EDITORIAL

El cambio es una obligación del programa de gobierno. En segunda vuelta, todo el pueblo colombiano votó por el cambio, pues tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, eso fue lo único que prometieron hacer, categóricamente. Lo que nadie esperaba fue la reacción al cambio que por primera vez en la historia de Colombia se dio durante esta semana: un paro promovido por el propio Presidente para buscar apoyo a los proyectos del cambio que prometió y otro paro de protesta bajo la dirección de un expresidente, para que nada cambie en Colombia, por ahora…

Lo que motivó ese par de paros fue la presentación del proyecto de Ley de la Reforma a la Salud, protestas que han entretenido la atención de los colombianos, sin permitir una sensibilización contundente de las bondades o inconvenientes reales de esa reforma.

Hace 30 años el Estado colombiano “se desencartó” del problema de salud, pues con la Constitución del 91, le nació el gran problema de cómo garantizar directamente el derecho fundamental a la salud a los colombianos y han transcurrido treinta años (una generación completa) dentro de los cuales todos los gobiernos pasan convencidos de que realmente lograron solucionar y desencartarse de ese problema, al dejarlo en manos de las EPS.

Como consuelo de tontos, los diferentes gobiernos consideran que la salud va bien, porque es innegable que, en general, a las EPS les va muy bien en ingresos, en utilidades y en crecimiento patrimonial. Consuelo de tontos, porque -como cualquier negocio-, la fortaleza financiera de las EPS va por un lado, conjugando ingresos y gastos con la cantidad, calidad (aportes) y permanencia de afiliados, y el derecho fundamental de la salud en Colombia tiene que ir  por otro lado: la humanización y la sanidad ambiental, términos ausentes durante una generación completa dentro de este negocio.

Tan bueno es el negocio y tan precario es el sistema de salud, que  el más pudiente tiene que buscar, con copagos a bordo,  otros aseguramientos que el sistema de salud normal no ofrece, como medicina Prepagada (en plan normal, oro o diamante, entre otras categorías), medicina particular, chequeos particulares de prevención de la salud individual y del grupo familiar o empresarial, etc. Y, tan bueno, respetable y asegurado es el negocio de las EPS, que el Estado tuvo que dejar para sí, la responsabilidad del régimen subsidiado porque el nivel de los aportes de los afiliados parte de la base de un mínimo, fenómeno que les dañaría el negocio a las EPS ejemplares. (El ejemplo más cercano: Savia Salud, que vive quebrada)  

Alguna reforma se tiene que dar. De que el sistema de salud en Colombia debe revisarse y reformarse, no hay lugar a dudas. No obstante, con tanto dinero de por medio, son muy grandes los mantos de sospechas que dificultarán este proceso. Y no será fácil. Porque, si se trata de transformar las EPS por ejemplo, el poder legislativo de alguna forma está muy relacionado con apoyos de sus campañas por parte directa o indirecta de los dueños o de los grupos económicos a los que pertenecen las EPS y que, siendo honestos, de entrada deberían estar mirando ya sus libros y memorias de campañas, para ver si figuran aportes por cualquier medio, y los que encuentren algo, declararse desde ahora impedidos para este debate.

Las EPS un buen negocio con mala salud: Lo cierto es que, después de prácticamente una generación entera (30 años) del sistema actual, la salud clama por una reforma con mirada de mucho más fondo que el simple aspecto económico, cual es la justicia social. La razón principal es que la salud en Colombia se deshumanizó, llevándola simplemente como fuente de un buen negocio privado. Un negocio financiero que no es de salud. Es un negocio financiero de ingresos (aportes), gastos siempre manejables, patrimonio con inversiones extra-salud y siempre, un superávit real. Un negocio deshumanizado. Un negocio donde al paciente se le exige una obligación antes de darle un derecho, gastando más tiempo en vueltas de papeles contables y validación de pagos que el que se le dedica al derecho de su tratamiento médico. Un negocio dentro del cual la prevención de la salud y la sanidad en el país no existen y se quedaron sin dueño. Un proceso comercial donde la recepción está en manos de financieros y tesoreros y, el médico y sus prescripciones están lejanos a la urgencia y del momento de su necesidad. Un negocio donde el paciente no encuentra doliente, ni compasión ni misericordia contundentes, ni oportunos por parte de nadie porque, de entrada, el ser colombiano nada significa, pues lo único y lo más importante cuando se llega a buscar atención es acreditar y validar su afiliación a una EPS, demostrar que está al día en pagos o la comprobación de su subsidio o acreditar que prepagó, etc. y todo eso, no para darle su boleta de entrada, sino para clasificarle en el turno y la calidad del servicio que se merece en esa IPS, sin que nadie, aparte de sus acompañantes, le pregunten durante ese tiempo de espera, ni siquiera “Qué es lo que siente  o en qué podríamos ayudarle para reanimarle, o deje de llorar o de quejarse…”

La Constitución tiene que poner la cara. El debate de la salud no se puede quedar como un corcho en el remolino, sobre si se acaban o no las EPS. La discusión es qué hay que cambiar o sacar o meter de nuevo, para que el Estado colombiano logre disponer de un sistema de salud que garantice el derecho fundamental a la atención de la salud y el saneamiento ambiental bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad consagrado en el Artículo 49 de nuestra Constitución, sin tanto pago, sin tanto ruego, sin tanta vuelta y sin tantos paros. Porque se trata de un derecho fundamental.