la extinta constitución de 1886, de la cual emanaba un riguroso orden jurídico con marcado corte autoritarista, el país estaba inmerso en el más oscuro conflicto político – con las FARC y otros actores en pleno vigor, como paramilitarismo y el narcotráfico -que carcomían a la sociedad, desactivando y envileciendo sus más preciados y fundantes principios, valores e instituciones.
Dichos fenómenos de descomposición social, de desgobierno, delincuencia, violencia y corrupción, siempre han estado en el centro de operaciones del antiguo conflicto Estatal y social (ético, moral, político y económico) que ha librado nuestro país desde tiempos inmemoriales; siendo -por épocas-, el más jugoso caldo de cultivo y estimulación de la intervención y el clamor ciudadano, que no tiene otra alternativa que la de tener que salir y expresarse en los poblados, calles y parques de las grandes ciudades y hasta ofrecer la vida de muchos de sus compatriotas (marchantes y/o dirigentes), para que por lo menos temporalmente cesen las hostilidades, se atenúe la insensatez y la indolencia, como el desgobierno y la corrupción que cada vez son más ostensibles y crecientes y que –por lo menos hasta ahora, ha sido solo el pueblo el que apunta de marchas, mingas y todo tipo de manifestaciones no violentas, trata de decir NO MAS!, por favor hasta cuándo! se va a tener que aguantar tanta desazón y falta de seriedad y compromiso frente a las políticas estatales y gubernamentales que las élites gobernantes dicen ejercer con integridad, participación y pulcritud, pero que nunca cumplen cabalmente con dichos compromisos y mandatos ciudadanos.
Por ello marcha el pueblo y es apenas lógico que así lo haga, pues ha sido la única forma de que al menos –temporalmente- la actitud gubernamental haga el “pare en el camino” un su nefasta carrera de arrogancia, autoritarismo y equivocaciones, asumiendo posiciones más reflexivas, trasparentes y comprometidas, para aplicarse a resolver, como es su deber y a buscar soluciones a los grandes, justos y múltiples clamores y necesidades por las que luchan y padecen las comunidades, sin que hasta el momento se haya obtenido real audiencia y atención en las más altas esferas del poder del Estado y la sociedad.
Digo temporalmente, porque la verdad es que –infortunadamente, y después de todos estos esfuerzos, luchas ciudadanas, penalidades y sacrificios, al principio algunas cosas cambian, se establecen y prometen algunas trasformaciones y, formalmente, hasta se hace creer que efectiva y ciertamente todo va a ser distinto, como en la Constitución del 91 (que en el papel es reconocida como una de las más avanzadas y garantistas del mundo), pero lo triste es que todavía no se cumple en casi nada lo que allí se ha establecido. Por eso tal vez será que ahora el pueblo vuelve y clama, piensa en soluciones incumplidas y reprocha; pues después de haber logrado –hace ya casi tres (3) décadas- aun estas conquistas, los derechos, garantías y resultados allí obtenidos, no se estén respetando ni reconociendo.
Post data: Muy lamentable los ataques que inexplicablemente se han acometido contra algunos bienes púbicos y privados, en el marco de estas manifestaciones, entre las que se cuentan vehículos de la misión médica nacional (ambulancias) y a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, saqueada y atacada varias veces, por la irracional y vandálica actitud de algunos –por fortuna minorías- oportunistas, que para lograr el caos y la violencia, al interior del gran movimiento nacional, degradan y vulneran hasta a los Defensores de los Derechos fundamentales.
Nuestra solidaridad y reconocimiento con el señor personero de la ciudad Dr. William Yeffer Vivas Lloreda y su gran e incansable equipo de trabajo, que no obstante ello, han seguido constantemente en el territorio, haciendo su incansable tarea de acompañar al pueblo en las marchas, y al ciudadano del común, para garantizar sus legítimos derechos.
*Abogado Defensoría del Pueblo regional Antioquia; Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y normas penales. Magíster
