EDITORIAL

Los medios y las redes restaron importancia a los programas o propuestas de los candidatos, para pasar a cansar y saturar a la ciudadanía con cuentos, especulaciones y aseveraciones públicas, muy delicadas y muy graves, y todas al volumen y al gusto de quienes las publican y en contra de uno u otro de los dos candidatos únicos a la presidencia de Colombia. Todo, a escasos seis días de las votaciones.

Amparados en el derecho de la libre expresión seguramente, los medios y las redes publican, republican y vuelven a repetir, sin compasión y como queriendo dar por ciertas unas horrorosas situaciones en favor o en contra, acción que se convierte en poderosa arma capaz de  torcer la voluntad de cualquier ciudadano desinformado para que decida votar por uno de los dos o vote en blanco o se abstenga de votar, dependiendo de la gravedad y la intensidad del cuento público.

No se ve una institución del Estado que ponga orden a este flagelo. Por su parte, los candidatos decidieron esconderse y suspender debates y exposiciones públicas, como aceptando, que las horrorosas publicaciones fueran verdad.

El Gobierno debería tomar cartas en el asunto ya, pues de ser verdad, para al menos evitar que los colombianos elijamos un corrupto o criminal o tramposo o un asesino a la presidencia o, de no ser cierto, para validar, investigar y castigar ejemplarmente a los responsables de esas calumnias públicas.

Un primer punto que ya debería estar validado es, si al momento de inscribirse, estos dos candidatos cumplieron con la presentación del Certificado del Consejo de Estado, suscrito bajo el análisis de los antecedentes  judiciales, fiscales y disciplinarios de cada uno ellos. En caso afirmativo, esos certificados deberían ser la prenda de garantía amparada por el Alto Tribunal, que los dos candidatos se hallan dentro de la legalidad para aspirar a la Presidencia y debería ser hora, ya, de  hacerlo público, para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, para que concurran seguros a las mesas de votación.

Y, si las verificaciones anteriores son negativas, hacerlo público también y en este caso habrían elementos contundentes para que la justicia actúe con determinaciones excepcionales y tajantes, que permitan, en todo caso, terminar con este juego en el que la institucionalidad es como si no existiera y en el que la justicia pareciera estar quedando, de hecho, en cabeza y a la conveniencia política de los medios y las redes.

 

 

fotografia tomada de EFE,  meramente decorativa