“La Granja ITA no solo es un terreno: es un símbolo del conocimiento, la educación y el servicio comunitario. Convertirla en una cárcel sería un error histórico, una herida al desarrollo local y una afrenta al sentido común..“
Por: LUIS CARLOS GAVIRIA ECHAVARRÍA
La comunidad andina se encuentra profundamente preocupada ante los rumores sobre la posible construcción de una cárcel departamental en los terrenos de La Granja ITA, lugar donde actualmente funcionan, bajo comodato con la Gobernación de Antioquia, la sede regional de la Universidad de Antioquia y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Andes.
Lo más inquietante es que nadie sabe con certeza de dónde surgió esta iniciativa. Sin embargo, el propio alcalde ha manifestado, casi que a vox populi, que “él hace en Andes lo que el gobernador le diga”.
Una afirmación que, más allá de ser desafortunada, deja en entredicho su autonomía como mandatario local.
Y aquí surge una pregunta legítima:
¿Desde cuándo el gobernador puede decidir sobre las competencias administrativas de un municipio?
¿Acaso el gobernador se ha inventado una nueva Constitución que le permite imponer su voluntad en los territorios?
La Constitución Política de Colombia es clara: los alcaldes son autónomos en el manejo administrativo de su municipio, aunque naturalmente deben coordinar con las autoridades departamentales. Pero dicha coordinación no es subordinación. Y si el alcalde de Andes actúa solo por instrucciones del gobernador, bien podría despachar desde la Gobernación, mientras la comunidad —como lo permite la ley— exige en su lugar un alcalde que gobierne por y para Andes, no un simple ejecutor de órdenes.
No es un secreto que la paciencia ciudadana tiene límites, y la posibilidad de convocar un comité de revocatoria del mandato empieza a ser una opción legítima cuando se percibe falta de liderazgo y autonomía en la gestión municipal. Los andinos merecemos un alcalde que piense en el bienestar de la comunidad, no en la complacencia política con el nivel departamental.
A esta situación se suma un hecho que causa aún mayor desconcierto: la reciente declaración de la directora ejecutiva de la Provincia del San Juan, quien aseguró —textualmente— que “la cárcel se hace por encima de quien se oponga”.
¿Desde cuándo un funcionario provincial tiene la potestad de imponer decisiones que son exclusivas del resorte de los alcaldes?
Una afirmación de esa naturaleza constituye una extralimitación de funciones, y sería prudente que los demás mandatarios municipales de la provincia llamen la atención sobre este tipo de pronunciamientos que, más que unir, dividen y generan resistencia social.
Cumplimiento del plan de gobierno: la otra gran pregunta
Ya casi se cumplen dos años de mandato municipal, lo que significa que el alcalde debería tener ejecutado al menos el 50% del plan de desarrollo que prometió en campaña.
Pero la pregunta del millón es: ¿ha cumplido realmente con ese porcentaje?
Porque, hasta ahora, más que avances visibles, lo que abundan son las polémicas.
Además, resulta por lo menos cuestionable que un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) aprobado en 2023 ya esté siendo objeto de modificaciones. ¿Tiene sentido alterar un instrumento tan reciente para cambiar la destinación de los terrenos de La Granja ITA o, peor aún, para ampliar el relleno sanitario?
Ambas ideas suenan más a improvisación que a una verdadera planificación.
VIAJES, RESIDUOS Y PRIORIDADES
También causa inquietud la información sobre los viajes al exterior realizados por el alcalde y el gerente de la EPA a los Estados Unidos, supuestamente para conocer modelos de manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
Y uno se pregunta: ¿qué resultados concretos ha tenido ese viaje?
¿Dónde están los avances, los proyectos, las soluciones implementadas?
En Andes existe desde hace unos tres años una compostera que, bien gestionada, podría extender la vida útil del relleno sanitario hasta en un 70%.
Entonces, ¿por qué insistir en ampliar el relleno?
¿Será acaso que estamos recibiendo basuras de otros municipios?
Reflexión final
El pueblo andino tiene derecho a estar informado, a exigir transparencia y a defender su territorio. La Granja ITA no solo es un terreno: es un símbolo del conocimiento, la educación y el servicio comunitario.
Convertirla en una cárcel sería un error histórico, una herida al desarrollo local y una afrenta al sentido común.
Andes necesita una administración con voz propia, con criterio, con respeto por su gente.
Porque un alcalde sin autonomía, una provincia que impone sin escuchar, y un pueblo que calla ante el atropello, son el camino más corto hacia la pérdida de la dignidad ciudadana.