EDITORIAL
En medio de las peleas y puntos de vista antagónicos entre sí, la Contraloría General, el Presidente, el Alcalde, EPM, los contratistas y civiles sindicados, surgió una frase bienintencionada la cual, en el ambiente de contradicciones, se torna a frase de cajón:
“Estamos luchando por la salvación del proyecto y por el bien de EPM, de Medellín, de los antioqueños y por ese 17% de energía, que si no aparece, dejaría en tinieblas a Colombia.”.
HIDROITUANGO está ocasionando choque entre los pesos más pesados del país. Y a estos pesos pesados no les ha bastado chocar entre sí. Es como si quisieran seguir empujando en tumulto, en defensa de sus propios pensamientos e intereses políticos y económicos. Todos, exceptuando a la Contraloría General de la República, coinciden en justificar o decorar sus posiciones, entonando tan generosa frase.
La Contraloría General de la República cumplió su función constitucional, auditando el manejo de los dineros públicos en el proyecto y encontrando dos escandalosos hallazgos: uno, que el daño fiscal es de $4.3 billones de pesos, entre destrucción de valor y lucro cesante, a junio de 2019 y dos, que son 26 los responsables fiscales identificados e imputados, entre personas naturales y jurídicas de gran reconocimiento e influencia social, económica y política. La CGR es la excepción, pues actuó como se lo permite la ley, centrada en la defensa del patrimonio público, independiente de la naturaleza del proyecto y de la acogida social y política de las personas naturales y jurídicas sindicadas.
El daño fiscal anterior, actualizado a octubre 2021, podra duplicarse o triplicarse, dependiendo de los precios de la energía, de la entrada efectiva en operación de las ocho unidades del proyecto, del estado del macizo rocoso y de la zona dode estarán ubicadas las unidades 5 a 8.
Desafortunadamente, la CGR parece no haber auditado el principal contrato de Hidroituango, cual es el BOOMT, donde EPM es el único y verdadero responsable como Contratista Constructor del proyecto Hidroeléctrico Ituango. La CGR apuntó hacia los subcontratistas de EPM. Recordemos que el subcontrato base con los contratistas CCC Ituango era de sólo 1.8 billones y hoy va en 5.4 billones y, entre tanto, EPM es un Contratista estatal responsable de un contrato con presupuesto de 11.2 billones y que hoy supera 18.2 billones (el famoso BOOMT), es decir extracostos que superan los 7 billones, sin incluir las adiciones presupuestales anuales a partir de 2021.
En medio de todo, EPM se siente viajando en coche, pues es uno de los pesos pesados que ahora pone sus condiciones de manera fácil y simple, basado en la defensa que la Contraloría está haciendo en su nombre, imputando y responsabilizando a los subcontratistas (CCC Ituango y otros). Y, como se trata de personas y empresas sindicadas, estos subcontratistas podrían estar incursos en presuntas inhabilidades para contratar con el estado, ante lo cual EPM tiene que hilar delgadito, agradeciendo que la auditoría no se ha metido en el contrato grande, del cual EPM es el único responsable y en donde estaría el grueso de los billones embolatados. Así, lo único que EPM tiene que definir ahora es si a partir de diciembre 31 (fecha en la que vence la prórroga del subcontrato actual), se les prorroga de nuevo a sus contratistas sindicados, o no. Si lo prorrogan (como lo pide el Presidente de la República), estaría haciendo caso omiso al fallo de la Contraloría General de la República, al tiempo que estaría dando un parte de tranquilidad y bienestar capaz, en un momento dado, de “perdonar o liberar legalmente al contratista de todos sus posibles pecados”, pues prorrogarlo sería un indicativo de que las cosas van bien, que el contratista no tiene problemas y de esta forma les permitiría que, pese a los hallazgos, estos continúen su rutina y devengando del estado, como si nada hubiera ocurrido.
O, lo otro: liquidar el contrato, como piensa el Alcalde, y que EPM vaya consiguiendo otro subcontratista poderoso técnica y económicamente, que ofrezca confianza para que las obras se desenreden y tomen su curso hacia la culminación feliz del proyecto.
Cualquiera sea la decisión, EPM le acomodará la advertencia también: “que estamos luchando por la salvación del proyecto y por el bien de EPM, de Medellín, de los antioqueños y por ese 17% de la energía que si no aparece, dejaría en tinieblas a Colombia.”.
Los subcontratistas en unión de las personas naturales y funcionarios con quienes conforman el grupo de los sindicados en los hallazgos, por su parte, consideran que no están inhabilitados, que no son corruptos y que su único problema, a pesar de las dos instancias, es que la CGR no les ha permitido defenderse. Como el Presidente, estos creen que si se cambia de subcontratista, el proyecto sería un fracaso por lo que también acuñarán la necesidad de su continuidad con la misma frase: porque “estamos luchando por la salvación del proyecto y por el bien de EPM, de los antioqueños y por ese 17% de la energía que si no aparece, dejaría en tinieblas a Colombia.”
