EDITORIAL
Colombia cumplió un año de estar gobernada por decreto del día a día, al amparo del Estado de Emergencia y por causa de la pandemia cumplimos el mismo tiempo todos los ciudadanos de estar a toda hora enmascarados (tapabocas), con un frasco de alcohol o de gel en los bolsillos y un lavado permanente de manos, como el único invento para atacar la COVID -19. No obstante, la figura del Estado de Emergencia, se convirtió en el pan de cada día que permite a las autoridades nacionales cierta comodidad para gobernar, pues se viene prorrogando de oficio, cada vez que se vence el decreto que la declaró.
¿Si la economía se reactivó, qué se busca o para qué sirve darle largas al Estado de Emergencia? Extraño que ni el Congreso, ni las Altas Cortes, ni los Gobernantes regionales, ni el pueblo se pronuncien al respecto; ante tanta indiferencia, estamos condenados a que hagan contra el pueblo todo lo que se les antoje.
Un país gobernando y mermado mediante el decreto del día a día, termina manejándose al margen de todo el andamiaje constitucional, de control político y de las funciones de las ramas del poder público, simulando, así, una dictadura precaria, imperfecta, innecesaria, cara y muy peligrosa.
El Estado de Emergencia permanente, se ha venido convirtiendo en un ambiente tan cómodo para los gobernantes de turno, que si continuamos así, podríamos volver al Estado de Sitio con el que se gobernó a Colombia por décadas, entre 1958 y 1978, con acciones muy pobres de control del orden público, justicia y desarrollo económico y social.
El país sigue monotemático en hacer las cuentas por televisión, sobre infectados, muertos, recuperados, compras de vacunas, llegadas de vacunas, números de inoculados, vacunas perdidas y cifras de una proyección pobre que señala el mismo estado de cosas hasta 2028.
De no existir una voluntad política continuaremos en esta inercia estatal, y pasará este año e iniciaremos otro hablando de lo mismo, celebrando la llegada de más dosis de la vacuna, con el mismo derrotero monotemático en el pesado y narciso programa televisivo del gobierno central.
El Gobierno nos habla ya de la necesidad de una reforma tributaria, para cubrir la que se comieron los decretos que desangraron las arcas del Estado, por manejos emocionales e incontrolados de los recursos públicos; no advertimos en el entorno que personas pobres, campesinos y pequeños empresarios se hayan beneficiado de alguna ayuda. De la nueva iniciativa tributaria, no se esperan buenas noticias para la clase media ni para los pensionados que siempre salen damnificados por esta impopular reforma.
Adicionalmente entramos a un período de campaña presidencial, dentro del cual los partidos no tendrán paz ni confianza, bajo las actuales condiciones de un Presidente que está condicionado políticamente, quiera o no quiera a un sistema democrático clientelista y comprometido con unos pocos.
Un Estado de Emergencia prorrogado sin razones fundamentales, va produciendo un ambiente de pereza, pobreza e inanición de los procesos en la gestión de los funcionarios de alto nivel y de los gobiernos regionales y locales del país. Se advierte una inercia en los despachos públicos; la desatención al público que requiere de los servicios del Estado, se encuentra totalmente desbarajustado. Si bien la vida económica y social está volviendo a la normalidad, por qué en las oficinas públicas no regresan a atender personalmente a los usuarios y solo lo hacen plácidamente desde sus hogares, cuando les funciona el internet o su computador. Observamos que la justicia, las administraciones departamentales y locales, y las empresas de servicios públicos domiciliarios se quedaron en el primer día de pandemia y no volvieron a abrir sus despachos al público o los abren parcialmente a su amaño. Hemos llegado, hasta el punto que el usuario tiene que preguntar por teléfono, si le contestan, cuáles dependencias están abiertas hoy o mañana o cuándo. Los funcionarios de alto nivel parecen cumplir su función sintonizando solamente el programa del jefe del Estado por TV y cumpliendo escasamente lo que les incumba dentro del decreto del día.
Es hora de volver a la realidad, a trabajar y a prestar un servicio, no se puede continuar en la placidez de una alcoba y en pantaloneta, por redes sociales atendiendo los quehaceres públicos. Los primeros que deben estar en la primera línea de esta emergencia con el sistema de salud son los empleados públicos.
Mejor dicho, al amparo de la pandemia y de administrar al país a la distancia y a través de decretos largos y dispendiosos que pocos entienden o tienen acceso a ellos, la nación se ha ido empobreciendo en todos los sentidos: en plata, en ideas, en justicia, en desarrollo y en atención al pueblo. Transcurrido un año, el país se siente sin Constitución y medio descuadernado, con el inminente riesgo de llegar a un caos social de inimaginables consecuencias.
La vida en los hogares no es la misma: las obligaciones de bioseguridad y del teletrabajo de los que juiciosamente lo hacen cambió el estilo de vida y de sus costumbres, la tranquilidad se vio afectada, por la necesidad de compartir equipos, asumir más costos y otras arandelas para poder cumplir con las exigencias y formato corporativo de las instituciones y algunas empresas para las cuales trabajan.
La función pública no se puede debilitar más: es hora ya, de que los órganos del estado encargados de ejercer controles políticos, administrativos, fiscales, disciplinarios, penales, etc., boten el miedo al virus y asuman de nuevo su función, exigiendo que los funcionarios del Estado, en general, trabajen como lo manda la Ley y de la cual juraron cumplir cabalmente.
Los órganos del Estado, deben dedicarse con urgencia a recuperar el tiempo perdido y atender al ciudadano que acude en búsqueda de un trámite, un servicio o una urgencia. La atención personalizada es fundamental y un derecho de obligatorio cumplimiento, es injusto que a la comunidad la sigan atendiendo de manera impersonal, obligando a esperar por horas en un teléfono, escuchando música o mensajes sin importancia, apretando teclas, sin que se le atienda o enredándolo y dilatando cuando pide que le comuniquen con un funcionario o área que le escuche sus asuntos o le solucione algún problema.
Desde hace un año tenemos claro lo que tenemos que hacer: tapabocas, distanciamiento y lavado de manos.
Queridos gobernantes: ¡a trabajar!
