Bogotá, 13 ago (EFE).- El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y más de cien afectados por los delitos del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidieron al Gobierno colombiano que no permita su deportación de EE.UU. a Italia y que pida su extradición porque aún tiene numerosos procesos en el país.

Así lo manifestaron en una carta enviada a la Cancillería y a la Fiscalía en la que rechazan la supuesta “inacción del Estado colombiano que ha permitido la consolidación de un escenario de impunidad devastador que se concretará con la posible deportación a Italia de Salvatore Mancuso el próximo 26 de agosto”.

La carta añade que esa situación es “una clara evasión a la justicia colombiana y una grave afrenta para las víctimas del paramilitarismo en el país, quienes por décadas hemos exigido verdad, justicia, reparación y no repetición”.

El pasado 27 de marzo, Mancuso cumplió su condena por narcotráfico en Estados Unidos, pero como las cárceles de ese país estaban cerradas por la crisis del coronavirus, el Gobierno colombiano suspendió cualquier trámite relacionado con el exjefe paramilitar.

DE GANADERO A PARAMILITAR

Salvatore Mancuso, de 56 años, es hijo de un ganadero del caribeño departamento de Córdoba, en el norte del país, y también tiene ciudadanía italiana.

Conocido como “El mono”, Mancuso fue jefe del estado mayor de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y segundo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

También hizo parte del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo de las AUC, organización desde la cual se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 junto con 1.434 hombres en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Según el Movice, Mancuso fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca de 75.000 hechos criminales asociados a su comandancia.

De acuerdo con ese movimiento, hombres al mando de Mancuso perpetraron 139 matanzas que cobraron la vida de más de 837 personas en distintas partes del país en las que las AUC impusieron el terror en su lucha contra la guerrilla de las FARC principalmente.

Mancuso y otros 13 altos mandos de las AUC fueron extraditados a EE.UU. el 13 de mayo de 2008 en aviones de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), durante el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

Uribe alegó que los exparamilitares incumplieron los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, siguieron delinquiendo desde la prisión y no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que dejaron las armas hasta 2006.

ALERTA DE HUMAN RIGHTS WATCH

A propósito del tema, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, envió una comunicación a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, para que se pronuncie sobre la situación jurídica de Mancuso en ese tribunal.

La nota asegura que “la deportación de Mancuso a Italia significaría que muchas de sus miles de víctimas en Colombia no podrían recibir justicia por las atrocidades cometidas por grupos paramilitares”.

Vivanco añadió que uno de los motivos por los cuáles no han prosperado las solicitudes de extradición de Colombia “sería que la Fiscalía (colombiana) considera que no es posible presentar una solicitud de extradición respecto de un indiciado que tramita una solicitud de sometimiento” a la JEP.

Este tribunal, que se ocupa de los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, rechazó en julio pasado el sometimiento de Mancuso, que apeló esa decisión, ya que si es admitido en la JEP y cuenta la verdad puede obtener beneficios jurídicos.

Linares asegura que la negativa de la JEP de aceptar al exjefe paramilitar “no impide que las autoridades judiciales y gubernamentales de Colombia tramiten su extradición”.

TRÁMITES DE COLOMBIA

Colombia pidió en abril pasado la extradición de Mancuso a Estados Unidos, según informaron en su momento la Fiscalía y el Ministerio de Justicia en un comunicado en el que aseguraban que la petición “fue elevada por la autoridad judicial competente y presentado por la vía diplomática” el 15 de abril.

Sin embargo, las personas que se declaran víctimas de los delitos de Mancuso y sus hombres le piden al Gobierno que expongan “a las víctimas y en general a la sociedad colombiana, cuál es la situación jurídica actual” del exparamilitar.

Igualmente, piden detallar las gestiones del Gobierno “con el fin de lograr la extradición de Salvatore Mancuso y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales competentes, en aras de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas del paramilitarismo en nuestro país”. EFE

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