Por: Félix Alfázar González Mira – Director Ejecutivo Corporación Colombia Autonómica
Decía Alfonso López Pumarejo en los años 30 que el país parecía ” andar a la penúltima moda” y no se equivocaba para aquella época como para esta.
Es claro que los países que tienen en su estructura constitucional los modelos autonomistas y federalistas son los más prósperos y desarrollados del mundo. Son pocos en el concierto de las naciones y contribuyen a generar mayor riqueza en términos del PIB mundial y a su interior son los de mayor ingreso per cápita para beneficio de sus habitantes y territorios.
Demostrado está, entonces, que éstos sistemas de arreglo de los gobiernos son la moda cierta para avanzar en el desarrollo, la creación de riqueza y bienestar de las gentes. Que sus ciudadanos y en sus territorios sean los dueños de las decisiones que competen a su entorno en varias de las materias requeridas para el buen gobierno: sus recursos fiscales, servicios como salud, educación, asuntos como el desarrollo agrario y la intervención del territorio, puertos, vías departamentales y vecinales, etc.
La llamada constitución del 91 establece claramente en su artículo primero que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada y “con autonomía de sus entidades territoriales “. Resaltado en el discurso de posesión del presidente Petro en el sentido de que haría cumplir este mandamiento constitucional. Goethe decía que una cosa era la intención y otra muy distinta era ejecutarla al señalar que la tarea entre la una y la otra era mucho más ardua. Pues parece que esta consigna del filósofo alemán se cumple perfectamente en este gobierno y para el departamento de Antioquia. Es paradójico que un país cuya constitución establece ser descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales le esté sucediendo precisamente lo contrario. Cada día más centralizado en sus recursos fiscales, obligaciones, competencias y funciones cuyas decisiones se toman desde La Centralidad (como la llamamos en La Corporación Colombia Autonómica). El 84% del recaudo fiscal lo hace la nación, el 12% los municipios y el 4% los departamentos. Las políticas públicas sobre los territorios más alejados se diseñan, ejecutan y aplican desde la nación. De razón vemos a gobernadores y alcaldes mayormente ocupadas sus agendas en la ciudad capital, Bogotá, vuelos ocupados por funcionarios regionales y locales rumbo a La Centralidad que maneja los recursos y las grandes decisiones.
Algunas acciones que en materia de minería y en desarrollo de la misma constitución, se habían delegado a algunos departamentos como Boyacá, Cesar, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y Caldas ya fueron recogidas nuevamente por las autoridades nacionales.
Antioquia es el único departamento formado en la minería, su Escuela de Minas con más de 140 años es icónica en América Latina, sus tierras arrugadas son pródigas en minerales necesarios para la transición energética, somos el principal productor y mayor exportador de oro de Colombia, la delegación minera ha sido responsable en su ejercicio como está establecido por los impactos en sus subregiones donde se explora y explotan minerales.
Todo ello y mucho más no ha sido óbice para que La Centralidad esté RECENTRALIZANDO más funciones que deben ser ejercidas por las comunidades regionales, en contravía de lo establecido por la constitución.
Lo del cobre y el oro en Jericó se definió desde Bogotá. Deben ser sus ciudadanos y los de su entorno regional y bien informados los que tomen las decisiones sobre esos asuntos vitales para su desarrollo y bienestar. Las capacidades institucionales del departamento con articulación de las entidades nacionales deben ser responsables de los proyectos estratégicos y de interés nacional, Pine, cuyo impacto toca a cuatro subregiones de nuestro departamento a saber Suroeste, Occidente, Nordeste y Bajo Cauca. No, pero es la Agencia Nacional de Minería la que reasume en su totalidad, desde La Centralidad (Bogotá), todo lo atinente a estos proyectos ubicados en nuestro territorio.
Otra perla recentralista: el ministerio de ambiente ambienta un proyecto de resolución donde declara una Área Especial de Reserva sobre 92 mil hectáreas en la región del Suroeste dónde no se podría adelantar nada productivo; metiéndose abruptamente en la Autonomía de las Corporaciones Autónomas regionales al señalarles los estudios y pasos a adelantar en el entendido que ello puede durar varios años. ¡Ojo con el Suroeste!
La constitución del 91, el presidente Petro ha señalado que es legado del M-19, interpretó el grito de las regiones hacia su Autonomía, pero los encargados de aplicarla siguen, como ahora 90 años, a la penúltima moda del desarrollo del mundo.
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