En la disputa están la Fiscalía General, que desde hace un cuarto de siglo lleva el expediente del caso, declarado crimen de lesa humanidad, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tras la sorpresiva atribución del magnicidio por la antigua guerrilla reclama “poder preferente” para investigarlo.

El jefe del partido FARC, surgido de la desmovilización de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, y el senador Julián Gallo fueron citados el miércoles por la Fiscalía a declarar sobre el asesinato del político, perpetrado el 2 de noviembre de 1995, pese a que durante un cuarto de siglo las investigaciones nunca apuntaron hacia ellos.

Horas después la JEP también citó a Londoño y a Gallo a dar su versión por el asesinato de Gómez Hurtado y por otros cinco crímenes en los que dicen tener responsabilidad.

Se trata de los asesinatos de los guerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey, conocido como “Javier Delgado” (2002); del exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano (1999), del exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1998) y del exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (1987).

PENAS RESTAURATIVAS O PRIVATIVAS

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP aseguró que “tiene competencia prevalente y preferente para investigar los hechos del conflicto armado”, ocurridos antes del primero de diciembre de 2016, lo que abrió una nueva controversia sobre cuál tribunal será el competente para sacar el caso de Gómez Hurtado de la oscuridad.

“Históricamente (la investigación) la hizo la Fiscalía General de la Nación hasta ahora que se conoce la confesión de estas personas”, pero al firmar las FARC el acuerdo de paz, “la única competente para adelantar esa investigación es la JEP”, dijo a Efe el vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Marlon Díaz.

La JEP se basa en la justicia restaurativa, que prevé penas blandas a quienes contribuyan a establecer la verdad confesando crímenes cometidos en el conflicto armado, a diferencia de la Fiscalía, que impone penas privativas de la libertad, de ahí la importancia de quien lleve el caso de Gómez Hurtado de ahora en adelante.

A la sorpresa inicial por la atribución del crimen por parte de las FARC en una comunicación enviada a la JEP, se sumó el revuelo causado por el senador Gallo, quien dijo en una entrevista con el diario El Espectador que él fue quien, acatando órdenes superiores, planeó y ejecutó el asesinato, sin dar detalles.

Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez (1950-1951) fue atacado a tiros cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.

Además de ejercer la docencia y el periodismo, el político fue tres veces candidato presidencial, embajador en Suiza y en Estados Unidos, representante a la Cámara y senador y uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta Magna de 1991.

Según el jurista Díaz, con la firma de la paz, la JEP es la competente para asumir el caso y la Fiscalía “podría investigar únicamente personas que no tuvieran la condición de involucrados con el conflicto armado”.

En esa dirección añade que lo “único que puede hacer la Fiscalía es entregarle el expediente a la JEP y que sea la JEP la que haga el análisis respectivo”.

LA OPCIÓN DE LA CORTE SUPREMA

A la controversia se sumó el exfiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, quien consideró que ni la Fiscalía ni la JEP, sino que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que asuma el caso de Gallo por tener fuero dada su condición de senador.

“Los aforados como congresistas tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia; cuando en la JEP haya información que pueda comprometer a algún aforado, esta debe ser remitida al órgano dispuesto por la Constitución para la investigación y posible juzgamiento o cual fuera el caso”, dijo Martínez en una entrevista con la FM.

Para Martínez, “si los señores de las FARC quieren ser juzgados por la JEP, la única manera es renunciando al cargo, porque si son congresistas los juzga es la Corte”.

LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE

En el caso Gómez Hurtado ha terciado incluso el presidente colombiano, Iván Duque, que fue alumno de Gómez Hurtado en la Sergio Arboleda, y quien respaldó la citación de la Fiscalía a Londoño y a Gallo.

Según Duque, “la verdad tendrá que cotejarse” mediante colaboración armónica de la justicia transicional (la JEP) y la Fiscalía “porque no se puede desechar ninguna de las hipótesis instructivas hasta la fecha”.

Al respecto, Díaz recuerda que la confesión de las FARC, que deben aportar pruebas de que ellos fueron los que realmente cometieron el asesinato, es “solamente una línea nueva de investigación que nunca había existido, pero la Fiscalía podría continuar con otras líneas” en una especie de “investigación paralela”.

El asesinato se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, en esa época inmersa en el escándalo del llamado “Proceso 8.000” por la supuesta financiación del Cartel de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual Gómez Hurtado fue un severo crítico.

Samper, del Partido Liberal, ha sido señalado por la familia de Gómez Hurtado como responsable del magnicidio, por el que fueron investigados varios miembros de su Gobierno, entre ellos el entonces ministro del Interior Horacio Serpa, pero ambos aseguran que no tuvieron nada que ver con el asesinato. EFE

ocm/joc/cav