Colombia espera que esta vez sí haya acertado y que –definitivamente- eso de que “al pueblo nunca le toca”, jamás pueda volverse a repetir en la prospera y resiliente, pero también agreste y vilipendiada geografía de nuestra Nación”.

Por: Héctor Jaime Guerra León*

Con gran expectativa y ante la incertidumbre de muchos empieza a institucionalizarse el nuevo régimen político colombiano. Este 20 de julio y en medio de discursos y hasta rechiflas, se ha instalado el primer ciclo legislativo del Congreso de la República 22-26. El 7 de agosto hará lo propio el ejecutivo, con la posesión del presidente entrante. Se iniciará, así, una nueva etapa de la vida política y social de nuestra patria, ante el asombro de muchos por los drásticos cambios que en materia política se han anunciado, pues en temas económicos, a pesar de las muchas dudas y promesas que se hayan dado, no deberán ser muy sensibles los cambios, dada la inquebrantabilidad y firmeza de las instituciones que nos rigen, ya que somos un Estado demasiado conservador en materia institucional y, a pesar de lo mucho que se diga y las grandes tergiversaciones que tratan de hacerse sobre nuestro futuro gubernamental, no es fácil hacer cambios muy sustantivos en la forma como habrán de darse las reformas económicas en Colombia. El Banco de la República, gran rector de la economía nacional, seguirá siendo el mismo, los impuestos seguirán siendo los mismos, solo que algunos de ellos buscarán mejorar el recaudo y los frentes más importantes desde los cuales se ha nutrido el presupuesto público, tampoco, a nuestro respetuoso juicio, tendrán mayores modificaciones.

Así las cosas, el hecho de que lleguen al gobierno tendencias políticas, de algún modo, distintas a las que han tradicionalmente gobernado, no es que “per se vayan a cambiar el sistema económico reinante. Por ello, el cuento que en algún momento sembró miedo e incertidumbres respecto de que “este será otro Estado comunista y/o Castrochavista”, hoy, en voces de los expertos analistas y de personas serias y realmente conocedoras de la realidad nacional, no ha dejado de ser lo que ciertamente fue desde el principio, un cuento, un embuste para engañar incautos que algunos huérfanos de poder trataron de difundir -como estrategia disuasoria- ante la arrolladora popularidad de su rival, hoy presidente electo. No valieron dichas maniobras y difamaciones y el pueblo se volcó convencido de la necesidad del cambio gubernamental.

Lo que sí se espera que cambien y es a lo cual debe aplicarse el nuevo equipo de gobierno, es a transformar o, por lo menos innovar, las formas de gobernanza, las tácticas para hacer los cambios más esperados por toda la Nación; a combatir la multicriminalidad y creciente violencia que nos carcomen sin tregua; a buscar eliminar de una vez por todas las inmensas brechas de inequidad y de pobreza, los actos indecorosos de corrupción que han proliferado en el ejercicio gubernativo; a buscar mayores oportunidades para la juventud; a establecer estrategias que busquen la eliminación de muchos procesos- huecos- de intermediación, por medio de los cuales se esfuman los más importantes recursos que -a pesar de su significación- no llegan realmente hasta el destinatario final (el pueblo y los más necesitados). Ejemplo de ello son las EPS y muchos emporios que -como los de las contrataciones- se quedan, con el presupuesto público, en la maraña de los grandes y malintencionados vericuetos que se forman, para quedarse con la plata que debía destinarse en salud y en obras públicas, en los bolsillos de unos pocos privilegiados, por no hablar de otros tantos fenómenos y flagelos de corrupción que se han vuelto costumbre en nuestro país y que pululan por doquier, sin que nada ni nadie allá podido ponerles freno. En momentos tan dramáticos y difíciles como los que ha tenido nuestra patria, la idea del gobierno entrante de hacer un auténtico Acuerdo Nacional para buscar la paz y la reconciliación, es lo mejor que le puede ocurrir a nuestro país. Eso solo, sí se logra, sería más que suficiente para dejar una huella imborrable y muy benéfica que cambiará definitivamente el rumbo de nuestra Nación hacia horizontes verdaderos de transformación y cambios en lo más profundo del alma nacional y de toda su institucionalidad.

Ello fue lo que ha impulsado realmente ese gran e insuperable fervor nacional, para que -a voto limpio- los colombianos quisieran -como en efecto hicieron y esperan, que esta vez sí se puedan impulsar las redenciones que en esas materias se están necesitando. No es tanto que el pueblo allá querido salir de la “Derecha”, para virar a la “Izquierda” sin pensarlo o “a la topa tolondra”, fueron los hechos más indignantes y desastrosos de corrupción, violencia, arrogancia oficial y de olvido estatal y dirigencial a los más elementales deberes sociales y gubernamentales, los que han hecho que Colombia se viera avocada a tomar estas decisiones, buscando relevar a una dirigencia tradicional errática, caduca y vetusta, que no fue consecuente con los grandes anhelos y esperanzas de un pueblo que mayoritariamente no aguantó más, después de muchas esperas y angustiosas décadas de incertidumbre y malos tratos; de largos tiempos de aguante, de infructuosas esperanzas y de incontables defraudaciones y trasgresiones políticas, económicas y sociales, las que hicieron que el pueblo definitivamente impusiera sus mayorías. Propiamente no fue un asunto, como se ha querido hacer creer, de izquierdas o derechas, fueron la necesidad y las inmensas y angustiantes realidades nacionales, las que se impusieron a la hora de votar y ahí están los resultados.

Colombia espera que esta vez sí haya acertado y que –definitivamente- eso de que “al pueblo nunca le toca”, jamás pueda volverse a repetir en la prospera y resiliente, pero también agreste y vilipendiada geografía de nuestra Nación. Juntos, como lo ha anunciado el nuevo gobierno, podremos allanar caminos nuevos y llenos de renovado entusiasmo buscaremos los horizontes de paz y de prosperidad por los que tanto hemos luchado. Colombia se lo merece y, solo por ello, vale la pena intentarlo.

*Abogado. Especialista en Planeación de la Participación Ciudadana y el Desarrollo Comunitario y en Derecho Constitucional con Énfasis en normatividad Penal. Magíster en Gobierno.