“Se ha vuelto de lo más común, que cuando uno se enferma, en vez de salir para su EPS, tenga primero que acudir ante el juez en ejercicio del mecanismo constitucional de la tutela, para la defensa de su derecho fundamental a la salud”.
Por: Héctor Jaime Guerra León*
En trabajo anterior tuvimos la oportunidad de referirnos un poco a la gran cantidad de anomalías –por no decir que atropellos- que se cometen por parte de las EPS en contra de sus usuarios y del mismo Sistema de Salud, pues a la postre es éste el que recibe la mala imagen que se genera a causa de los incumplimientos por parte de quienes tienen el importante deber de atender y resolver la demanda de salud en sus diferentes expresiones en nuestro país.
Nada de lo que se ha hecho por intentar corregir ha sido suficiente para que las EPS y el sistema mismo resuelvan este entramado de dificultades, incumplimientos e indignos tratos a que se ven sometidos muy reiteradamente sus usuarios. Muchos de las personas que deben acudir a la EPS saben de antemano a las tragedias y sacrificios a que se deberán someter y tienen la generalizada creencia que su caso sólo será viable si es finalmente resuelto por un Juez. Por eso muchas veces cuando uno se dirige a la EPS, va predispuesto a que le van a decir que no tiene derecho a ese trámite, tratamiento, intervención o droga y se asiste de todas formas, por necesidad y porque dicha negativa es indispensable o prerrequisito, para poder acudir ante la jurisdicción; es decir, ante los jueces, para que sean Ellos los que nos resuelvan nuestros problemas médicos y ordenen la atención o el tratamiento que se requiere en cada caso en concreto.
Eso lo sabe ya hasta el más desprevenido usuario, que deberá ir a la EPS, no a que lo atiendan, sino, infortunadamente, ¡que paradójico y extravagante es esto!, a buscar las pruebas del por qué no lo quieren atender, para poder explicarle al juez cuál es su derecho y por qué no se le ha reconocido su necesidad, urgencia o dolencia en las instituciones médicas que previamente se le han asignado por el sistema para que lo atiendan.
Es tan delicado e incomprensible este tema que se ha vuelto de lo más común, que cuando uno se enferma, en vez de salir para su EPS, tenga primero que acudir ante el juez en ejercicio del mecanismo constitucional de la tutela, para la defensa de su derecho fundamental a la salud, teniéndose que someter no sólo a otros trámites, sino además a otros gastos que se pueden originar en dicho proceso, pues no todo el mundo y, en especial, los enfermos, que lógicamente, casi siempre deberán estar prevalidos de otras personas para que les ayuden a diligenciar sus asuntos médicos y los trámites administrativos y jurídicos que muchas veces se desprenden de éstos, hasta teniendo que pagar asesoría para que alguien les ayude a formular las tutelas; pues a pesar de que es un proceso relativamente fácil, de todas formas y muchas veces por desconocimiento de ello, hay que acudir a expertos para que los asesoren y, obviamente, debiendo pagar por ello.
Véase pues a todo lo que nos han sometido con la “creativa” idea de crear las EPS, como intermediarias, pensando en solucionar uno de los problemas más sentidos que tiene el pueblo colombiano, lo único que lograron fue generar mayor desprotección y desesperanza para quienes quedamos inmersos en tan perverso sistema, que cada día va degenerando más y más hasta dejar a muchos enfermos en el mayor desamparo y desprotección, por falta de tan significativo servicio (atención), como es la salud, que –paradójicamente- está consagrada en nuestro orden jurídico, como uno de los derechos fundamentales más sagrados e inviolables que existen en nuestro “Estado Social y democrático de Derechos”.
Digo que el asunto se ha degradado cada día más, es porque primero uno podía estar tranquilo que después de todas estos desgastes y dificultades –por no decir que humillaciones- tratando de encontrar atención médica, una vez lograba que el juez le tutelara o protegiera el derecho a asistencia médica; esto es, que se ordenara por un juzgado a la EPS la prestación del servicio, atendiendo al paciente de conformidad con sus padecimientos y/o patologías, uno podía estar tranquilo porque la atención llegaba muy rápido, casi siempre dentro de las 48 horas siguientes al respectivo fallo, como reza la sentencia o fallo judicial en esta materia.
Pero, ¡oh sorpresa! El asunto muy pronto dejó de ser así, ya tienen la forma, a través de cuanta treta y artimaña se inventan, para no cumplir las sentencias judiciales, para burlarse también de la tutela y desconocer tan importante derecho fundamental, tan pronto como se ordena o lo requiere la urgencia médica, teniendo el paciente –ante el nuevo agravio- que acudir otra vez ante el juez que emitió la orden a interponer el famoso incidente de Desacato a Resolución judicial, que es como otra pequeña tutela al interior del proceso de tutela ya interpuesto. Es increíble y absurdo todo lo que tiene que pasar para que estas entidades nos puedan prestar el servicio y reconocer nuestro derecho a tener una adecuada y oportuna atención a nuestras falencias médicas. Ocurriendo que muchas veces el paciente no sabe que tiene ese otro instrumento legal y desiste del trámite o se queda esperando, lo que obviamente, es aprovechado por la EPS para no cumplir la tutela; esto es, para no atender al paciente, pisoteándole con tal actitud tan fundamental y sagrado derecho.
Es sencillamente inhumana la forma como estas entidades se aprovechan de su liderazgo, autonomía y poder, haciendo hasta lo imposible(ilegal) para desatender los mandatos que la constitución y la ley les han otorgado expresamente y a lo que por deber misional e institucional se han obligado en esa materia; pues la salud -como ya se dijo-, es un servicio esencial, un derecho fundamental que tiene toda persona, que debe garantizarse y respetarse por encima de cualquier otra consideración, por importante que ésta sea, no se le puede negar ese derecho a nadie. Pero aquí en Colombia, aquí en “el país del Divino Corazón” ello sucede constantemente, sin que –efectivamente, nada se haga, distinto a la tutela, para corregir tan deprimente y sensible situación. Pues a pesar de que este problema es ya de público conocimiento, ninguno hace nada eficaz para solucionarlo, todo se reduce a decir como siempre, que se están haciendo los estudios y exhaustivas investigaciones y que muy pronto se establecerán los correctivos y a los responsables se aplicarán ejemplares sanciones. Pero pasa el tiempo, al igual que los gobiernos y todo queda en lo mismo, en el olvido.
*Abogado. Especializado en planeación de la Participación y Desarrollo Comunitario; en Derecho Constitucional y Normatividad Penal. Magister en Gobierno.
