Por: Nicolás Pérez – Senador de la República
¿Cómo debe actuar el Gobierno tras las protestas de esta semana? ¿Se deben abrir las puertas de diálogo con los sectores que han manifestado inconformismo? ¿Es procedente desplegar al Ejército para controlar la situación de orden público? ¿Qué hacer con los vándalos? ¿A cuánto ascienden los daños causados en las marchas? ¿Quién pierde con estos actos?
Es notorio que en el País hay un descontento generalizado. Eso no se puede desconocer. Las manifestaciones de esta semana, y especialmente los cacerolazos, son una prueba más que evidente que la ciudadanía reclama un cambio, un norte en el Gobierno. No es un secreto que la agenda política no le está llegando a la gente.
Por eso, hay que hacer una observación constructiva de lo que se ha hecho hasta el momento. Se debe construir sobre lo construido y corregir los problemas, en especial los relacionados con la estrategia de comunicación. La convocatoria al diálogo nacional hecha por el Presidente es un acto de sensatez que permite construir consenso entre todos los sectores que de manera pacífica se han expresado.
En este contexto, cabe señalar que la desconexión que siente la ciudadanía también es la consecuencia de no haber hecho un corte de cuentas por parte del Gobierno. Algo que pedimos con insistencia. La gente en la calle no sintió el cambio de una administración a otra en muchos temas y ahora se asumen como propias problemáticas heredadas.
Ahora bien, frente a los hechos de violencia no debe haber tolerancia alguna. Los desmanes en Cali y Bogotá pusieron en riesgo a miles de familias y han causado daños materiales por más de $20.000 millones de pesos a bienes públicos y privados. No podemos permitir que eso vuelva a suceder y menos cuando se usa la protesta como falso pretexto para sembrar el miedo en las ciudades.
La decisión de decretar en Cali y Bogotá la ley seca, el toque de queda y desplegar comandos mixtos de Policía y Ejército fue un acto de firmeza que se reclamaba con vehemencia. Controlar los crecientes brotes de violencia sin tales acciones habría sido imposible.
En especial, porque desde el Gobierno se debe actuar con toda severidad para brindarle seguridad a todos los colombianos en cada rincón del País. Esa es una de nuestras principales banderas y debemos hacerla cumplir a cabalidad. El trabajo de los servicios de inteligencia del Estado debe ser implacable para identificar y judicializar a los agitadores que causaron tantas afectaciones.
Con el caos solo ganan los violentos y pierden las familias. Ojalá que esta situación permita apagar las llamas de la polarización y sea el comienzo de un renacer que permita superar las diferencias y construir un pacto sobre lo fundamental en nuestro País.