El sistema eléctrico del Caribe no es sostenible en su forma actual… el flujo de caja del sistema no cierra.
El Caribe requiere un tratamiento regulatorio diferenciado, similar a esquemas aplicados en otros países para zonas de alta vulnerabilidad.
Por.
Martín Emilio Ospina Gómez
La crisis energética de la Costa Caribe dejó de ser un problema de gestión empresarial para convertirse en un caso clásico de falla de diseño regulatorio con implicaciones fiscales y macroeconómicas. Los síntomas son conocidos: tarifas elevadas, deterioro en la calidad del servicio, pérdidas de energía persistentes y empresas distribuidoras con balances en tensión permanente. Sin embargo, el diagnóstico de fondo sigue siendo subestimado en el debate público. El problema no es Afinia. No es Air-e. Es el modelo.
Un sistema financieramente desbalanceado
El esquema actual de distribución en la Costa Caribe enfrenta tres distorsiones estructurales:
1. Pérdidas de energía fuera de estándar regulatorio
En varias zonas del Caribe, las pérdidas totales (técnicas + no técnicas) superan ampliamente los niveles reconocidos por la regulación. Esto genera un diferencial que no puede ser trasladado completamente a tarifa, afectando directamente la sostenibilidad del operador.
2. Brecha entre tarifa efectiva y capacidad de pago
El componente tarifario incorpora costos reales del sistema (generación, transmisión, distribución y restricciones), pero la capacidad de pago de una proporción significativa de usuarios está por debajo de ese nivel.
Resultado: aumento de cartera, deterioro del recaudo y círculo vicioso de iliquidez.
3. Subsidios insuficientes y desfasados
El sistema depende de subsidios cruzados y aportes del Estado que, en la práctica, presentan rezagos en giro y descalces frente a la dinámica real de costos. Esto traslada presión financiera a los operadores.
La consecuencia es clara:
el flujo de caja del sistema no cierra.
El límite del modelo de mercado
El diseño del mercado eléctrico colombiano —exitoso en términos de generación y confiabilidad— presenta límites evidentes en contextos como el Caribe, donde:
- La elasticidad-precio de la demanda es alta (usuarios sensibles a tarifas)
- La informalidad afecta la medición y el recaudo
- Las pérdidas no responden únicamente a ineficiencia operativa
En este contexto, aplicar un esquema estándar de empresa privada regulada con incentivos de eficiencia resulta insuficiente.
No se trata de fallas de gestión.
Se trata de condiciones estructurales incompatibles con el modelo vigente.
Riesgo sistémico: más allá de la región
El deterioro financiero de los operadores no es un problema aislado. Tiene efectos sistémicos:
- Riesgo de interrupciones en la prestación del servicio
- Aumento de costos vía restricciones y generación de respaldo
- Presión sobre las finanzas públicas
- Impacto en la confianza de inversionistas en el sector energético
En un contexto de estrechez energética —agravado por eventos climáticos como El Niño—, la fragilidad del Caribe amplifica el riesgo de desbalance a nivel nacional.
Qué deberían proponer los candidatos: una agenda técnica mínima
Cualquier aspirante serio a la Presidencia debería plantear una reforma con, al menos, los siguientes componentes:
1. Reconocimiento explícito de “área de servicio especial”
El Caribe requiere un tratamiento regulatorio diferenciado, similar a esquemas aplicados en otros países para zonas de alta vulnerabilidad.
Esto implica:
- Ajuste de pérdidas reconocidas
- Esquemas tarifarios especiales
- Participación directa del presupuesto nacional
2. Reforma del esquema de subsidios
Se necesita migrar de subsidios implícitos y cruzados a subsidios explícitos, financiados y oportunos, con:
- Giro directo y automático
- Focalización efectiva
- Eliminación de rezagos presupuestales
3. Sinceramiento tarifario con compensación fiscal
El sistema debe reflejar costos reales, pero acompañado de mecanismos de compensación para usuarios vulnerables.
Sin este equilibrio, se perpetúa la evasión y el deterioro del recaudo.
4. Plan masivo de reducción de pérdidas
Con enfoque integral:
- Normalización de redes
- Inversión en medición inteligente
- Judicialización del fraude estructurado
- Programas de inclusión energética
5. Rediseño de la estructura operativa
Evaluar esquemas como:
- Segmentación geográfica del mercado
- Participación público-privada
- Operadores especializados por tipo de usuario
6. Integración con política de generación distribuida
El Caribe tiene ventajas comparativas en energía solar y eólica.
Pero su desarrollo debe articularse con:
- Redes de distribución robustas
- Esquemas de autogeneración regulados
- Alivio de carga sobre el sistema tradicional
7. Saneamiento financiero del sistema
Esto incluye:
- Pago de deudas acumuladas del Estado
- Mecanismos de respaldo transitorio (fondos de estabilización)
- Reperfilamiento de pasivos de operadores
La restricción real: política, no técnica
Las soluciones existen. Están diagnosticadas por expertos, reguladores y centros de pensamiento.
La verdadera restricción es política:
- Alto costo fiscal
- Impacto en tarifas o en presupuesto
- Riesgo reputacional para cualquier gobierno
Por eso la inacción ha sido la constante.
Conclusión: una reforma inevitable
El sistema eléctrico del Caribe no es sostenible en su forma actual.
Persistir en ajustes marginales solo prolonga el deterioro y aumenta el costo final de la corrección.
La decisión es binaria:
- O se realiza una reforma estructural con costo fiscal explícito,
- o el sistema continuará degradándose hasta forzar una intervención más costosa y disruptiva.
La diferencia entre una y otra no es técnica. Es de oportunidad.
