Félix Alfázar González Mira

Los que ya avanzamos largamente en nuestro ciclo vital y nos ha tocado ver, vivir y padecer la prestación de servicios de salud en las últimas seis décadas, tenemos todos los elementos para valorar ciertamente la evolución de ellos y, por supuesto, tener el más preciado concepto de la ley 100.

Cuando era niño, mi vinculación ancestral al campo me permitió observar como el campesino y jornalero rural se aferraba a alimentar, con las sobras de cosecha, el cerdito que sería su soporte económico ante una eventual consulta al médico de cualquier miembro de su numerosa familia. Le daba, el marranito, la seguridad total que tendría para cancelarle al galeno y adquirir los medicamentos en la farmacia del pueblo.

De manera similar los habitantes de las áreas urbanas acudían a su mínima capacidad de ahorro proporcionándole a la alcancía, ¿el cerdito urbano?, los vueltos y demás devueltas ocasionadas por la cotidianidad de las compras-ventas menudas del hogar. Ello era el plan A para atender los gastos de salud de la familia.

En ambas situaciones para hacerle frente a males de salud atendibles en establecimientos del primer nivel de asistencia, hospitales y centros de salud.

Porque para atenciones más sofisticadas de cirugías y demás, debían desplazarse a la ciudad y acudir a los famosos pabellones de  “Caridad“. Y también salir por las calles a implorar la ” caridad pública”, concitando ciertamente la solidaridad ciudadana.

Posteriormente, ya en mi actividad laboral, fui protagonista de acontecimientos necesarios para atender la salud de los ciudadanos. Como alcalde municipal nombrado por decreto por el gobernador del departamento, tocaba destinar los Fondos Comunes del presupuesto del municipio para pagar medicamentos de las gentes pobres, que eran suministrados por las farmacias de la zona urbana con cargo al presupuesto municipal. Largas filas en los despachos con solamente ese propósito. Deseados los alcaldes por los distribuidores de medicamentos.

Recuerdo con nitidez de gota de agua como dos veces al año nos ordenaba, el superior, convocar la dirigencia cívica local para organizar brigadas tendientes a recolectar fondos con destino a sufragar costos de los pacientes a “Caridad “, casi siempre para la Fundación San Vicente de Paul. Y así era por todos los municipios de la geografía antioqueña.

Llegó por fortuna la Ley 100. El mejor instrumento de política pública en salud en América Latina y 22 en el mundo, dicho por Alejandro Gaviria hoy en el “pacto antipatriótico”.

Probado permanentemente en la cotidianidad de los colombianos comparado en  números entre las quejas, tutelas y millones de episodios entre consultas, tratamientos, cirugías, entrega de drogas, etc. Y  suficientemente también probado en la pandemia ante el derrumbe de los sistemas en otras latitudes .

Petro con sus propuestas de acabar con la ley 100 y reemplazarla por los médicos cubanos, nos promete regresar al marranito, la alcancía y la caridad pública.

Ojo pues colombianos. Ni hacia Cuba, ni hacia Venezuela !!!