A los antioqueños nos tienen confundidos con los asuntos de EPM, Hidroituango, la crisis institucional y los casi diez billones de pesos embolatados. Mediáticamente se insta a que la gente tome posiciones extremas, como si se tratara de algo que se arregla con chismes, matoneo, encuestas y opiniones. Esta situación, en manos de los medios y de las redes sociales, es como una máquina produciendo enemigos, odios y polarizaciones, que tanto daño le hacen al país.
Inexplicable, el silencio de nuestros Organismos de Control frente a unos escándalos públicos de gran trascendencia para los antioqueños y el país. Los enredos de EPM y de Hidroituango que es el proyecto más importante de generación de energía, requieren de una atención especial, y más hoy, cuando oficialmente se hace advertencias de que el desajuste patrimonial público está ya tocando la escandalosa cifra de diez billones de pesos ($10.000.000.000.000,oo).
En EPM se dio una repentina renuncia en carta abierta de todos los miembros de su Junta Directiva, sin que hubiese mediado públicamente, como era su obligación, de un corte de cuentas que explicara la situación en la que dejaron a EPM en materia contable, financiera, de deuda y el estado actual de las inversiones dentro y fuera del país. Por la antigüedad y permanencia promedio en la Junta, los honorables miembros salientes son los únicos conocedores de las decisiones que en el tiempo fueron embaucando a EPM y a Hidroituango en un barullo que requerirá dedicación para entenderlo y aclararlo.
Hace más de un año los Organismos de Control anunciaban con bombos y platillos que ya conocían el problema y los responsables, incluso, el Fiscal General del momento dijo que se trataba del peor caso de corrupción de nuestra historia. No obstante, de un momento a otro se callaron, dejando el espacio abierto a la especulación y a la consecuente guerra mediática descontrolada e inútil que en lugar de colaborar en la solución la empeora.
Es tal la confusión que unos dicen que todo se aliviaría con una conciliación; otros, que no, que se aguanten porque el seguro está que paga; que la renuncia colectiva fue inoportuna ya que echaron al traste con el cuento que les habían formulado a las aseguradoras. Que la solución está en conformar una nueva veeduría, otros manifiestan que no es necesaria ya que las veedurías vienen funcionando desde tiempo atrás. Aparece como arte de magia un documento que presuntamente estaba guardado en el que se especificaba de algunos errores de construcción, necesario para fundamentar de mejor forma el reclamo a los contratistas.
Otros hablan de querer revocar el mandato al Alcalde. Y así, los únicos satisfechos con este panorama de locos son los medios de comunicación, en la medida que calienta el ambiente y hace crecer la audiencia.
Pero en el fondo, en ninguna de esas propuestas se podría esperanzar el control de las empresas ni la recuperación de los 10 billones enredados. Simplemente porque no. Porque, no obstante las buenas intenciones de cada cual para especular, los caminos que se anuncian no son los necesarios que dispone la ley para recuperar un detrimento público ni para sancionar oportuna, disciplinaria, fiscal y penalmente a los responsables, si es que los hay. Para ello están las Contralorías, la Procuraduría y la Fiscalía.
Cualquier cosa debería ocurrirnos a los antioqueños hoy, menos que las actuaciones de los Organismos de Control lleguen tarde, cuando “el muerto esté frio” o que no lleguen y todo se quede en un proceso ineficaz e inútilmente abierto o archivado por prescripción o simplemente “engavetado”, como ha ocurrido con todos los grandes escándalos de corrupción de Colombia.
