¿UNA MEDIDA NECESARIA O UN RIESGO INACEPTABLE?
Por: LUIS CARLOS GAVIRIA ECHAVARRÍA
Las inversiones forzosas, en el contexto propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, representan una intervención estatal en el sistema financiero que podría tener consecuencias profundas y potencialmente dañinas para la economía del país. Si bien la intención de redirigir recursos hacia sectores productivos y estratégicos es loable, el método sugerido plantea varios riesgos que no deben ser subestimados.
Primero, es esencial entender que la confianza es la piedra angular del sistema financiero. Cuando los ciudadanos depositan su dinero en los bancos, lo hacen con la expectativa de que estos fondos estarán seguros y serán gestionados de manera profesional, sin interferencias arbitrarias. La idea de que el gobierno pueda tomar parte de estos ahorros para destinarlos a proyectos específicos genera una percepción de inseguridad que podría desencadenar una retirada masiva de depósitos, desestabilizando así a todo el sistema financiero.
Además, esta medida podría ser vista como un precedente peligroso. Si el gobierno actual puede redirigir ahorros privados hacia proyectos que considera prioritarios, ¿qué impediría a futuros gobiernos hacer lo mismo, quizás con fines menos nobles? Este tipo de intervenciones socava la confianza en las instituciones y puede llevar a un ciclo de inestabilidad económica y social.
El costo del crédito es otro aspecto crítico que merece análisis. Si los bancos se ven obligados a destinar una parte significativa de sus recursos a proyectos determinados por el gobierno, esto reducirá su capacidad de prestar a otros sectores de la economía. Como resultado, las tasas de interés podrían aumentar, haciendo más difícil para las pequeñas y medianas empresas acceder al financiamiento que necesitan para crecer y crear empleo. Esta contracción del crédito podría frenar la recuperación económica en lugar de impulsarla.
La propuesta de inversiones forzosas también plantea serios interrogantes desde el punto de vista legal y constitucional. La apropiación de ahorros privados para fines gubernamentales podría ser considerada una medida cuasi confiscatoria, lo que no solo sería impopular, sino que también podría enfrentar desafíos judiciales que prolonguen la incertidumbre económica.
Ante este escenario, es crucial que el Senado de la República actúe con prudencia y responsabilidad. Los senadores deben sopesar cuidadosamente los posibles beneficios de esta medida frente a los riesgos que podría desencadenar para la estabilidad económica y social del país. En lugar de apoyar políticas que podrían desestabilizar la economía y socavar la confianza en el sistema financiero, el Senado debería buscar alternativas que promuevan el crecimiento económico de manera sostenible y equitativa.
Aunque la reactivación económica es una necesidad urgente, no debe buscarse a través de medidas que puedan poner en peligro la estabilidad financiera y la confianza de los ciudadanos. Es responsabilidad del Congreso y de todos los actores políticos asegurar que las políticas públicas se diseñen y ejecuten de manera que protejan los intereses de todos los colombianos, sin recurrir a acciones que puedan ser vistas como un “atraco” a la comunidad. La sensatez y el respeto por los principios constitucionales deben guiar las decisiones en este momento crítico para el país.
