CUANDO LA IMPROVISACIÓN SE CONVIERTE EN UNA AMENAZA PÚBLICA
“Durante dos años completos, la EPA tuvo tiempo de sobra para actuar. Y no lo hizo.“
Por: LUIS CARLOS GAVIRIA ECHAVARRÍA
En días pasados publiqué un artículo titulado “Relleno sanitario y compostera”, en el que advertí la grave ausencia de planeación y la ligereza con la que la actual administración municipal está tratando un tema tan delicado como la disposición final de los residuos sólidos. Lo que en ese momento parecía preocupante, hoy —a la luz de nuevas revelaciones— se convierte en una alarma roja para toda la comunidad andina.
Acaba de conocerse una declaración del gerente de la EPA en el Concejo Municipal que, más allá de sorprender, desnuda una imprudencia institucional peligrosa, una ligereza administrativa sin precedentes y un desconocimiento profundo del funcionamiento de la entidad que dirige.
La amenaza del aumento del 30 % en la tarifa de aseo: ¿una cortina de humo?
El gerente aseguró, sin sonrojarse, que tendrá que incrementar la tarifa de aseo hasta en un 30 %, porque —según él— al vencerse la licencia ambiental del relleno sanitario será obligatorio llevar las basuras a Aguadas (Caldas) o a La Pradera (Donmatías).
Es decir, en vez de presentar soluciones, lo primero que se le ocurre es castigar el bolsillo del ciudadano.
Pero la pregunta de fondo es inevitable:
¿Quién permitió que la licencia ambiental llegara a su periodo final sin haber iniciado los trámites necesarios para una nueva licencia o para ampliar la existente?
Porque aquí no estamos frente a un imprevisto: estamos frente a una negligencia anunciada.
Cinco años de advertencias que la actual administración ignoró
El comentario que recibí y que hoy cito revela hechos verificables y gravísimos:
- Hace más de cinco años la EPA sabe de la inminente colmatación del relleno sanitario. No es nuevo. No es sorpresa. No es súbito.
- La última ampliación de la licencia vence en febrero de 2026. Esa fecha la conoce el gerente y la dio él mismo ante el Concejo.
- En los empalmes de noviembre y diciembre de 2023 se advirtió claramente que lo primero en 2024 debía ser iniciar el trámite de la nueva licencia.
- Durante dos años completos, la EPA tuvo tiempo de sobra para actuar. Y no lo hizo.
Entonces, ¿de quién es la culpa ahora?
- ¿De los ciudadanos?
- ¿Del PBOT?
- ¿De la administración anterior?
- ¿De Corantioquia?
No.
La responsabilidad es de quien dirige la EPA hoy, y de quienes han preferido gastar tiempo, recursos y capital político en narrativas ajenas a este problema, como la obsesiva intención de modificar el PBOT para construir la cárcel en terrenos educativos.
EL PBOT COMO PRETEXTO: LA NARRATIVA QUE INTENTA SALVAR LA NEGLIGENCIA
El gerente afirmó que el PBOT vigente restringió el polígono para la ampliación del relleno y que por eso hoy se necesitan modificaciones urgentes.
Pero la comunidad sabe la verdad: la modificación exprés del PBOT fue pensada para justificar la cárcel en La Granja, y no para planear el futuro del relleno sanitario.
Ahora, ante la reacción ciudadana y ante la incapacidad técnica del Secretario de Planeación, pretenden usar el PBOT como la excusa perfecta para desviar la responsabilidad de una gestión ambiental desastrosa.
¿Aumentar tarifas? No antes de revisar la casa por dentro
Antes de poner a los ciudadanos a pagar los platos rotos, la EPA debería:
- Revisar sus costos operativos reales.
- Limitar la burocracia creada para pagar favores políticos.
- Evaluar los gastos en comercialización, transporte, recolección y operación.
- Fiscalizar los gastos improductivos, viáticos, viajes, horas extra y contrataciones innecesarias.
- Exigir resultados concretos en la cuestionada compostera, cuyo funcionamiento sigue siendo un misterio y cuyo impacto real aún no se evidencia.
- Explorar alternativas modernas y circulares para el manejo de residuos, como hace cualquier municipio serio.
El aumento de tarifas no puede ser la primera salida. ESO ES PROPIO DE ADMINISTRADORES SIN EXPERIENCIA, SIN VISIÓN Y SIN COMPROMISO SOCIAL.
LO QUE REALMENTE ESTÁ EN JUEGO
Lo más grave no es el aumento del 30 %. Lo grave es que la vida sanitaria del municipio está en manos de una dirección improvisada, que:
- No planeó.
- No gestionó a tiempo.
- No fue transparente.
- No dijo la verdad completa.
- Y ahora quiere trasladar su incapacidad al bolsillo del ciudadano.
Esto ya no es un debate técnico. Es un asunto de seguridad pública. De responsabilidad administrativa. De dignidad comunitaria.
La comunidad andina no puede quedar expuesta a la improvisación
Hoy Andes enfrenta un riesgo ambiental y económico, no por falta de recursos, sino por falta de gestión. Lo que necesitamos no es un gerente que anuncie aumentos, sino un gerente que resuelva problemas, que planifique, que gestione licencias a tiempo, que proteja a la comunidad, que conozca la empresa y que, sobre todo, entienda que en la administración pública el descuido se paga… pero no lo debe pagar el pueblo.
ANDES MERECE RESPETO.
Y LA EPA MERECE DIRECCIÓN, NO IMPROVISACIÓN.
