La “corrupción blanca” es la del sujeto que, siendo honesto está muy lejos de ser realmente humano, permaneciendo desvinculado de las facultades superiores atribuidas tradicionalmente a la especie humana.
La “corrupción negra” es todo lo anterior, más las acciones y conductas que vulneran el ordenamiento Jurídico y penal.
Por: LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS
La corrupción se presenta en su peor forma cuando arrastra a quienes poseen alguna clase de autoridad otorgada por el Estado, la Empresa Privada o la Sociedad, ya que estos Servidores Públicos son justamente los que debieran velar por la pureza del orden social, en vez de lo cual conculcan, en ocasiones en forma atroz, el alto mandato recibido. Los delitos engañosos cometidos por Servidores Públicos en el ejercicio de sus cargos ameritan una sanción moral y jurídica más grave que en otros casos, ya que el escudarse bajo alguna figura de la ley como el Habeas Corpus quedan convencidos que nadie sospecha de ellos y, que automáticamente quedan declarados inocentes de sus delitos cometidos. ¡Craso error de percepción para pretender burlarse de la justicia!
Mientras más alto sea el cargo, mayor prestigio del que se goza y más grave resulta el delito de prevaricación, porque existe un aprovechamiento abusivo de la buena fe pública. No todas las faltas éticas y morales merecen la misma sanción, ya que mientras más alta es la posición pública de un individuo mayor es la repercusión que pueden tener sus actos y palabras. Esto ocurre, hoy, con la demagogia y politiquería en Colombia, Antioquia y Medellín. No me cabe duda de que en todos los lugares y momentos históricos de la humanidad han existido sujetos culpables de incitar a las masas con su discurso politiquero a cometer actos de corrupción, de violencia o terrorismo, que más de una vez se han materializado en crímenes atroces, permaneciendo los autores intelectuales y protagonistas directos sin ningún castigo.
En realidad, la corrupción alcanzaría límites insoportables en cualquier lugar de Colombia de Organizaciones Oficiales y Privadas en que aparecieran políticos, gobernantes, directivos, empresarios deshonestos y jueces venales. Una pregunta muy pertinente que nos podríamos hacer, sería: ¿Cuándo podríamos estimar que un Servidor Público o Privado, de cualquier nivel, se ha corrompido y debe pagar justamente por lo que hace? La respuesta sería, según mi criterio: Cuando la relajación ética lo llevara a la práctica del tráfico de influencias y al discurso demagógico y politiquero que tiene por fin engañar al pueblo con el único fin de conseguir votos o enriquecer sus propias arcas. Cuando el afán de servicio público o privado se convirtiera en una mera pantalla para disimular el lucro ilícito y la ambición de poder político y personal. Cuando los partidos políticos antepusieran el poder partidista o grupista al bienestar del pueblo, y sus mensajes y acciones no tuvieran por objeto defender los derechos ciudadanos, sino mantener cúpulas de poder económico y político desvinculadas de los reales intereses comunitarios.
Existiría también inmoralidad política manifiesta si se pretendiera amedrentar y presionar a los jueces, o torcer los designios de la justicia mediante amenazas solapadas en contra de los magistrados o cuando funcionarios públicos o privados, de alto nivel, publicitaran declaraciones personales expresando su opinión sobre hechos juzgados. Las presiones de la prensa, radio, televisión, y redes sociales, cuando efectúan exhaustivas campañas en contra de personas cuyos supuestos delitos no han sido establecidos legalmente, constituyen también una forma poco ética de intervención sobre los juzgados y tribunales de justicia, cuyos magistrados y jueces podrían prejuiciarse y perder la imparcialidad necesaria para que la justicia sea realmente lo que el pueblo espera como tal: ¡justicia!
La independencia del poder judicial constituye un requisito indispensable para el ejercicio de la justicia. Para ello, sin embargo, la carrera funcionaria del estamento judicial debería permanecer completamente protegida de toda injerencia politiquera e ilegal, lo que, por desgracia, hoy no podemos precisar de esa confianza. Finalmente, resulta lamentable, además, la escasa posibilidad que tiene un ciudadano en la práctica para denunciar con éxito los posibles abusos o faltas que pudieran ser cometidos por gobernantes, jueces y funcionarios judiciales y públicos, dado el poder que tienen éstos para disponer de su libertad y su honra, en detrimento de la justicia.
P.D.: Es imperativo que los imputados por delitos graves, cometidos ante la ley, si han sido elegidos o nombrados para un cargo al servicio del Estado, deben dar un paso al costado para que la justicia, si tiene mérito para condenarlos, proceda en consecuencia, o para declarar su inocencia frente a los hechos por el cual han sido señalados, y permitir así que Colombia, Antioquia y Medellín sigan su marcha.
LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS Medellín, marzo 13 de 2021
