“El Estado puede responder por los daños que cause originados en actividades extracontractuales ejercidas en el cumplimiento de sus deberes funcionales y legales”.
Autor: Héctor Jaime Guerra León
El fenómeno conocido como daño antijurídico es el mayor ingrediente- insumo para la estructuración de responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado y la responsabilidad puede configurarse en virtud de sus relaciones contractuales con los particulares u otras instituciones públicas, pero también el Estado puede responder por los daños que cause originados en actividades extracontractuales ejercidas en el cumplimiento de sus deberes funcionales, legales y/o constitucionales. La responsabilidad en términos generales se ha entendido como la “obligación que tiene una persona que ha inferido daño a otra, de reparar dicho daño.”
A pesar de la trascendencia del tema, en el orden jurídico; es decir, en la ley y la constitución, no se tiene tipificado o definido que es daño antijurídico. Pero, en el mundo de la academia y, en la práctica judicial, se han establecido criterios claros tendientes a precisar que ha de entenderse como “la lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo que las personas que lo sufren no están obligados a soportar”.
En el ejercicio de la actividad gubernamental, para el cabal cumplimiento del deber ser y de los objetivos misionales del Estado, los funcionarios encargados o delegados para tales efectos pueden, inclusive, suelen tener o incurrir en una gran cantidad de acciones u omisiones que –finalmente- resultan siendo lesivas de los intereses que prometieron promover y defender al asumir el sagrado deber de hacer parte del servicio público en una empresa, programa u organización estatal que –en todo caso- será una empresa de la comunidad; es decir, de todos los miembros de la sociedad (comunidad- ciudadanía).
A diario estamos viendo, por parte de la administración pública, todo tipo de acciones y de omisiones que lesionan o menguan los intereses, los anhelos, los derechos y las aspiraciones de la comunidad y de la ciudadanía en general. Con muchos de esos comportamientos, los funcionarios lesionan de manera sustancial o grave los derechos de los administrados, de los particulares, a quienes deben servir y cuidar celosamente; pues para ello fue erigido o realizado el pacto social que ha dado lugar a la creación del Estado, para servir a la sociedad y velar por brindar servicios, promoviendo y garantizando cabalmente el cumplimiento estricto e integral de los derechos que tienen todos y cada una de las personas que hacen parte de dicha organización política, por ello se le ha denominado Estado Social de Derechos.
Pero ello, infortunadamente, no es siempre así y son bastantes los desafueros e irregularidades que se pueden cometer por parte de los servidores públicos que han olvidado que tienen bajo su responsabilidad, en una cualquiera de las muchas expresiones en que el Estado debe asumir la inaplazable tarea de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”.
Hoy un incontable número de quejas, denuncias y demandas se presentan ante las diferentes instancias administrativas, disciplinarias y/o judiciales por todos los malos manejos, errores, delitos y arbitrariedades que en cumplimiento de su misión incurren los representantes de la comunidad; es decir, la burocracia o la administración pública en el desempeño de esa sagrada misión. Muchos de esos desafueros se comenten por negligencia, algunos con mala intención; es decir, de mala fe o con el ánimo de hacer daño al Estado y a los administrados, por beneficio propio o de un tercero, por hacer o no hacer lo que le corresponde, por tráfico de influencias y por muchos otros factores que han influido o que llegan a constituirse en terribles enemigos de la buena marcha y el bienestar del Estado y la sociedad, como lo son las múltiples expresiones delincuenciales generadas por la corrupción.
Sea como fuere, lo cierto es que el Estado; es decir, la comunidad, los ciudadanos, estamos afrontando hoy, por causa de esos flagelos, altísimas y multimillonarias demandas por sumas económicas de carácter astronómico, que tienen a la organización estatal al borde de la quiebra, con deudas por pagar, que han frenado o impedido el desarrollo, la inversión y la atención a muchos sectores del país, que por falta de esos dineros que se tienen que destinar para pagar esas altas indemnizaciones y reparaciones, no podrán ser invertidos para lo que realmente se necesita en Colombia, si es que realmente se tiene interés en combatir los lamentables estados de desigualdad, inequidad y pobreza social que nos agobian y que crecen, por estas y otras razones, a ritmos ciertamente escandalosos e incontrolables.
*Abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo- regional Antioquia. Especialista en Planeación de la Participación y el Desarrollo comunitario; en Derecho Constitucional y normas penales. Magíster
