El Control Fiscal está perdiendo el pulso con la corrupción
Por: Iván Echeverri Valencia
Antes que llegara la comisión Kemmerer a Colombia, existía en nuestro país desde 1604 la Corte o Tribunal de cuentas. A partir de la Ley 42 fue creada la Contraloría por el Congreso de la República, atendiendo las recomendaciones de los expertos norteamericanos. Las funciones iniciales era la de contar los elementos de propiedad del Estado, ejercer el control de las estampillas y el de examinar y verificar las entradas y el licenciamiento de los efectivos de la policía y del ejército nacional.
La Contraloría, en 1932 fue organizada como una oficina de control fiscal y de contabilidad y a la cual debería rendirse cuentas sobre el manejo de los recursos y bienes públicos.
Al ente fiscalizador se le dio rango constitucional en 1945 y se indicó los mecanismos de elección del Contralor y el período del mismo. Veinte y tres años después se le otorgó la facultad al Congreso de la República de nombrarlo para un período de cuatro años.
La figura del control previo, perceptivo y posterior, nace con la Ley 20 de 1975, quien además ordena fiscalizar a los particulares que manejan recursos públicos como también refrendar los contratos de deuda pública.
Con la reforma de 1991, infortunadamente se eliminó el control previo, priorizando el control fiscal en el posterior y selectivo, dando lugar a que se abriera el grifo para el desangre actual de los presupuesto oficiales. El control posterior, es extemporáneo e incapaz de redimir el daño, el de prevenir las irregularidades y de neutralizar el sinnúmero de mañas con que cuenta hoy en día los corruptos y sus aliados para defraudar al Estado.
En el año 2000, la Ley 610 , definió el concepto de Gestión Fiscal, determinó los elementos y fundamentos de la responsabilidad , creó la figura de la caducidad y de la prescripción y extendió la responsabilidad fiscal a los herederos en caso de fallecer el responsable.
Después de este pequeño prolegómeno sobre los inicios de la Contraloría, nos adentramos en el presente sobre la efectividad y eficacia de estas instituciones a nivel nacional, regional y local.
Hoy en Colombia, lamentablemente se sustraen de los Entes del Estado, cifras astronómicas que pueden superar los 50 billones de pesos, sin que los órganos de control ni los judiciales logren evitarlo y mucho menos recuperar siquiera una mínima parte, como lo expresa el Contralor General de la República: “que solo su despacho puede recuperar el 0.4% de lo que se investiga. Todo lo demás se pierde”.
Estamos viviendo una época de antivalores, del más sagaz , artero y ladino que buscan cualquier oportunidad para alzarse con lo que no es suyo y, estos inescrupulosos circundan permanentemente como buenos roedores las instituciones públicas, con el único propósito de saquearlas sin importarle el daño que puedan causarle a la sociedad.
Esta clase de malandrines no sólo existen dentro del sector público sino también en el sector privado, actuando en la mayoría de las veces en contubernio para desfalcar las arcas del Estado. Los últimos escándalos que se han dado en el país, sobre el detrimento patrimonial contra el Estado, siempre aparecen los particulares o entes privados manipulando pliegos, ofreciendo coimas , sobornos , incumpliendo contratos , conformando carteles y carruseles de la contratación , malversando anticipos, sobrecostos y entregando obras inconclusas y de mala calidad .
La corrupción nos carcome, es el mal de la época y más peligroso que todas las manifestaciones de violencia, convirtiéndose en el verdadero combustible de la pobreza y de la inequidad que conlleva siempre a la desigualdad generando toda clase de injusticias en el pueblo colombiano.
Los órganos de control ante su rezago y politización vienen perdiendo el pulso ante los corruptos, sus argucias superan ampliamente la capacidad de reacción de los fiscalizadores, por lo que requieren toda clase de apoyos y de dotarlos de las suficientes herramientas legales y tecnológicas para ponerlos a tono con la difícil realidad. Los entes fiscales requieren ser autónomos, fuertes, capaces de dar la dura batalla contra este flagelo ignominioso, por lo que no debemos ser tan cicateros en proveerlos de todo lo que necesiten.
De los padres de la patria, por obvias razones, no podemos esperar mucho de ellos para fortalecer el control fiscal, disciplinario y penal, por lo que tiene que darse una presión real a través de una movilización social, para exigirles la expedición de leyes menos complacientes con los delincuentes y sobre todo que faciliten la intervención oportuna, eficaz y eficiente de los órganos de control.
Debemos pensar que debemos emprender cuanto antes una guerra sin cuartel contra la corrupción, sin paños de agua tibia, sino con medidas de fondo que enfrenten de una vez por todas este flagelo, agilizando los procesos fiscales y disciplinarios, endureciendo las sanciones, llevando a la cárcel a los responsables, imponiendo penas ejemplarizantes , no otorgando ninguna clase de beneficios o subrogados, aplicándoles la muerte política e inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos o poder acceder a cualquier tipo de contratación.
Inadmisible que los gremios se entrometan en la reforma del control fiscal y totalmente desesperanzador cuando el Contralor General de la República, le informa al país que el articulado del proyecto de Ley, fue conciliado con ellos. Ante semejante adefesio, no sería raro pensar, que nos va a tocar entre muy poco ver al Ministro de Justicia conciliando el Código Penal con el clan del golfo u otra chusma. Puede ser un chiste de mal gusto, pero en Colombia, todo es posible.
Me enerva observar como se irrespeta los roles de la Contraloría y de las funciones del Congreso, cuando los gremios quieren incidir en sus decisiones a sabiendas que cuentan entre sus afiliados con eventuales sujetos a hacer investigados por el ente fiscalizador. Flaco favor le prestan a la lucha contra la putrefacción, cuando pretenden actuar como juez y parte. ¿Acaso esa intromisión no se constituye en un tráfico de influencias o en un conflicto de intereses?
La corrupción invadió todos los sectores y niveles de la sociedad, da grima observar como se pasean por todas partes sin ninguna vergüenza, ante la indiferencia de muchos y la perplejidad de otros. Si el enjambre de delincuentes supera la capacidad del Estado, los grandes damnificados seremos todos.
No olvidemos que en tiempos de corrupción, por razones obvias, a los ratones no lo podemos poner a cuidar el queso.
