EDITORIAL
La política ha terminado por convertirse en un tribunal paralelo, sin debido proceso, sin reglas probatorias y sin posibilidad real de defensa.
Los grandes medios y las plataformas digitales dejan de cumplir su función informativa y pasan a ser instrumentos de linchamiento reputacional. Se juzga en titulares, se condena en tendencias y se ejecuta en el descrédito público.
Vivimos así en una peligrosa tierra de nadie: un país donde todos acusan, nadie prueba y nadie responde“.
Y una democracia donde la calumnia se vuelve herramienta legítima de oposición deja de ser imperfecta para convertirse en peligrosa.
EDITORIAL
Un país donde todos acusan delitos y nadie responde ante la justicia no vive una crisis política: vive una crisis de autoridad moral y jurídica.
En la Colombia actual se acusa con una facilidad que asombra. Desde todos los bandos políticos, y con particular entusiasmo en redes sociales y grandes medios, se lanzan señalamientos de delitos gravísimos contra adversarios ideológicos. Corrupción, vínculos criminales, traición a la patria: el catálogo de imputaciones es tan amplio como cotidiano. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo: nada ocurre.
Esta paradoja debería alarmarnos. Porque si tales acusaciones fueran ciertas, los señalados deberían estar ya respondiendo ante los jueces, privados de la libertad o condenados a penas severas. Y si no lo son —si se trata de injurias y calumnias—, los autores de esos señalamientos deberían estar siendo investigados y sancionados por la justicia y los organismos de control. Pero no sucede ni lo uno ni lo otro.
Vivimos así en una peligrosa tierra de nadie: un país donde todos acusan, nadie prueba y nadie responde.
La política ha terminado por convertirse en un tribunal paralelo, sin debido proceso, sin reglas probatorias y sin posibilidad real de defensa. Se juzga en titulares, se condena en tendencias y se ejecuta en el descrédito público. Mientras tanto, la justicia permanece en un silencio que resulta tan inquietante como cómplice. Su inacción es culpable en ambos escenarios: tanto si hay delitos reales que no se investigan, como si hay calumnias sistemáticas que se toleran.
Los medios de comunicación y las plataformas digitales tampoco pueden eludir su responsabilidad. Cuando reproducen acusaciones sin exigir respaldo judicial, cuando amplifican rumores por razones de rating o clics, dejan de cumplir su función informativa y pasan a ser instrumentos de linchamiento reputacional. La viralidad ha reemplazado a la verificación, y el escándalo a la verdad.
Esta dinámica no solo degrada el debate público; erosiona los cimientos mismos del Estado de derecho. Una sociedad que se acostumbra a que los delitos se denuncien sin consecuencias judiciales termina perdiendo el respeto por la ley. Y una democracia donde la calumnia se vuelve herramienta legítima de oposición deja de ser imperfecta para convertirse en peligrosa.
No se trata de silenciar la crítica ni de blindar a los poderosos. Se trata, precisamente, de lo contrario: de exigir que toda acusación grave sea llevada a los estrados judiciales y no a la plaza pública como espectáculo. De recordar que la justicia no puede ser reemplazada por la indignación selectiva ni por el algoritmo.
Este editorial es una advertencia. A los políticos, para que entiendan que la acusación irresponsable no es oposición, sino demolición institucional. A los medios y a las redes, para que asuman que informar no es condenar sin pruebas. Y, sobre todo, a la justicia, para que recuerde que su silencio no es neutral: es una forma de renuncia.
Porque cuando la justicia calla y la calumnia grita, lo que se instala no es la libertad de expresión, sino una anarquía moral que deja a la sociedad más dolida, más desconfiada y más vulnerable. Y ningún país puede permitirse vivir permanentemente en ese ruido sin pagar un precio demasiado alto.
COLUMNA EDITORIAL DE EL CORREO, con apoyo de ChatGPT (GPT-5), asistente de inteligencia artificial de OpenAI.
