ANT200. DABEIBA (COLOMBIA), 17/02/2020.- Integrantes de la jurisdicción especial de paz (JEP) exhuman un cuerpo este lunes en el cementerio de Dabeiba (Colombia). La jurisdicción especial de paz (JEP) entregó el primer cuerpo identificado de las exhumaciones hechas en el cementerio de Dabeiba, y que fue identificado gracias a las labores de la JEP y Medicina Legal. EFE/ALVARO BALLESTEROS
Bogotá, 17 feb (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó este lunes a la familia los restos de un hombre que fue asesinado hace 18 años por el Ejército colombiano y hallado recientemente en una fosa común del municipio de Dabeiba (noroeste) donde se cree que hay al menos medio centenar de posibles víctimas de “falsos positivos”.
La víctima, primera en ser identificada en Dabeiba, era Edison Lexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años de edad en 2002 “cuando fue muerto por integrantes del Ejército Nacional”, según la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC.
Al igual que muchos otros, fue sepultado en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, a unos 200 kilómetros de Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde hace dos meses la JEP exhumó los primeros siete cadáveres.
“Estamos aquí reunidos para dignificar y honrar el buen nombre de Edison Lexander Lezcano Hurtado y el de su familia”, dijo el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, en un acto público llevado a cabo hoy en la plaza de Dabeiba ante decenas de habitantes del pueblo vestidos en su mayoría de blanco.
Ramelli recordó que Lezcano era “un joven honesto y trabajador, dedicado a las labores del campo, cuya vida le fue arrebatada a muy corta edad por un acto criminal cruel y sinsentido”.
HALLAZGO DE FOSAS COMUNES
La JEP, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal, comenzó en diciembre pasado las excavaciones en ese cementerio tras recibir las declaraciones de exmiembros del Ejército que reconocieron haber participado en ejecuciones de civiles, llamadas en el país “falsos positivos”, y desvelaron el lugar de las fosas.
Con esa siniestra política, que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaban a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
Con ello, los militares maquillaban sus resultados operacionales y obtenían ascensos y premios por parte de sus superiores.
HOMENAJE LOCAL E INTERNACIONAL
Al acto de entrega de los restos de Lezcano, depositados en un pequeño ataúd sobre el cual había un ramo de flores blancas, asistieron también autoridades locales y los embajadores de Francia en Colombia, Gautier Mignot, y de Suecia, Ewa Werner, así como representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los representantes de esas legaciones diplomáticas fueron invitados al acto ya que sus países han sido grandes aportantes para el posconflicto.
“Al realizar esta ceremonia de entrega digna a don Gustavo de Jesús, a doña Ligia del Socorro (…) estamos procurando asimismo devolverles la dignidad a todas las víctimas de desaparición forzada”, dijo Ramelli, quien además de los padres citó a otros familiares del campesino asesinado.
El magistrado añadió que con esta diligencia “vuelve el cuerpo de un ser amado al seno de su familia” y la JEP busca “contribuir a la recuperación y a la dignificación de la comunidad de Dabeiba”.
INVESTIGACIÓN TITÁNICA
Este lunes también comenzó la segunda fase de prospección en el cementerio para seguir buscando cuerpos de personas no identificadas que podrían corresponder a víctimas de “falsos positivos”.
En la zona de Dabeiba, situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, fueron muy activos en las décadas pasadas varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 de casos de falsos positivos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió el pasado 16 de diciembre a la JEP que proteja 16 lugares de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas más víctimas de los “falsos positivos”.
Los sitios están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Sucre, Santander y Norte de Santander, este último fronterizo con Venezuela. EFE
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