Por: Félix Alfázar González Mira
Este no es más que la herramienta que permitirá que la administración gestione las tierras partiendo de la disposición y conocimiento real de la situación de los predios y de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. Instrumento definitivo para la planeación del desarrollo, legalización de propiedades, aumento medible de la riqueza, alienta el mercado de bienes inmuebles no transables al convertirlos en activos con todas las consecuencias en el movimiento de la economía pública y privada, vía tributos.
La Constitución Nacional señala que uno de sus principios fundamentales es la autonomía de sus entidades territoriales en la gestión de sus asuntos, situación que no se cumple en lo que tiene que ver con los únicos impuestos de los cuales son dueños los municipios: predial e industria y comercio.
La ley exige que cada cinco años los predios deben ser actualizados y formados aquellos que lo requieran, por parte de las administraciones municipales. El 93 por ciento de los catastros municipales se encuentran desactualizados. Las razones principales para que esta circunstancia se presente son políticas y económicas. Las primeras, porque la falta de responsabilidad del mandatario lo lleva a no hacerle exigencia de esfuerzo fiscal a sus habitantes por el rechazo que genera ello en la comunidad y posteriores aspiraciones del gobernante. Lo segundo porque esos procesos de estudio y consultoría resultan costosos para la mayoría de los municipios colombianos; teniendo que acudir al crédito en el sector financiero afectando su capacidad de endeudamiento para otros proyectos de inversión social.
Para hacerle frente a estos dos asuntos se debe pensar en elegir con responsabilidad gobernantes serios, preparados y con un elevado criterio de estadista que responda a la famosa frase de Alfonso López Pumarejo cuando señalaba que: ” El estadista es aquel que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Y lo segundo nos llama a la imaginación para idearse sistemas que permitan que los municipios no tengan que acudir a su capacidad de endeudamiento en estos menesteres, a pesar de ser la inversión más productiva porque el retorno es con creces, y nos obliga a buscar alternativas que le suplan ello. Datos generales nos indican que la inversión en actualizaciones catastrales le genera ingresos a la entidad territorial el siguiente año de entre el cincuenta y el ochenta por ciento adicional al recaudo del año anterior. Y en otros eventos, por la precariedad o lo incipiente de su formación, hasta del 120 por ciento.
El Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque abrió la competencia a la gestión catastral. Ya no solamente el Instituto Agustín Codazzi hace esa tarea, sino que se han venido habilitando otras entidades públicas. Igualmente se acaba el monopolio del catastro de Antioquia, de Medellín y Bogotá.
Se debe pensar en buscar un instrumento que combine la gestión con el crédito y la operación del sistema de catastro. Allí podríamos tener unos municipios con mayor autonomía, fortalecidos financieramente desde lo local, arrastrando mayores transferencias del sistema general de participaciones por el esfuerzo fiscal que realizan. Además de pensar en el efecto de rebote que produce sobre los presupuestos de las corporaciones autónomas regionales por las transferencias de la sobretasa al impuesto predial que realiza, por ley, la entidad territorial a las tesorerías de aquellas. Pensemos de manera similar sobre los efectos de la valorización de activos en el patrimonio y ello sobre los recaudos nacionales.
En fin, sería una gran revolución la que se generaría activando todo lo relacionado con el catastro multipropósito.
La autonomía que tanto reclaman las entidades territoriales se puede empezar a ejercer desde la base local para fortalecerse, no solo fiscalmente, sino en sus inversiones, en sus instituciones, en su capacidad de gestión ante el departamento y nación y en todo el desarrollo integral de la municipalidad.
