UNA DEMANDA QUE ENLOQUECERÁ A LOS JUECES

Editorial

“Bastaron navidad y año nuevo, para que 9.9 billones pasaran a valer huevo”

Cuando al fin la Contraloría imputó cargos a 28 implicados, con nombres y cargos propios, el contratista del contrato estatal del proyecto Hidroituango (EPM), optó por hacer una Conciliación con sus  subcontratistas. “Yo con Yo”: el gran implicado (EPM) conciliando con el grupo de los demás encartados en los 9.9 billones perdidos. El exótico acto entretuvo a la opinión pública durante el mes completo de navidad, logrando traspasar a un plano desapercibido el horroroso informe de la Contraloría General de la República.

Y como era de esperarse, EPM y el municipio de Medellín salieron de la cacareada conciliación, tal como entraron: con las manos vacías.

Ahora, EPM da curso a una demanda en contra de sus subcontratistas colegas, subalternos, correligionarios, compañeros de trabajo en el proyecto y protagonistas de la fracasada conciliación (CCC Ituango y otros).

Conciliación y demanda apuntan a ser mera dosis de confusión a la sociedad y a los jueces: el contratista de un contrato estatal, demandando a sus propios subcontratistas, que todo lo que han hecho en el proyecto durante nueve años es recibir instrucciones y cumplir órdenes del demandante, respaldando con sus rúbricas cada actuación en momentos oportunos y reales con actas de avance, acuerdos y modificaciones de acuerdos bilaterales,  en señal de estar de acuerdo entre “colegas”. Incomprensible será para el juez, que hayan resuelto ser demandante y demandados, a pesar de que hacía escasos diez días, con  Procurador General de la Nación a bordo, y en señal irrefutable de estar contentos como van, dieron prórroga precisamente al mismo contrato que hoy en la demanda es el objeto de la horrible pena.  ¿O lo hicieron, como si se tratara de un contrato de condiciones uniformes que se prorrogan en el tiempo, sin ningún análisis?

Así, y ojalá que no ocurra, todo el problema en torno a los dineros comprometidos en el proyecto Hidroituango se irá en dilatar y confundir, abriéndole camino al tiempo necesario para la prescripción de los hechos y lograr dar el brinco a la Ley.

Ojalá también, que esta demanda no sirva de muletilla a los imputados por la Contraloría, como prueba dilatadora al contestar los requerimientos, aduciendo seguramente que nadie está obligado a lo imposible y ellos ya hicieron lo humanamente posible: primero, intento de Conciliación, no exitosa y luego, la demanda a los subcontratistas y poder decir en cualquier momento y por el resto de sus vidas,  que ahí está la demanda y por motivos ajenos a su voluntad, lentitud de los juzgados, aún no ha salido el fallo.

Y, esperemos también, que estas distracciones no lleven este escandaloso caso de corrupción de Hidroituango a la lista de los grandes hechos de corrupción de la historia de Colombia cuyas investigaciones nunca llegan a nada.

La conciliación fracasada y esta demanda pasan por alto, que la Contraloría General de la República (Art. 267 de la Constitución) es el ente constitucional para vigilar “la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación”, mismo artículo que no contempla a los Jueces de la República como sustituto de tal función constitucional.

Por lo pronto, deseemos suerte al proyecto y que los recursos del erario público no se acaben y continúen dispuestos para lograr arrancarlo como sea y al costo que sea, pero también, que en cada hogar no nos falten los recursos necesarios para poder pagar las facturas de los servicios públicos domiciliarios las cuales, al final, serán la única fuerza mágica capaz de hacer aparecer y recuperar los 9.9 billones de pesos perdidos hasta 2020 y los que puedan seguir embolatándose, a los que les bastaría el papel de nuevas conciliaciones y demandas, pues en Colombia es la costumbre la que va redactando la nueva ley.