Por:       IVÁN ECHEVERRI VALENCIA

En el título II de la Constitución Política de Colombia, se refiere a los Derechos, las Garantías y los Deberes, su artículo 37 reza: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar  el ejercicio de este derecho.

Totalmente de acuerdo con el editorial de este periódico de días pasados cuando hacía un importante análisis sobre las movilizaciones sociales, sus causas y también invitaba a ejercer ese derecho pero en paz.

Esta jornada citada para el próximo 21 del corriente mes por centrales obreras, estudiantes y sectores sociales, pienso que ya cumplió con su objetivo de sensibilizar a una buena parte de los colombianos que directa e indirectamente hayan sido o están afectados por las medidas  adoptadas por los últimos seis gobiernos. Hoy, cualquier colombiano, por  más sencillo que sea y que se encuentre en el lugar más recóndito de la geografía nacional, sabe de la jornada de protesta que se va realizar el próximo jueves en todo el territorio nacional.

La manera como ha sido publicitada  por los diferentes medios de comunicación, incluyendo todas las redes sociales, en donde se han dado unas verdaderas batallas ideológicas por quienes la defienden y la promocionan y, otros, que la estigmatizan con grupos de la izquierda hasta llegar a ridiculizarlas como un acto satánico, ha caldeado peligrosamente el ambiente.

El despertar ciudadano y sus voces de inconformidad, no pueden mirarse con oídos sordos, ni minimizarlas y mucho menos desatenderlas por parte del gobierno, de su dirigencia política y empresarial, ya tenemos un ejemplo palpable cuando el gobierno anterior subestimó el paro agrario, y las consecuencias nefastas que este trajo.  Hay modelos económicos en el mundo y especialmente en nuestro continente que han fracasado y otros que comienzan a languidecer, a causa de la pobreza, las inequidades sociales, el desempleo y los altos índices de corrupción que frecuentan todas las esferas.

Las banderas de los trabajadores son sus bajos salarios, las pérdidas de la retroactividad de las cesantías y de la pensión sanción, el pago de recargos nocturnos y el de trabajo en días feriados, el despojo de la mesada 14, la forma desventajosa como se promedian las semanas cotizadas para obtener su pensión, la nuevas reformas laboral y tributaria que se enuncian y las cuales pretenden golpear sin compasión a la clase media y popular; el paseo de la muerte y la indiferencia de un sistema de salud perverso; el repudio por la cantidad de muertes de líderes sociales, indígenas y niños involucrados cruelmente en un conflicto del que son ajenos.

La protesta ciudadana en paz, es válida y el alto gobierno debe saber escucharla y replantear lo que sea necesario para mantener la convivencia pacífica entre todos los colombianos.

Condenamos cualquier acto anarquista, de violencia que pretendan perpetrar algunos desadaptados en contra de bienes privados y públicos, este derecho legítimo y cívico del pueblo, no puede convertirse en una guachafita de bandidos y terroristas a los cuales debe caerles sin ningún miramiento todo el peso de la ley.