“En nuestro país pensionarse no es -como debiera ser– un derecho para todos los trabajadores, sino un privilegio para un pequeño grupo de ellos.”
Autor: Héctor Jaime Guerra León*
Es innegable que nuestro país ha venido teniendo un desarrollo realmente sorprendente, en términos de crecimiento ya no somos los de antes. El siglo XXI ha traído consigo enormes avances en muchos aspectos especialmente en el campo de la economía. Infortunadamente ello no ha generado un avance social, equilibrado y justo, para todos los sectores y ciudadanos; pues mientras a unos les ha ido exageradamente bien a otros no tanto y son muchos los que han sido víctimas de dicho crecimiento y han sucumbido ante la adversidad y el olvido por parte del Estado y la Sociedad que permanecen imperturbables ante muchos de los factores generadores de tan notables desigualdades.
Nuestro país es muy extraño, parece que no nos afecta que a la gente no le vaya bien, mientras que al mercado y la economía les asistan los éxitos y las grandes ganancias (lucros) y, si nos importa, poco se hace para evitarlo o para impedir que ello siga sucediendo así. Desde niño he escuchado la lapidaria y famosa frase que nos ha caracterizado en términos de rendimiento y productividad y que de alguna manera ha inspirado también el pensamiento gubernamental y del gran empresariado, lo importante es que “a la economía le vaya bien aunque el país le vaya mal”.
Hay un deplorable e inocultable sentimiento de hipocresía e impotencia, queriendo esconder bajo el manto de las apariencias y las simulaciones, los errores y fracasos de nuestro sistema económico que -contrario a su deber ser misional y social- se ha erigido como un gran protector de privilegios y monopolios, que (en materia económica y social) han aumentado sin control los grandes monstruos de producción y competitividad que han arrasado con el débil y lo han sometido a las más crueles relaciones de sumisión y dependencia. Ello ha generado las lamentables e incontrolables brechas de desigualdad e inequidad -económicas y sociales- sobre las cuales se habla siempre y las que casi todos –dirigentes y gobernantes- prometen combatir extinguiendo sus causas, pero que casi nadie hace algo verdaderamente orientado a corregir tan odioso e injusto sistema.
En una verdadera justicia social, a la cual debe orientarse el actuar de todo ejercicio gubernamental, debe hacerse “un reparto equitativo de los bienes sociales”, por hacer parte inequívoca de todos los miembros de la comunidad, sin exclusión de ninguna índole.
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, casi la mitad de la población del mundo vive con menos de 2 dólares al día. En demasiadas naciones y, con mucha mayor razón en Colombia, el hecho de tener un trabajo no es ninguna garantía de que sea posible salir de la pobreza o de una cualquiera de las distintas dificultades económicas que afectan a una inmensa mayoría de las familias del país, pues un alto porcentaje de la gente vive de la informalidad y de trabajos muy duros y mal remunerados, sin seguridad social integral y con un alto riesgo de no llegar a pensionarse, pues cada vez se hace más difícil e inalcanzable dicho beneficio. Paradójicamente en nuestro país pensionarse no es -como debiera ser–un derecho para todos los trabajadores, sino un privilegio para un pequeño grupo de ellos.
El desarrollo Económico y el progreso social no han sido equitativos, mientras unos sectores, los más favorecidos –monopolios y grandes conglomerados- crecen aceleradamente, generando ganancias exorbitantes, para los demás sectores se endurece dramáticamente el grado de dificultad para mantenerse en el mercado (medio productivo) y su crecimiento es muy lento, cuando no es que se estanca, generando depresión económica, inestabilidad y angustia social, etc.
El mundo entero aún no piensa con seriedad en la instauración de auténticas políticas, planes y estrategias que enruten este penoso y caótico tránsito hacia un mejor rumbo, que permita contrarrestar definitivamente la desigualdad, la inequidad y las injusticias que en términos económicos y sociales han venido imperando, con miras a reducir los alarmantes e inhumanos índices de pobreza y miseria en los que están sumidos inmensos y significativos sectores poblacionales; lo que –obviamente- es causa suficiente o propicio caldo de cultivo para el surgimiento de otros difíciles y crecientes problemas y falencias sociales, individuales y familiares que en materias como la delincuencia común y/u organizada, corrupción, descomposición social, alcoholismo, drogadicción, prostitución, desintegración familiar, desempleo, entre otros horribles y deplorables flagelos que nos atacan permanentemente, por causa de los privilegios y desigualdades que se han generado, perpetuándose alarmantemente la pobreza y la miseria en materia económica y social, por lo que históricamente nos hemos caracterizado como uno de los países más violentos, injustos e inequitativos de nuestro continente, por no decir que del planeta mismo.
De nada ha valido que –más que por apariencias que por beneficios reales- nos hubiéramos vinculado a una de las organizaciones internacionales presuntamente más poderosas en la lucha mundial contra la pobreza de las naciones asociadas, como en efecto lo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE; pues, hasta el momento, y por lo menos en materia social, en nada es lo que nos ha beneficiado; por el contrario, pareciera que pertenecer a este gran coloso universal, como estar al lado de los poderosos, sea una mera estrategia política y retórica, una forma de esconder nuestras más deplorables falencias y debilidades.
*Abogado Defensoría del Pueblo Regional Antioquia. Especialista en Desarrollo Social y Planeación de la Participación Ciudadana; en Derecho Constitucional y Normas Penales. Magíster en Gobierno.
