Editorial

En torno a EPM e Hidroituango, lo único claro que ha quedado en el medio, es que la Junta de EPM renunció, que hay nueva Junta y que se tienen 9.9 billones de pesos medio embolatados.

Con orientaciones mediáticas y durante toda la semana se hicieron sentir sobre el tema las instituciones y personalidades del más alto nivel empresarial y político de Antioquia, lamentablemente todas con discusiones y actitudes políticas, orientadas más a polarizar la opinión pública en Antioquia, que a encontrar una solución racional.

Antioquia no se puede dar el lujo en este momento de polarizar la opinión en torno a un problema objetivo: hay 9.9 billones de pesos enredados, suma que si no se recupera podría “llevarse por los cachos” a EPM, a Hidroituango y al Departamento.

Hay un alcalde que los medellinenses eligieron con una importante votación. No es hora de orientar a los medios para que polaricen a los Antioqueños. Por el contrario, tenemos que andar unidos: respetando las libertades de cada cual, tenemos que partir de que todos somos buenos, o, por lo menos, que todos somos iguales. Si no, Antioquia, se enredaría en un mundo de peleas mediáticas que continuarían llevando a un segundo o tercer plano el horroroso presunto detrimento de 9.9 billones de pesos, que nos tiene que preocupar a todos porque es dinero público y se perderían unos importante recursos que podrían utilizarse en otros proyectos para el bien de la comunidad.

Nadie está familiarizado con esta cifra. Es posible que mucha gente ignore cómo se expresa aritméticamente  “nueve con nueve billones de pesos”. Esa cifra no hubiese cabido en las calculadoras del siglo XX. Cada billón es un uno (1) con doce (12) ceros a la derecha. O sea, que 9.9 billones se escribe aritméticamente así: $  9.900.000.000.000. Y se pronuncia: “nueve billones novecientos mil millones de pesos”. Es una cifra que no cabe en la cabeza de nadie. Sin embargo, toda esa cantidad parece estar perdida.

Como si no fuera delicado, cada vez que se habla del asunto, a la cifra le aparece un nuevo billón, con respecto a la última vez que se trató el tema. Hoy, va en 9.9 billones, que equivalen a la vida presupuestal de 8 años de la ciudad de Medellín o 9 del departamento de Antioquia y es una cifra que si bien salió la semana pasada, se viene perdiendo desde hace 9 años, cuando EPM asumió la responsabilidad de ser El Contratista del proyecto Hidroituango.

El año pasado, todos los organismos de control anunciaron con bombos y platillos la existencia en Hidroituango de un escándalo de corrupción nunca antes visto en Colombia, sin que a la fecha se conozca nada. Por el contrario hoy, el Alcalde de Medellín, el Gerente y la Junta Directiva de EPM están enredados en la decisión de si vale la pena demandar para encontrar a los responsables y recuperar esa enorme suma. De otro lado, la Junta Directiva y la administración municipal anterior, conocedores del informe de la Contraloría General de la República que en su momento determinó un detrimento patrimonial de 2.9 billones de pesos,  consideran ahora que no se puede demandar a nadie, pues ya la Compañía de seguros aceptó que todo ocurrió por causas incontrolables de la naturaleza.   

Sin más especulaciones, se hace urgente que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía tomen carta en este asunto, pues hoy este caso (9.9)  pasa a ocupar el primer puesto de los grandes escándalos de corrupción de la historia de Colombia, seguidos a mucha distancia el del sonado caso de Reficar (5), el de Foncolpuertos (2.5), Carrusel de los contratos de obras públicas de Bogotá (2.2), Odebrecht, Dragacol, Orbitel….

Preocupa la actitud de la Junta saliente pretender que la administración del  Alcalde Daniel Quintero y el Gerente de EPM no hagan uso de un derecho que está consagrado en la ley para dirimir eventuales conflictos y responsabilidades que presuntamente se estén dando en Hidroituango, como los costos sufragados para superar la emergencia y el de reiniciar la construcción y además de los sobrecostos que ha conllevado la obra en su ejecución, que hoy, superan más del  100% del valor inicial contratado.

Lo normal es que haya un corte de cuentas ante autoridad competente, para determinar que pasó, cual es el presente y el futuro de la obra más importante de Colombia, en materia energética. 

Guardar silencio y caer en omisiones para recuperar dineros públicos embolatados es caer en presuntas responsabilidades fiscales, disciplinarias y hasta penales.

Gran servicio le prestarían a la región y al país que todos los órganos de control ejercieran el derecho preferente y una auditoria especial a las actuales condiciones en que se encuentra el proyecto y el impacto que este generaría sobre la viabilidad financiera  y económica de las Empresas Públicas de  Medellín.

Es necesario que la nueva Junta Directiva, se dedique a revisar con el suficiente tiempo, lo que va a recibir en materia administrativa, financiera y económica y exigir un informe minucioso de lo ocurrido con UNE, con las inversiones de EPM en el extranjero, con sus satélites en el país y, especialmente con lo ocurrido, con el presente y el futuro de Hidroituango.

Deberán revisar los Estatutos, el Código de buen Gobierno y Corporativo en lo atinente a la designación de los miembros de las Juntas, Gerente y Vicepresidentes en el sentido de quienes pueden acceder a esos cargos y ampliar las inhabilidades e incompatibilidades para de una vez por todas, ponerle el cerrojo  a la puerta giratoria y al nepotismo.   

Es necesario voltear la hoja, cuanto antes, para el bien de EPM y de la ciudad. 

 

Foto decorativa tomada de la página web oficial de EPM

1 Comentario

  1. Se sugiere al articulista que lea la opinión del abogado José Vicente Blanco Restrepo, experto en Contratación Estatal , acerca de que ” Ni la ley ni la jurisprudencia vigente establecen el plazo de caducidad que supuestamente justificaba la vulneración de los principios del gobierno corporativo por parte de EPM”.
    Con argumentos jurídicos ( códigos, jurisprudencia y doctrina ) demuestra el error de EPM al pretender una conciliación en estos momentos cuando los contratos de servicios y construcción están todavía en ejecución.
    Y una vez leída esa argumentación del abogado Blanco, entonces haga los comentarios, ahora sí pertinentes sobre ese tema.

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