EDITORIAL
En el proceso electoral de Colombia hay algo que definitivamente no funciona, pero continúa, no obstante estarle haciendo tanto daño a la Democracia.
El asunto es que, con tantas instituciones que dicen estar controlando el proceso electoral (Juzgados, Fiscalía, Procuraduría, Policía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral-CNE, Notarías, Altas Cortes, Partidos Políticos, Grupos Significativos de Ciudadanos y otras), ninguna de ellas parece ser responsable de determinar, sin lugar a equivocaciones de fondo, la decencia de los aspirantes, al momento de respaldar, aprobar e inscribirlos como candidatos oficiales a cargos de elección popular.
Ante los requisitos simples, precarios pero muy democráticos de nuestra Constitución política, mal haría la justicia exigirle a un aspirante a elección popular que demuestre la preparación o idoneidad para el cargo. Pero, con tantas instituciones involucradas y fiscalizadoras en el proceso de inscripción de candidatos y desarrollo de sus campañas, alguna de tantas instituciones, o todas, deberían tener la obligación de Certificar y Garantizarle a los sufragantes que todos los candidatos, debidamente inscritos son íntegros, y que lo son, por lo menos, hasta la fecha de la inscripción y durante la campaña, y así, si se dañan, se dañaron después de perder o de ganar.
La realidad demuestra todo lo contrario, abusando flagrantemente de la buena fe del voto popular, asunto lamentable, no solo por la ineficacia en los controles, sino porque la institucionalidad y la sociedad nos estamos acostumbrando ya a que las graves denuncias, las pruebas reinas y los penosos procesos de investigación se esconden o se engavetan herméticamente en el tiempo y como títulos fiduciarios, hasta que cobren “algún valor político, social o económico o hasta que se conviertan en “chivas” para escándalos mediáticos”. Así, a escasos dos años de haber pasado las elecciones al Congreso, por hechos de corrupción que se dieron antes de la inscripción, decenas de congresistas han sido destituidos o sancionados por delitos como concierto para delinquir, peculado y tráfico de influencias. Y vergonzoso es, que el caso más sonado sea para esta época, el de Odebrecht, reconocido por todos los organismos de control y la opinión general como “un refrito” que lleva más de 10 años en la paila.
Creyendo y respetando las decisiones de la Justicia, con esas sanciones y destituciones, la deficiencia e inoportunidad de esta ha ocasionado una inducción al error para cada elección, voluntaria o involuntariamente engañando a grandes grupos de personas que votaron en favor de cada uno de esos corruptos que en el mismo período salieron como destituidos, perdiéndose los votos de buena fe, que por inoportunidad de la justicia se marcaron en la casilla del corrupto que destituyen y ahora pasan a favorecer a otro por quien el votante nunca votó ni pensó en él…, como si se tratara de un castigo a quienes votaron por el corrupto. Y a todos nos parece una situación normal, como un asunto de simple aritmética, y como que nada tuviera que ver con la democracia ni con la justicia.
Otro: a menos de un año de haber pasado las elecciones regionales, ya van un gobernador y 87 “dignatarios” entre alcaldes, diputados y concejales elegidos que han tenido que abandonar sus cargos, por sanción o destitución de la autoridad, también por hechos de corrupción o inhabilidad ocurridos antes de inscribirse como candidatos. Como ejemplo, a nivel presidencial, ocurrió que el otrora candidato en primera y segunda vuelta, aquel que con un poquitico más de votos pudo haber llegado a ser el presidente de Colombia, en lugar de Petro, a sólo seis meses de pasadas las elecciones, la Procuraduría General de la Nación lo condenó a 14 años de inhabilidad, por hechos de corrupción ocurridos entre 2016 y 2019, ante lo cual cabe la pregunta: ¿fueron hechos tan imperceptibles, ante el sistema de justicia de Colombia, que no lograron frenar la inscripción de Rodolfo Hernández a la Presidencia? Sólo la muerte del doctor Hernández le frenó su propia posibilidad para una próxima aspiración a la Presidencia, pues, continuando los mismos controles, los hubiera pasado tan fácil como ya los pasó y como los han pasado centenares de corruptos, registrados, elegidos y hoy destituidos o en sala de espera de que alguien le de vida a alguna denuncia, prueba o proceso engavetados.
Hoy, un expresidente está siendo llamado a juicio, por supuestos delitos cometidos antes de 2012 siendo presidente y antes de salir a recomendarle públicamente a los colombianos, en su nombre, a los tres siguientes presidentes que consecuentemente logró que se eligieran. Y sin ir lejos, al presidente actual se le viene investigando por hechos de corrupción antes y durante las elecciones. A lo que cabe igual pregunta : ¿Eran tan imperceptibles los hechos de corrupción que la Justicia no los vio, antes de permitir que los electores esperanzaran el futuro de Colombia en él, dándole sus votos?
Reiterando: en el proceso electoral de Colombia hay algo que definitivamente no funciona, pero continúa, no obstante estarle haciendo tanto daño a la Democracia.
fotografía tomada de las redes sociales, meramente decorativa