Por: LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS
Nada es tan sagrado para el ser humano como las virtudes de la verdad, la libertad y la justicia.
Ante los sucesos relacionados con el Gobernador electo de Antioquia, para el período 2020-2023, privado de la libertad por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, los imputados por responsabilidad fiscal, según fallo emitido por la Contraloría General de la República, tenemos que analizar con rigor, objetividad e imparcialidad el alcance que esta situación puede acarrear en los ámbitos sociales, políticos, económicos, financieros, culturales y de gobernabilidad, entre otros, para el pueblo antioqueño y, extraer de ello el más significativo aprendizaje, para tomar conciencia de que la más elevada estatura de ciudadanía y de amistad con los implicados es que estén arropados por la verdad y desnudados de toda conducta delictiva.
Aristóteles, amigo de Platón, dijo en una de sus frases célebres: “Amigo es Platón, pero más amiga es la verdad”, aplicando una variante podemos expresar: El Gobernador en mención y los imputados presuntamente culpados son mis amigos, pero la verdad me es más querida. La institucionalidad de la justicia debe hacer honor a ser garante de la fe pública y de la verdad en los casos gravísimos que, hoy, aquejan a nuestro Gobernador electo de Antioquia, y al mismo tiempo a un significativo número de personas y sociedades imputadas por la justicia, como presuntos protagonistas y responsables en las irregularidades de ilegalidad que han afectado las condiciones sociales, económicas y financieras del departamento de Antioquia y de la hidroeléctrica de Ituango -Hidroituango-.
De un asiduo lector, sensato y brillante servidor público y visionario empresario antioqueño, aprendí en sus diálogos que: “Lo legal es lo correcto, aunque muchos lo condenen; lo ilegal es incorrecto, aunque muchos lo aplaudan y aprueben”. Nada más pertinente, para este caso que estamos presenciando y sintiendo en carne propia, hoy, los antioqueños.
El Gobernador electo y los imputados por el caso de Hidroituango implicados, tienen que demostrarle al pueblo antioqueño y a la justicia colombiana su conducta correcta y su inocencia frente a las señalamientos delictivos, de lo contrario, tendrán que asumir con gallardía y coraje los delitos por los cuales deben responder, ante el rigor estricto de la Constitución Nacional y las Leyes de la República de Colombia. Dominio Ulpiano, gran jurista romano, define la justicia como la continuación y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que corresponde y, además, nos convoca a vivir honestamente, no causar daños a los demás, y dar a cada uno lo suyo. Esto es lo que el pueblo espera de la Sala Penal de la Corte de Justicia y de la Contraloría General de la Nación y demás estamentos del sistema judicial con relación a los implicados y comprometidos en tan delicada situación que lastima la dignidad nacional, los intereses del país y de Antioquia, en especial.
Las personas y servidores públicos del Estado que dicen ser lo que no son, se constituyen en un peligro para la sociedad y, en ellos hay que estudiar y analizar lo anormal de sus conductas ilícitas como la mejor vía para entender lo normal de sus pilatunas, picardías, trampas, mentiras, engaños y trapisondas que utilizan para burlar la ley, pisotear la verdad, la justicia y la cultura de la legalidad. No hay espejo que mejor refleje la imagen de los gobernantes, políticos, gerentes y empresarios que sus propios hechos reales, para dar credibilidad y confianza a sus palabras, de lo contrario, son catalogados de sepulcros blanqueados que predican sus falsas virtudes y valores superiores desde su propia deshonestidad y desgracia personal.
De una cosa estamos seguros los colombianos y antioqueños: El mundo en la administración pública como en la privada es un espejo, y a cada quien le devuelve el reflejo de su propio reverso. Es por ello, que los antioqueños debemos convocarnos a examinar nuestras conductas, no sea que el poder y la politiquería nos haya sembrado algún mal hábito y que no hemos sabido enfrentar para dar fe pública de nuestros propios actos. Es pertinente pensar que urge la necesidad de enfrentar nuestra propia deshonestidad y evitar que nazca en nosotros la semilla de la codicia y la corrupción que no sirve más que para llevarnos al precipicio y al merecido castigo que se nos debe aplicar por la justicia en el cumplimiento estricto de la ley. Es necesario convocarnos a decir siempre la verdad, es la mejor carta de presentación del rostro humano. El pueblo tiene conciencia que en el ejercicio del poder hay servidores públicos que tienen manos ingeniosas, manos indelicadas, corruptas y codiciosas. Hay rodillas hipócritas y codos inmorales y engañosos, talles de peligrosa apariencia y fachas de buenas personas que se autocomplacen con la acogida y los aplausos de sus lacayos. La verdad es que no se puede pretender ganarle una batalla a la justicia, si no somos realmente los hombres y mujeres que decimos ser.
En calidad de ciudadanos y de servidores públicos, no podemos ser luna que esconde una cara oscura, la cual no se enseña jamás a nadie, porque en el libre escrutinio público se busca la luz de la verdad y no se valida la oscuridad de la mentira. Finalmente, si la justicia prueba la inocencia de nuestro Gobernador e imputados, a los que hemos hecho referencia, esperamos que se eleven en su propia dignidad, y si son declarados culpables deben ser castigados con todo el peso de la ley.
Hoy se hace evidente que: “La verdad os hará libres” y por la ley de equivalencia de la naturaleza cuando sentencia: “El que la hace la paga”.
Solicitud respetuosa: Por dignidad y respeto al pueblo colombiano y antioqueño, es prudente presentar renuncias de sus cargos oficiales y privados quienes los ostentan, al igual que los que tienen aspiraciones a candidaturas nacionales, departamentales y municipales para gobernar el pueblo.
LUIS FERNANDO PÉREZ ROJAS Medellín, septiembre 9 de 2021
