“El Estado, pese al alto costo que implica administrar este mecanismo, mantiene un control precario que permite que la misma persona pueda firmar para múltiples precandidatos sin que exista un filtro inmediato, eficaz y preventivo.”
“La reforma no puede seguir postergándose. Si las firmas seguirán siendo un umbral de entrada, deben ser verificables, fiscalizadas y protegidas con estándares de seguridad que eviten el desbordamiento actual.“
“el mecanismo que nació para oxigenar la participación ciudadana ha terminado creando un mercado electoral costoso, contradictorio y, en muchos casos, abiertamente inoficioso.“
EDITORIAL
El país asiste, una vez más, a un espectáculo que raya entre lo político y lo absurdo: 91 precandidatos buscando abrirse camino a la presidencia por medio del mecanismo de recolección de firmas. Para muchos, este es un signo de vitalidad democrática; para otros, una evidencia de su agotamiento. Lo cierto es que esta multiplicación de aspirantes crea una paradoja difícil de ignorar: si todos cumplieran con el requisito legal —más de 635 mil firmas válidas— Colombia necesitaría producir más firmas que habitantes. Un despropósito matemático que revela lo que es: un procedimiento desbordado.
Lo más inquietante no es la cifra, sino la fragilidad del sistema que la sostiene. El Estado, pese al alto costo que implica administrar este mecanismo, mantiene un control precario que permite que la misma persona pueda firmar para múltiples precandidatos sin que exista un filtro inmediato, eficaz y preventivo. En la práctica, la autenticidad del respaldo ciudadano queda en entredicho, y el mecanismo termina midiendo menos la adhesión política y más la capacidad logística —o presupuestal— de las campañas.
La recolección de firmas, que debería ser un trámite cívico serio, se convierte entonces en un universo paralelo donde campañas sin límites, sin topes y sin fiscalización real despliegan estrategias intensivas de mercadeo para captar apoyos que no siempre representan convicción. Es una carrera donde casi todo vale: bases de datos dudosas, promotores pagados, firmas repetidas y un sinfín de prácticas que operan por fuera del radar institucional.
Así, el mecanismo que nació para oxigenar la participación ciudadana ha terminado creando un mercado electoral costoso, contradictorio y, en muchos casos, abiertamente inoficioso. Un proceso que no cualifica liderazgos, no fortalece partidos y no esclarece el panorama político. Más bien, lo opaca con una nube de iniciativas que difícilmente llegarán a convertirse en proyectos serios de país. La reforma no puede seguir postergándose. Si las firmas seguirán siendo un umbral de entrada, deben ser verificables, fiscalizadas y protegidas con estándares de seguridad que eviten el desbordamiento actual. De lo contrario, seguiremos asistiendo a esta ficción democrática en la que la voluntad popular se mide por volúmenes que, a fin de cuentas, no dicen nada sobre el futuro ni sobre la verdadera representatividad de quienes aspiran a gobernar.
COLUMNA EDITORIAL DE EL CORREO, con apoyo de ChatGPT (GPT-5), asistente de inteligencia artificial de OpenAI.
