Por: Félix Alfázar González Mira
La Constitución de 1991 trajo bastantes avances en unas materias que lo reconocen los estudiosos en estos asuntos. Pero innegablemente también trajo aparejado karmas, instituciones y disposiciones que le han acaecido profundos daños a nuestra democracia en formación. Los que hemos trasegado un poco la vida pública sabemos que la creación de varias cortes, de organismos burocratizados en la justicia, de las defensorías del pueblo (lo hacían las personerías), de los cambios que introdujo en la elección de los magistrados de las altas cortes y los jefes de los organismos de control; la experiencia ha indicado que no han sido provechosos para la salud financiera, ni para el fortalecimiento institucional del estado colombiano. Es bien conocida y padecida la politización de la justicia y los altos costos económicos y de funcionamiento que acarrea sostener esa estructura de cientos de magistrados con altos sueldos, cientos de privilegios que se extrapolan a sus familiares y amigos con el alto grado de clientelismo y el establecimiento del roscograma (el enroque con los de su sangre) como vienen operando.
Mantener unas instituciones profundamente robustas en lo burocrático y con resultados en el ejercicio de sus funciones profundamente delgadas, como lo muestra los altos niveles de impunidad que tenemos en la justicia de nuestro país, las ha llevado a altos grados de deslegitimación ante la opinión pública.
Pero existen otras decisiones tomadas por los constituyentes de la época que han alentado la pandemia de la corrupción salida a flote en esta pandemia del coronavirus , a tal punto que la primera preocupación de los colombianos no es el contagio viral sino la corrupción y el desempleo. Estamos asistiendo, gracias a los medios de comunicación y redes sociales, a la más grande expansión del virus de la corruptela. Diaria y nochemente nos enteramos de sobrecostos en contratos de suministros, en invitaciones y licitaciones amañadas y dirigidas, a falsedades ideológicas en documentos públicos y privados , a desfalcos de los fiscos públicos sin ningún reato y a ojos vistos y en fin, a un sinnúmero de prácticas que riñen con el descaro, el cinismo y la estupidez.
El establecimiento del control posterior por parte de las contralorías territoriales y el pago de emolumentos a los concejales son dos disposiciones constitucionales que han fomentado las malas prácticas con los presupuestos públicos. No necesariamente por las personas que ejercen sus funciones o que buscan el favor popular para representarlos en los órganos corporativos, sino que el sistema establecido es proclive a que se miren los presupuestos como botín de caza para financiar las campañas a fin de hacerse elegir al cuerpo colegiado.
Antes de la constitución del 91 los concejales eran personas que desarrollaban más un trabajo cívico, altruista y desinteresado, pensando en los intereses superiores de su territorio. Devengaban viáticos y gastos de viaje cuando las circunstancias le exigían desplazarse a otros lugares a capacitaciones, intercambios de experiencias o comisiones fuera para replicar proyectos que fueran útiles a sus comunidades. Hoy, para hacerse elegir concejal de una ciudad grande, una población intermedia o de un municipio pequeño es toda una empresa a estructurar con recursos abundantes, proporcionales al tamaño de las localidades. Jefes de campaña, medios de comunicación, asesores, directores de logística de campaña y de día de elecciones, arrendamiento de sedes etc., conduce a la inversión de altas sumas de dinero para poder cumplir el objetivo. Y viene después como cancelar las deudas de campaña: ahí está el presupuesto público para arañarle parte con el propósito de hacer la ecuación sostenible. Para muestra el chat denunciado de concejales de la costa caribe que mostraba su absoluto desdén y desinterés por los pobres y el interés sublime de pagar sus deudas contraídas para hacerse elegir.
Cuando existía el control previo por parte de las contralorías las decisiones del ejecutivo en el compromiso de recursos públicos eran estudiadas con mayor detenimiento, juicio y cuidado porque se corría el riesgo de no ser autorizados ante mayores ojos observando la decisión tomada en términos de oportunidad, conveniencia, precios y calidad. Se me dirá que ahí está el control de advertencia. Si, se advierte pero no se ordena. Que viola la autonomía territorial, seguramente. Pero es válido y siempre será actual plantear el debate de la necesidad de tener mejores instrumentos y mayores mecanismos de control para legitimar más el sector público del país. Revisando esos asuntos y el costo de las campañas políticas nos ayudará a que el país se preocupe más por la pandemia del Covid 19 y que la pandemia de la corrupción no lo lleve a aplicar la medicina no adecuada: la elección de un representante de la mamertería criolla cuyas ideas han demostrado ser catastróficas para todo el organismo nacional.
