Las víctimas le pidieron a la JEP que lo citara porque creen que “posee información relevante sobre el involucramiento de comparecientes”´, sobre todo militares dentro del Caso 03.

Ese caso concierne a “las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que acaecieron dentro de la jurisdicción de la Decimosexta Brigada del Ejército” entre 2005 y 2008, según informó la JEP en un comunicado.

Úsuga tuvo cargos de responsabilidad en las extintas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes tuvieron un “involucramiento directo”, según la JEP, tanto cuando estaban activas como cuando se desmovilizaron en Casanare.

“Asímismo, se ha logrado establecer que el señor Úsuga David formó parte de esta unidad armada, y que, en el marco de su actividad delincuencial, presuntamente se habría relacionado con miembros del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado, como el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, en aras de desarrollar actividades delictivas de manera conjunta”, puntualizó la JEP.

“Otoniel” ya ha rendido testimonio ante la JEP en otro de los macrocasos, el Caso 04, que corresponde a hechos delictivos ocurridos durante el conflicto en la región del Urabá, donde él operaba.

La nueva comparecencia se realizará de manera presencial el 8 de marzo por la mañana y en presencia de su abogado defensor, si así lo quiere, y representantes de la JEP y la Fiscalía.

El pasado mes la Comisión de la Verdad denunció que varias de las grabadoras digitales que usaron para la entrevista de “Otoniel”, quien permanece detenido en Bogotá, tras su arresto el 23 de octubre en una zona del Urabá, y un computador fueron sustraídos de la casa de los investigadores.

Estados Unidos pide la extradición del jefe criminal para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con el narcotráfico.

Contra Úsuga hay en Colombia 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. EFE

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