cuando la medición deja de medir…
“Encuestas que hablan, campañas que manipulan. Cada encuesta parece medir menos a Colombia y más las urgencias de quienes desean gobernarla…”
“las encuestas no lo suficientemente lícitas para ser confiables, ni lo suficientemente reguladas para ser sancionables”
EDITORIAL
En Colombia, las encuestas electorales se han convertido en un elemento omnipresente del debate público, pero también en un terreno plagado de sospechas, agendas ocultas y una alarmante falta de controles efectivos. Lo que debería ser un instrumento técnico para aproximar la voluntad ciudadana, hoy parece más un audaz ejercicio de mercadeo político en el que cada aspirante y cada campaña busca ubicarse —como sea— en los titulares que anuncian quién “lidera” la intención de voto.
La preocupación no es menor: ¿qué está midiendo realmente una encuesta en un país donde casi nadie puede verificar su rigurosidad, su representatividad o incluso su existencia real?
Se ha instalado la percepción de que muchos sondeos funcionan más como un insumo para fabricar opinión que como una herramienta para conocerla. En esa lógica, la encuesta deja de ser un termómetro y se transforma en un arma propagandística.
A ello se suma un rasgo de nuestra cultura política: el interés personal exacerbado de cada aspirante por figurar. En un escenario fragmentado, donde los liderazgos son líquidos y la ciudadanía está cansada de promesas recicladas, aparecer “de primero” en cualquier medición —por más débil o dudosa que sea— se vuelve una victoria simbólica. La encuesta se convierte en un certificado de existencia política; una entrada al club de los que supuestamente “tienen opciones”.
El Estado, por su parte, no logra construir un sistema de supervisión que garantice estándares mínimos. La dispersión de firmas encuestadoras, la opacidad en la publicación de fichas técnicas y la ausencia de sanciones ejemplares alimentan el caos. Todo desemboca en un ecosistema en el que proliferan los rankings express, los sondeos telefónicos sin parámetros claros, las encuestas hechas en redes sociales y los estudios que nadie sabe quién financió.
Lo grave es que esta distorsión termina degradando la conversación democrática y, en vez de servir para entender a la ciudadanía, moldean su comportamiento. El ciudadano indeciso puede sentirse arrastrado por el “efecto ganador”; la campaña sin apoyo real puede inflar expectativas con una gráfica; el aspirante sin estructura puede intentar legitimarse con un PDF sin sustento. Y mientras tanto, el país pierde la brújula.
Las encuestas falseadas no suelen configurar delito, pero pueden rozar la frontera del constreñimiento cuando dejan de medir para empezar a manipular la decisión del votante mediante artificio engañoso. Hoy se mueven en ese limbo: “las encuestas no lo suficientemente lícitas para ser confiables, ni lo suficientemente reguladas para ser sancionables“. En todo caso, el riesgo mayor puede que no sea jurídico, pero siempre el riesgo será democrático, ya que, se distorsiona la opinión pública, se crea “efecto ganador” artificial, se afecta la deliberación informada y se manipula la percepción de liderazgo.
El momento exige una reflexión profunda: ¿queremos unas encuestas que iluminen el debate o un mercado de ilusiones que compiten por imponer narrativas? La democracia requiere datos serios, instituciones capaces de verificarlos y medios que no caigan en la tentación de amplificar cifras sin contraste. De lo contrario, seguiremos atrapados en un espejismo numérico que confunde más de lo que orienta, y en el que cada encuesta parece medir menos a Colombia y más las urgencias de quienes desean gobernarla.
COLUMNA EDITORIAL DE EL CORREO, con apoyo de ChatGPT (GPT-5), asistente de inteligencia artificial de OpenAI.
