LA MITAD DE LAS EPS EN COLOMBIA ESTÁN INTERVENIDAS.

Los grandes desastres que han ocurrido con algunas EPS, hubiera sido motivo suficiente para acabar con este inútil modelo de prestación de servicios de salud.

Por Guillermo Mejía Mejía

 En Colombia existen 44 EPS y, de estas, 22 se encuentran intervenidas por distintas razones. [1]

De estas 22 intervenidas por la Supersalud, cuatro de ellas se hallan en un programa especial de recuperación por problemas con indicadores financieros y asistenciales y por habérseles encontrado potenciales riesgos que afectarían gravemente a sus afiliados.

Si estas medidas de intervención del Gobierno Nacional no surten efecto, se debe dar aplicación al artículo 19 de la ley 510 de 1999, estatuto financiero nacional, que precisamente ordena tomar medidas de control para evitar la toma de posesión de sus bienes.

Otra medida que ha tomado la Supersalud es la restricción para hacer nuevas afiliaciones o aceptar traslados de otras EPS. Una sola EPS, Saludvida, perdió 100 mil afiliados en tres años.

En el año 2018, la Supersalud impuso a las EPS, 111 sanciones por valor de $7.921 millones de pesos por mala prestación de servicios de salud; 632 millones de pesos por falta de adecuada información a la entidad de vigilancia y 14.000 millones por el indebido flujo de recursos de las entidades. La Supersalud no los especifica, pero un indebido flujo de recursos casi que nos lleva a sospechar que fueron recursos no aplicados a los servicios de salud.

El caso más sonado de corrupción por desviación de recursos de las EPS a otro tipo de inversiones fue el de Saludcoop que arrancó con un patrimonio de $2.500 millones y lo elevó hasta 170 veces sobre el inicial y llegó a tener inversiones en 5 países, participación en 24 sociedades comerciales, seis organismos cooperativos, dos corporaciones, una fundación y en su momento fue la más numerosa en afiliados. En el 2010 tenía 37 clínicas en todo el País.

Esta EPS[2] se constituyó a principios de los años 90 bajo la modalidad de cooperativa de servicios de salud y, desde el año 2000, su crecimiento fue acelerado hasta que llegó a ser la más grande del País con cerca de 4.6 millones de afiliados.

Durante esos primeros 10 años, Saludcoop reportó utilidades hasta de 20 mil millones de pesos anuales, pero para el 2013, esas utilidades se habían reducido en forma acelerada, tanto que, en ese año, ya intervenida por la Supersalud, acumulaba pérdidas por 498.000 millones de pesos.

Según la Contraloría General de la República, el detrimento encontrado entre los años de 1.998 a 2.010 ascendió a $ 1.4 billones de pesos. A título de ejemplo se invirtieron 30.000 millones en la ciudadela de la salud, una mega obra ubicada en la autopista norte de Bogotá, a la altura de la Hacienda Hato Grande, jurisdicción de Sopó, en un área de 20 hectáreas, bajo la modalidad de zona franca de bienes y servicios de la salud, que debía contar con un hospital internacional de alta tecnología con 86 especialidades médicas, todo con un costo de US$ 160 millones. Pero, además, el cluster contaría también con un hotel, centro comercial, centro de convenciones, edificio de bodegaje y un centro de investigaciones. Parece que la Universidad de Antioquia se salió a tiempo del megaproyecto y salvó sus recursos. Este embeleco costaría finalmente cerca de US$ 500 millones. Que se sepa, por el desastre de Saludcoop no se encuentra ningún directivo detenido.

La ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en el artículo 66, creó la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Adres, como una empresa industrial y comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Esa entidad reemplaza al Fosyga y los inmensos recursos que recauda se deben manejar bajo la figura de fiducia, no constituyen patrimonio de la nueva empresa y, desde luego, son inembargables. Ya es, hoy en día, el organismo gubernamental que se encarga del recaudo de todos los ingresos de sistema de seguridad social en salud. Lo que recaudan las EPS deben consignarlo de inmediato en una cuenta especial de la entidad, que luego repartirá entre las EPS por el sistema de pago por capitación. Eso demuestra, una vez más, luego de la creación de ADRES, que las EPS son unos intermediarios inútiles que bien podrían ser reemplazadas por esta empresa industrial y comercial del Estado que podría crear un carné único de afiliación, como sucede en los Estados Unidos con el social security, con los dos sistemas contributivo y subsidiado.

Sin embargo, vale la pena destacar que, mediante el lobby que hicieron las EPS ante el Congreso, cuando se discutía el proyecto, lograron introducir, en el inciso tercero de dicho artículo, el siguientes párrafo:

“En ningún caso la Entidad asumirá las funciones asignadas a las entidades promotoras de salud.

O sea que el negocio continúa.

[1] La República, 21 de febrero de 2.019

[2] El País de Cali, noviembre 29 de 2015.