Por: Jairo Hernán Ramírez Gómez
El proyecto, con un presupuesto original que lo presentaba rentable y estratégico como inversión para una capacidad de 2.400 megavatios, ahora con la contingencia ya supera los $15 billones, perdiendo su atractivo inicial con casi $5 billones de sobrecosto, con tendencia a aumentar de darse nuevos retrasos y con todas las ocho unidades en operación, de lo cual no hay certeza plena.
Hay otros impactos financieros no reflejados en los costos y presupuesto del proyecto, pero afectan notoriamente a EPM como contratista del BOOMT y como accionista de la Sociedad Hidroituango, también al Departamento de Antioquia, al IDEA y a otros 65 minoritarios con esperanza de recibir dividendos de la Sociedad.
También se han afectado los municipios del área de influencia del embalse y las Corporaciones Autónomas Regionales que presupuestaron ingresos por Ley 99, (6%) de las ventas brutas de energía del proyecto.
Se resalta que la Sociedad Hidroituango y su Junta Directiva, no informan esta nueva realidad en sus informes de gestión a la Asamblea General de Accionistas. Entre otros impactos se encuentran los siguientes:
- Los ingresos no recibidos por ventas de energía en los cuatro años de retraso del proyecto por la contingencia pueden estar entre $6 y $7 billones. Estas ventas no se recuperan jamás, ya eran parte de las proyecciones financieras de EPM, de los socios de la Sociedad Hidroituango y de los municipios como fuente de financiación de sus proyectos y planes de desarrollo.
- La Tasa Interna de Retorno TIR del 11.7%, como costo de capital de las inversiones realizadas por EPM al 28 de abril de 2018, pueden representarle cerca de $4 billones por 4 años de retraso.
- El valor de la garantía que hizo efectiva la CREG por el incumplimiento en la entrada en operación en el 2018 por US$ 43 millones, además de la pérdida de los ingresos por energía en firme durante 20 años que algunos tasan en casi $1 billón.
- El reconocimiento de la utilidad adicional, pactada en el Plan de Aceleración, como premio para el Consorcio Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H, por $70.000 millones, más el reconocimiento de los impuestos si el proyecto entraba en operación comercial en noviembre de 2018, valor este que a pesar de no haber cumplido la meta se continuó pagando.
Se recuerda que el Plan de Aceleración aprobado por EPM, se trató de convalidar por la Sociedad Hidroituango en una Junta Directiva virtual muy cuestionada en diciembre 30 de 2015, penúltimo día de la administración departamental de ese momento.
- Los cargos de gerenciamiento del proyecto por la gestión de EPM, aparte de los otros costos y gastos y de la TIR, ya superan los $5.500 millones mensuales en un proyecto sin avance físico desde la suspensión de la Licencia Ambiental hace más de dos años. Algunos afirman que son los costos de consultoría y asesoría más altos que hay hoy en Colombia.
- Hay otros impactos por los costos de la GAD o tercer túnel colapsado, construido por fuera de los diseños originales del proyecto. También pagos anticipados a contratistas de obra que van a su bolsillo y son de su propiedad, no como anticipos de propiedad de EPM respaldados con pólizas de seguros como había sido lo tradicional.
- El valor de las glosas o notas de auditoría que certifique el Auditor de Costos del proyecto al momento de entrada en operación de las cuatro primeras unidades. A la fecha representan unas cifras apreciables, bien sea porque EPM no las ha justificado o porque no le han sido aceptadas por el Auditor.
- Hay otros impactos financieros menores como son las multas impuestas por la ANLA, que ya se tasan en miles de millones de pesos y las Clausulas de Apremio notificadas a EPM por la Sociedad Hidroituango.
Hay expectativa de recuperar parcialmente estos impactos con la póliza de daños materiales. En los círculos más optimistas se estima que se pueden recuperar $3 billones, pero ya preocupa que a dos años de la emergencia solo se ha logrado un pago anticipado de US$150 millones, además con incertidumbre porque la compañía de seguros ha sido involucrada en los procesos de investigación de los organismos de control.
Hablando de contratación, son muy cuestionados los cambios en las normas contractuales de EPM en el período 2012 – 2015. Hay contratos y convenios con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y con el Operador Social, en cuyo objeto pasa un bus, pero de los nuevos eléctricos y de doble cabina, incluyendo el suministro de personal fomentando las nóminas paralelas.
Con estos impactos, con un endeudamiento creciente y las secuelas que dejará LA COVID 19, no hay un panorama financiero claro para responder con el proyecto Hidroituango, con los compromisos de Caribe Mar y con las transferencias al Municipio de Medellín. Recurrir al endeudamiento como única salida, parece no ser la solución más acertada.
También es urgente unir los esfuerzos institucionales para lograr el levantamiento de la suspensión que hoy tiene la Licencia Ambiental, antes que los enemigos del proyecto nos den una sorpresa.
Como si lo anterior fuera poco, se están reviviendo de nuevo los cuestionamientos sobre las inversiones en Centro América y Paraísos Fiscales, se parecen más a negocios de jugador principiante con plata ajena, de los Medellinenses, que inversiones de crecimiento, de sostenibilidad en el tiempo y rentabilidad.
También están siendo frecuentes los señalamientos de corrupción al interior de la empresa, si mal no recuerdo en las dos ultimas décadas del milenio anterior solo se presentó uno relevante con beneficio personal y detención inmediata, diferente a los que hoy se referencian con beneficios a favor de terceros y contratistas.
Repasando, hay acusaciones del Fiscal General de la Nación en el contrato de obras principales de Hidroituango, del alcalde de Medellín cuando era candidato, también de los que se denuncian en los debates en el Concejo de Medellín y de la Asamblea Departamental y de otros organismos de control. También se volvieron comunes las referencias en medios de comunicación a miembros de Juntas Directivas y a personajes envalentonados, en términos ajedrecísticos “enrocados”, que mueven todos los hilos en EPM y sus filiales, con familiares o parientes y funcionarios que sirven de comodín para sus intereses.
Preocupa que no hay nadie al interior de EPM que salga en defensa de las acusaciones que se hacen y se le de un parte de tranquilidad a los Antioqueños.
Concluyendo, creo que es urgente e inmediato que el alcalde, el gerente y el Concejo de Medellín, enfilen baterías para blindar a EPM frente a la corrupción e intereses de terceros. Si no se toman correctivos en este sentido, cualquier propuesta que se presente para modificar su objeto social o estatutos con un temario diferente sería como “Gastar Pólvora en Gallinazos”, como decían nuestros antepasados.
Todos los Antioqueños Unidos Contra la Corrupción.
Jairo Hernán Ramírez Gómez
