Por: IVÁN ECHEVERRI VALENCIA
Este es un país de sorpresas y sobresaltos. No hemos superado aún la emergencia sanitaria y temiendo que se recrudezca la pandemia, en los próximos días, a causa de la reapertura de la economía y de la indisciplina de la ciudadanía; fuimos sorprendidos con una perversa noticia que desalienta enormemente a la clase trabajadora.
Sin recuperarnos del virus, del confinamiento, del desempleo y de las afugias económicas, nos hemos enterado que el gobierno nacional expidió el decreto 1174 del pasado 27 de agosto del presente año, que reglamenta el Piso de Protección Social y se adiciona el Decreto 1833 de 2016.
Un gran batacazo a los derechos de la clase trabajadora ha propinado el Gobierno del Presidente Duque, echando a la basura lo que por muchos años habían conquistado en su ardua lucha reivindicatoria, con un simple decreto, sin mediar ninguna concertación y en un acto eminentemente dictatorial, estableció de un plumazo una reforma laboral, aunque así no la reconozca el gobierno. Esta es una medida de inmensas connotaciones sociales, la que dará lugar, muy seguramente, a multitudinarias movilizaciones de protestas en todo el territorio nacional.
Con el Decreto 1174 se cercena el único derecho, por el que sueña toda la vida un trabajador, cual es poder obtener después de una larga vida laboral, su pensión de vejez; también quedan en entredicho la pensión de invalidez, la de sobreviviente, y hasta el salario mínimo cayó en desgracia.
Además, sin ninguna cortapisa, permite que los empleadores contraten a todos sus trabajadores por horas. Cuando esta contratación no alcance a un salario mínimo, le autoriza al empresario no tenerlo que afiliar al régimen pensional, ni de salud, ni de riesgos laborales (ARL), ni a Cajas de Compensación Familiar, ni tendrá subsidios.
En menos de un año asistiremos a los despidos de la clase trabajadora, en las que resultarán más damnificadas las mujeres; a medida que pasen los meses y se relaje la situación y haya poca vigilancia, se les irán terminando paulatinamente sus contratos a término fijo e indefinido, y el personal nuevo que sea vinculado, lo hará por horas, siendo más económico para la Empresas, que se han ganado una lotería sin comprarla y en perjuicio de los trabajadores.
En cuanto al Piso de Protección Social, podrán acceder los trabajadores que reciban ingresos inferiores a un salario mínimo, mediante el sistema Beps (Sistema de Beneficios Económicos Periódicos); la cuantía a pagar estará a cargo del empleador o contratante, equivalente al 15% del ingreso mensual y es adicional a lo convenido a pagar por el desarrollo de la actividad.
El que no tenga vinculación laboral o no haya suscrito un contrato de prestación de servicios, lo podrá a hacer voluntariamente, estas personas estarán también afiliadas al régimen subsidiado.
Cuando cumplan 62 años los hombres y 57 las mujeres, podrán retirar lo ahorrado o recibir una mesada inferior al salario mínimo, cada dos meses.
Definitivamente lo que se va a vivir es una situación social muy compleja ya que el empleo formal con salario mínimamente digno desaparecerá, mucha gente trabajará por horas y ganará menos del mínimo y sin ninguna posibilidad de pensionarse.
Nos preguntamos: ¿Puede una persona vivir adecuadamente con su familia, tener una vivienda, darle educación a sus hijos, salud y recreación con menos de un salario mínimo? Esta respuesta la esperamos, algún día, del Gobierno y de la clase política, si se atreven a darla.
Lo que va ocurrir muy seguramente es que los empleadores aprovechen esta coyuntura para salir de los actuales trabajadores, con el fin de disminuir costos, aumentar sus utilidades y, vincular a personal nuevo en condiciones infrahumanas. El Gobierno recalca que esto no se dará, pero en nuestro país, es muy común, que hecha la ley, hecha trampa, para aplicarla no en favor de los más desvalidos, sino en provecho de los más poderosos.
Aunque no se reconozca que es una reforma laboral por decreto, lo es, ya que se cambia la modalidad de contratación y cercena unos derechos a los trabajadores como son la pensión y otros. Confiamos que este Decreto en la revisión de la Corte se caiga.
Los militantes del partido del gobierno, tiemblan porque el país se les está saliendo de las manos, pero no se preguntan: ¿Que han hecho para cambiar la situación económica y social del país, el más desigual de América y el cuarto en el mundo?
Colombia, muere de hambre, no hay empleo, ni oportunidades de estudio, ni de salud; infortunadamente deben las personas acudir a actividades ilegales para poder sobrevivir y donde en muchos casos encuentran la muerte. Vivimos en un país, donde a los campesinos le roban la tierra, no se pensionan, ni cuentan con el más mínimo apoyo para tener una vida digna.
¿Es justo que un Presidente, deje quebrar a miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MYPIMES); permita que mueran de hambre sus artistas, los vendedores informales; los universitarios no puedan estudiar por no contar con recursos para matricularse en universidades e instituciones públicas, los niños no acudan a sus colegios por falta de una infraestructura adecuada y, al contrario se apoyen a los Bancos, a los grandes empresarios y a una línea aérea como Avianca, que no es colombiana, con un crédito de 376 millones de dólares?. Es todo un despropósito.
El inconformismo no es porque la ciudadanía sea castro-chavista, sino porque está cansada de la corrupción, la inequidad, la desigualdad, el desempleo, el hambre y la guerra. El cuento del miedo como bandera política, está totalmente agotado.
