EDITORIAL

En Colombia estamos llegando a una penosa pérdida de institucionalidad, en todos los campos de la función pública. Pero lo más horrible es que cada crisis pública sirve para que las instituciones trabajen y hagan menos, como queriendo desaparecer su razón legal de ser. Nos referimos hoy a la Policía y a la Justicia.

La policía fue intimidada por la pandemia, las protestas, los paros, los bloqueos de vías y el vandalismo. Con razones legales o sin ellas, pero lo cierto fue que la función policiva parece haber entrado a un estado de “apestamiento” o timidez ante sus obligaciones y en especial, ante el control del orden público, de tal forma, que pareciera que ya no se quiere meter en nada: en las vías y lugares públicos los criminales sorprenden como les venga en gana con atracos exprés. A las avenidas de doble calzada se les robó un carril a cada extremo, para estacionar carros particulares que requieren de los servicios de bares, cantinas, negocios y oficinas del sector, y como no hay quien impida, las administraciones municipales aprovechan, como única solución, para pintar la zona y convertirla en nuevos Parquímetros, en detrimento de la movilidad y de la inversión que se hizo para el mejoramiento justificado de la vía. Ahora, en los barrios, más demora en ampliarse una calle pública, que convertirle un carril en parqueaderos, para las viviendas que no tienen garaje o para comodidad de los clientes de las tiendas y cantinas. Los grafitis en puertas de propiedad privada, las ventas callejeras y los improvisados circos y escenarios en los semáforos, llegaron ya a la plenitud de la libertad. Un periódico local de Medellín emitió hoy una noticia gráfica y penosa de la acumulación de basuras en las calles de Medellín, una mala costumbre ciudadana que, gracias precisamente a la policía de antes, había desaparecido, pero ahora se daña ante ese estado de timidez. La solución está en cualquier acción, menos en vestir los policías de azul.

En justicia, ya nadie en Colombia parece aceptar la transparencia, honorabilidad e imparcialidad de los organismos de justicia. La razón principal es, que todo lo que un juez decide en contra de  “personajes dignatarios” nunca llega a ninguna parte, pues más tarda la decisión que verla convertida en una noticia de primeras páginas, denigrando de la justicia y gritando que la única solución justa que puede existir para ese caso es reformar estructuralmente la justicia, y solo así entrar a admitir sus decisiones. Cuento que le va calando a los demás ciudadanos, es decir, a los “no dignatarios” y así, ahora nadie quiere aceptar lo que la justicia disponga en contra de nadie, porque “hay que reestructurar la justicia para poderlos juzgar”.

¿Entonces, qué es lo que puede hacer la institucionalidad? Cualquier cosa debería Colombia hacer, menos llegar al punto de una institucionalidad tipo sastre, porque no alcanzaría para tanta gente.