EDITORIAL
A propósito de las elecciones próximas a realizarse, un primer paso para ir acabando poco a poco con la corrupción tan azarosa que se vive en Colombia, es que quien llegue a la Presidencia tenga un control total sobre las instituciones del Estado. Lo que implica que el Presidente que llegue no distribuya el manejo de todo el Estado entre los Congresistas ni entre los Partidos Políticos que le ayudaron a llegar.
Es sano una repartición de burocracia, pero que no vaya más allá del primer nivel. Es decir, que se repartan cuotas burocráticas para designar Ministros, Superintendentes, Gerentes o hasta Directores Generales, entre quienes ayudaron para llegar.
Lo corrupto es que además de ese pago, se les encime el poder de dueños para los demás puestos y funciones de las instituciones estatales repartidas. Eso origina una pérdida de control del Presidente sobre lo que allí se maneja, una falta de pertenencia por parte de quienes las conforman y desengaños entre los usuarios que requieren de sus servicios. Eso trae politiquería, injusticia con quienes vienen desempeñándose bien, tráfico de influencias, manejos irregulares, chanchullos, favorecimientos en contratación y trámites pertinentes, desinstitucionalización estatal y corrupción azarosa propiamente dicha…
Evitar esa corrupción, permitiría además, que los Congresistas vayan entrando poco a poco a la legalidad, abriéndonos la esperanza a los colombianos del día soñado que nos harán sentir orgullosos de los congresistas que elegimos y de poder soportar unas campañas políticas electorales que no cuesten tanto.
