La corrupción alcanzaría límites insoportables
en cualquier lugar de Colombia en que aparecieran
políticos deshonestos y jueces venales.

Cuando la relajación ética los llevara a la práctica de influencias y al discurso demagógico que tiene por fin engañar al pueblo con el único fin de conseguir votos. Cuando el afán de servicio público se convirtiera en una mera pantalla para disimular el lucro y la ambición de poder político y personal. Cuando los partidos políticos antepusieran el poder partidista al bienestar del pueblo, y sus mensajes y acciones no tuvieran por objeto defender los derechos ciudadanos, sino mantener cúpulas y clanes de poder desvinculadas de los reales intereses y necesidades comunitarios.

Existiría también inmoralidad política manifiesta si se pretendiera amedrentar o presionar a los jueces o torcer los designios de la justicia mediante amenazas solapadas en contra de los magistrados o cuando funcionarios públicos de alto nivel publicitaran declaraciones personales expresando su opinión sobre hechos no juzgados.

Las presiones de la prensa, cuando efectúa exhaustivas campañas en contra de personas cuyos supuestos delitos no han sido establecidos legalmente, constituyen también una forma poco ética de intervención sobre los tribunales de justicia, cuyos magistrados podrían prejuiciarse y perder la imparcialidad necesaria para que la justicia sea realmente tal. La independencia del poder judicial constituye un requisito indispensable para el ejercicio de la justicia. Para ello, sin embargo, la carrera funcional del estamento judicial debería permanecer completamente protegida de toda injerencia política, lo que por desgracia no ocurre. El sistema judicial descansa sobre la buena fe de todos los que participan del “contrato social”, y si esa buena fe es vulnerada, la Corte Suprema de Justicia colapsa.

Resulta lamentable, además, la escasa posibilidad que tiene un ciudadano en la práctica para denunciar con éxito los posibles abusos o faltas que pudieran ser cometidos por jueces y funcionarios judiciales y públicos, dado el poder que tienen éstos para disponer de su libertad y su honra. Le resultaría imposible al afectado por la conducta ilícita de un juez pretender denunciar su falta sin haber logrado hacerse de pruebas contundentes del hecho, lo que sería bastante improbable que ocurriera, a no ser que la víctima se convirtiera en espía o policía. Si ocurriera, por ejemplo, el desgraciado caso de que un juez fuera sobornado por un político, sería improbable encontrar los elementos que acreditaran la verdad de lo ocurrido, que permanecería impune en forma indefinida.

Si un abogado llegara a actuar incorrectamente con su propio cliente, aprovechándose indebidamente de la información que posee, ¿a quién recurrir?; ¿a otro abogado? En el terreno de las suposiciones, me imagino que no debe ser fácil que un abogado se querelle contra un colega o que un juez accione contra otro, pero si mi suposición es fruto de la ignorancia judicial pido excusas de antemano. Creo, sin embargo, que son muchas las personas que tienen dudas similares y desearían una mayor transparencia en el área de poderes estatales, judiciales y políticos sensibles a la corrupción.

La ética más elemental exige absoluta transparencia en la administración de la justicia, lo que para el lego en la materia no existe. Transferencia diáfana en lo que hacen los diferentes poderes del Estado y para qué lo hacen. Transparencia cristalina de las actividades de los altos funcionarios de gobierno y de los señores Congresistas, Diputados y Concejales de Colombia. El pueblo necesita estar siempre informado sobre qué es lo que hacen, cómo viven, en qué clase de negocios o actividades ilícitas participan. En una democracia, la gente no puede quedarse con la molesta sensación de que un poder inquisitorial anónimo e invisible silencia rápidamente toda crítica o intento de desenmascarar la corrupción en las altas esferas y que, en vez de facilitar aquello, lo dificulta al extremo de hacerlo imposible.

Tampoco puede sospechar que una justicia ciega o caprichosa encarcela a gente honesta y jamás castiga, en cambio, a cierta clase de gobernantes y políticos delincuentes, sin dar una explicación racional sobre los hechos, cuando el pueblo pide a gritos transparencia, honestidad, verdad, justicia, libertad y paz.

Cordialmente,
LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS Medellín, julio 16 de 2020