Por:  IVÁN  ECHEVERRI  VALENCIA

Quienes apoyaron  la candidatura del hoy  Presidente Iván Duque, aspiraban a que se retomará o se regresara a tiempos de la política “de la seguridad  democrática” por los resultados positivos en la recuperación del orden público entre los años 2002-2010; mientras otros  piensan que sus efectos  no fueron tan contundentes dado que la guerrilla y los paramilitares siguieron “vivitos y coleando”.

Si somos honestos, debemos expresar, que el ambiente hostil y los vientos de guerra siguen soplando, ni siquiera los acuerdos de paz firmados con las Farc, se han podido consolidar, quizás por falta de voluntad política del actual gobierno que no actúa de manera decidida a implementarlos o hacerle las correcciones que considere pertinente para salvarlo, dando pie a que se presenten deserciones y se conformen disidencias.  

Colombia, país complejo por sus dificultades económicas y sociales, con una pobreza que raya en lo escandaloso y con unos problemas gravísimos de orden público por cuenta de la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y grupos armados ilegales  que con su accionar terrorista expanden  el miedo y el terror en diferentes zonas del país.

Departamentos como el  Cauca, el Caquetá, el Meta, el Putumayo, el Chocó; Norte de Santander (región del Catatumbo) y, en  Antioquia las subregiones del Bajo Cauca,  el Suroeste, el Nordeste y Urabá  están seriamente afectadas por la violencia.

Capítulo aparte merece El Bajo Cauca antioqueño con una extensión de más 8.400 kilómetros cuadrados, conformada por seis municipios: El Bagre, Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá y Zaragoza,  acogiendo aproximadamente unos 315.000 habitantes, el grueso de su  población  tiene menos de 25 años, equivalente  a un  53%.  Su actividad económica se funda en la ganadería, la minería y el comercio.  En los últimos años ha tenido un pequeño repunte económico gracias a la producción de arroz.

Esta región ha vivido de sobresaltos que le han afectado enormemente en su crecimiento y desarrollo económico y social. Les correspondió vivir la zozobra por la emergencia suscitada en la construcción de la represa de Hidroituango, que los ha perjudicado y que aún los mantiene en vilo por el inminente peligro que esta genera.

Ahora sus habitantes no solo deben convivir con el riesgo de Hidroituango sino también con el fuego cruzado entre  los ilegales,  apoyados por algunos carteles internacionales, que los mantiene sometidos y sumidos en un silencio sepulcral a causa del terror que ellos imparten. Solo se atreven advertir que el Estado viene perdiendo la partida por no decir la batalla con los grupos criminales conocidos en la zona como los Caparros y el Clan del Golfo, a pesar de algunas acciones positivas de la Fuerza Pública.

Estos bandidos, se disputan tan importante y estratégico territorio en las estribaciones de la Cordillera Central, entre las serranías  de Ayapel y San Lucas, para el manejo de los cultivos ilícitos, sus laboratorios y rutas expeditas para su tráfico, contrabando de armas y minería ilegal.        

Los Caparros y los del Clan del Golfo, actúan a toda sus anchas, como “ perros por su casa”, haciendo retenciones, secuestros extorsivos y cometiendo asesinatos; cobran vacunas a comerciantes, a ganaderos, a mineros legales y ancestrales, a los propietarios de maquinaria amarilla, a los dragueros o barequeros; se pavonean por el territorio portando armas de largo alcance; fijan horarios y cierran establecimientos de comercio; ejercen retenes e impiden la movilidad; hurtan y hacen desocupar fincas; ordenan paros cívicos, toques de queda,  roban ganado, siembran minas antipersona, queman vehículos y atacan a la Fuerza Pública, según testimonios de los mismos habitantes..

En los últimos meses estos antisociales propiciaron desplazamientos forzados en 10 corregimientos de Cáceres y Tarazá, los cuales se encuentran, hoy, solos o semi-deshabitados.

Es inexplicable y desdice mucho de quien verdaderamente manda en la región, que debiera transcurrir una semana larga para que las autoridades pudiesen realizar el levantamiento del cadáver del presidente de la acción comunal de la vereda Caracolí del municipio de Tarazá, porque sus asesinos impedían la diligencia judicial.

Los jóvenes por la falta de oportunidades y el abandono del Estado son presa fácil para su reclutamiento e inclusive ni los menores de edad se escapan de las garras  de estos criminales.

El panorama es horripilante y desolador para los habitantes de esta región antioqueña, quienes se sienten desprotegidos e impotentes ante el abandono del Estado. El Bajo Cauca no puede seguir siendo un territorio sin institucionalidad, sin autoridad civil fuerte y con una comunidad vilipendiada y sometida por los  gamberros y maleantes, quienes” actúan sin Dios y sin Ley”.

La región, que se encuentra sobre diagnosticada, es tierra muy rica, pero paradójicamente, con pobladores en  la pobreza absoluta, por lo que, aparentemente, sobran los repetidos e inútiles Consejos de Seguridad y los Consejos Comunitarios; lo que verdaderamente se necesita es voluntad política, acciones efectivas, urgentes y sostenidas por parte del Gobierno Nacional, de la Gobernación y de las Alcaldías, para recuperar esta promisoria región  y  proteger de manera preferente la vida y bienes  de todos sus habitantes.

 

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